Dicen que detrás de sus exabruptos, hay una embestida contra
los derechos de los trabajadores.

El segundo piso del hotel BAUEN rebalsó ayer de dirigentes
pertenecientes a las tres centrales sindicales, representantes de organismos de
derechos humanos, diputados  y juristas
convocados por la Asociación de Abogados Laboralistas cuyo presidente, Matías
Cremonte, anunció que más de 50 organizaciones denunciarán a Mauricio Macri
ante el Alto Comisionado de las Naciones Unidas y la Comisión Interamericana de
Derechos Humanos.

Apenas arrancó el acto, un video sintetizó las declaraciones
lesivas del Presidente de la Nación y el ministro de Trabajo, Jorge Triaca, contra
jueces y abogados laboralistas a quienes involucran en una supuesta mafia
responsable del cierre de empresas, ausencia de inversiones e informalidad en
el empleo. Los canales sobre los que se reproducían las agresiones eran los
grandes medios de comunicación que vehiculizan sin derecho a réplica los
slogans oficiales.

Frente a la pantalla estuvieron sentados Eugenio Zaffaroni,
Héctor Recalde (acusado de encabezar cual el Padrino “la mafia de abogados”),
dirigentes de la CTA Autónoma y de los Trabajadores, sindicatos de base de la
CGT y representantes del CELS, entre otros militantes. Las tragicómicas
declaraciones de Macri generaban risas mientras que en otros, iracundas cejas
fruncidas.

En su rol de anfitrión, Matías Cremonte llamó a construir
una respuesta colectiva y unitaria frente a los atropellos que pasó a enumerar:
La designación por decreto de los jueces de la Corte Horacio Rosatti y Carlos
Rosenkrantz, el pedido de juicio político a cuatro magistrados de la Cámara
Nacional de Apelaciones del Trabajo en disconformidad con sus fallos y la
participación de abogados laboralistas en la supuesta mafia fogonera de una
eventual “industria del juicio”.

Fueron los oradores que le procedieron quienes develaron que
detrás de la maniobra oficial lo que hay es un intento de embestir contra los
derechos de los trabajadores. Eugenio Zafaroni, por ejemplo, advirtió que el Gobierno
busca una sociedad de 70/30: “Un 70% de personas pobres y un 30% que no lo
sean. Un modelo que sólo cierra con represión”.

Juan Carlos Capurro, vicepresidente de la Federación
Internacional de Derechos Humanos y abogado de ATE y la CTA Autónoma, advirtió
que el caso argentino tiene réplicas regionales y que en todos, los abogados
laboralistas son el evidente chivo expiatorio.

El titular de la Federación Judicial Argentina, Hugo Blasco,
se refirió a la reforma de la ley de ART sancionada en febrero pasado, a la que
calificó de “reaccionaria”, tanto más que el texto original de 1995 y los
cambios introducidos en 2012 durante el gobierno de Cristina Kirchner.

Blasco también hizo mención al sindicato de trabajadores
judiciales de Mendoza que, junto al de Canillitas, integra la lista de seis
organizaciones intervenidas por el Gobierno y la Justicia. Relató luego su caso
Roberto Pianelli, titular de la Asociación de Gremial de Trabajadores del
Subte, a la que le fue quitada su personería en un claro favor a la UTA.

Hugo Godoy, Secretario General de ATE, mencionó el
procesamiento penal de los dirigentes rionegrinos Aldo Capretti y Rodolfo
Aguiar. Los calificó de ilegales, como de “mafiosos” a los empresarios de
Pepsico que despidieron a 600 operarios “para maximizar una rentabilidad que de
por sí es extraordinaria”.

Siguieron otros dirigentes, como el presidente de la CLATE,
Julio Fuentes, que prefirió denominar al Gobierno de “patronal” y no de “pro
patronal”. Alertó asimismo sobre la creación de una comisión legislativa que
buscará, según él, reformar regresivamente el sistema de previsión social.

Y convocó a la unidad, como lo hicieron casi todos los
oradores sin excepción, en un marco de amplitud que más que una expresión de
deseo pareciera ser el puntapié de un nuevo round en la pelea.