ATE planteó la impugnación “por arbitraria e inconsulta con la comunidad educativa”. Además, el proyecto “vulnera y amenaza con vulnerar el empleo y las condiciones de trabajo del personal universitario”.
La legisladora del Frente de Todos pasó por ATE y departió sobre los desafíos que debe abordar el feminismo entre las estatales.
La asamblea pidió una reunión con el delegado regional para tratar la violencia laboral con formas de maltrato, destrato, amenazas, incumplimiento en la firma en tiempo y forma de vacaciones artículo 14, que se sufren.
Giuliani debió presentarse ante una fiscalía, imputado por interrumpir el tránsito durante una marcha. “Esta es una resolución politizada y está dirigida a criminalizar la protesta social” dijo.
ATE denunció que “la Justicia criminaliza la protesta y actúa como bastón del gobierno de Schiaretti, para estigmatizar a los dirigentes sociales que pelean contra el ajuste”.
Pretendió amedrentar a personal precarizado para que no se sume al paro con amenazas de despidos y otras sanciones.
“La discusión es salarial, pero también de estabilidad laboral, de condiciones de trabajo y reafirmar nuestro rechazo a pagarle al FMI, que sigue apretando a los sectores populares”, sintetizó Giuliani.
Para ATE, con esta acción constante del gobierno provincial “se busca hostigar y adoctrinar al sindicato, a través de la persecución de sus delegados y delegadas”.
Es un sector que cobra salarios muy bajos, por debajo de la indigencia.
La situación se arrastra desde el mes de marzo cuando no se renovaron los contratos a plazo LAR, destinados para cubrir la demanda estival.
