A continuación, el informe completo:

Como resultado del debate, organizado por COFE y la CLATE en
la ciudad de Montevideo entre los días 13 y 15 de Julio de este año, ante los
diez años de experiencias progresistas en América Latina, se nos invita a
responder las preguntas que sirvieron de disparadores del mismo para su
publicación. En tal sentido la sola respuesta a lo que orientó el debate sin
algunas conceptualizaciones previas podría generar por lo menos confusiones,
que en el debate se saldaban de manera coloquial.

En primer lugar hoy asistimos a un debate que involucra,
dentro del mismo, distintos enfoques y categorías. ¿Se está  frente al fin de un ciclo progresista en la
región, o solo se asiste a tropiezos en estos procesos? ¿Las experiencias progresistas
que analizamos, pueden caracterizarse como posneoliberales? ¿Abrazaron
propuestas que iban en línea de superar el capitalismo? ¿A fin de evitar una
restauración conservadora, es necesario cerrar filas atrás de estas
experiencias, ya que son lo posible hoy? Estos son alguno de los debates que
hoy involucran a la izquierda en nuestra región. No pretendemos dar respuestas
a todas, pero sí presentar algunos puntos de vista que puedan servir de aportes
a un debate colectivo, único camino  de
encontrar respuestas que potencien la intervención transformadora del conjunto
del movimiento social.

Así mismo, vale aclarar que las experiencias que analizamos
presentan entre sí características disimiles. Algunas enunciaron objetivos que
trascendieran el marco capitalista, “Socialismo Bolivariano”, “Socialismo
Comunitario”, “Socialismo del Buen Vivir” y acompañaron esa enunciación con
procesos constituyentes que receptaron importantes avances frente a las
constituciones Liberales vigentes. Otros, en cambio, plantearon solo propuestas
centroizquierdistas (Brasil, Uruguay), que pretendieron humanizar el modelo
capitalista neoliberal. Otros, como en el caso argentino, sólo se propusieron
desarrollar un “capitalismo serio” (discurso de N. Kirchner 25/05/2003).  Tal vez en este abigarrado conjunto de objetivos
se pueda encontrar la justificación a incluir estas experiencias en la confusa
categoría de progresismo. En efecto, “tender al progreso” es un objetivo lo
suficientemente difuso como para que pueda servir de predicado para enunciados
también desde la derecha. Si nos reivindicamos de izquierda, y vale la pena
aclararlo para precisar desde donde hablamos, ya que el término como tal hoy
también presenta serias dificultades, nuestra propuesta tiene que ver con la
emancipación del orden social capitalista. En tal sentido “progresismo” resulta
bastante débil.

Sí podemos encontrar la raíz común a estos procesos en las
masivas movilizaciones y protestas que, solo como referencia, desde “El
Caracazo” a fines de los 80 y hasta principios de los 2000, sacudieron a la
región (Ecuador, Bolivia, Brasil, Argentina), poniendo en evidencia el
cuestionamiento popular al sistema político y social. Fueron movilizaciones que
como consecuencia del cuadro regresivo que imponían las recetas neoliberales, y
del desarrollo de la organización social, encarnaron múltiples resistencias que
cuestionaron los acuerdos de gobernabilidad establecidos por los bloques de
poder en los distintos países de la región. Fue como emergente de este proceso
que surgieron experiencias de gobierno que de otro modo serían impensables, y
que con las heterogeneidades ya señaladas, orientaron la gestión por carriles
distintos a los llevados adelante bajo la hegemonía neoliberal. Es decir, y
vale la pena precisarlo: fue el proceso de movilización popular, contradictorio
y heterogéneo como todo proceso de estas características, el que dio como
resultado las experiencias de gobierno que hoy analizamos. Vale la pena esta
precisión ya que no fueron pocas las veces, que desde la gestión gubernamental,
no sólo no se fomentó, sino que se frenó y se reprimió las demandas sociales
que se originaban en la lucha contra la no superación de las  consecuencias aún vigentes del
neoliberalismo.

Está claro que esta etapa hoy presenta claras señales de
agotamiento. El triunfo electoral de Macri en Argentina, la derrota del
referéndum para la reelección de Evo, el triunfo en las elecciones legislativas
de la oposición en Venezuela, el golpe institucional en Brasil, orquestado con
los hasta ayer aliados en la coalición gubernamental, son evidencias de estas
dificultades. Dificultades que ya se habían expresado no sólo en traspiés
electorales anteriores (Argentina en legislativas 2009 y 2013,  triunfos electorales opositores en elecciones
locales en Bolivia y Ecuador), sino fundamentalmente en procesos de protesta
que pusieron de manifiesto la insatisfacción 
popular con el rumbo de la gestión que se dieron en distintos países y
que invariablemente fueron impugnadas, cuando no reprimidas. Así se calificó de
“paros políticos” o “hacerle el juego a la derecha”, de “izquierdistas de
cafetín”, de “desagradecidos”, olvidando que de acuerdo a lo arriba destacado,
los que protestan no son tributarios desubicados frente a una gestión o un
liderazgo carismático, sino que estas gestiones existen como resultado de la
movilización. Debilitando la base social que permitiría sostener la
profundización del proceso de cambio.

El proceso de agotamiento señalado debe inscribirse
claramente en un cierre de etapa, que fue condición de posibilidad para la
etapa transitada. En efecto, el cierre del ciclo de altos precios de los
commodities, que constituyen el núcleo dinámico de nuestras exportaciones,
limitó el camino que con distintas variantes transitaron los gobiernos de la
región. Neodesarrollismo asociado al extractivismo, que en el ciclo alto
permitió y logró distintos niveles de 
distribución del ingreso sin afectar la rentabilidad de los sectores
dominantes.

Las dificultades brevemente descriptas anteriormente (que en
las respuestas a los interrogantes planteados serán ampliadas) hablan en claro,
de un cambio de época que se vive en la región y que podríamos sintetizar
diciendo que, si el proceso de movilización que dio origen a los nuevos
gobiernos marcó un fin de la hegemonía del neoliberalismo a lo que hoy
asistimos es, a “la pérdida de hegemonía relativa, es decir la incapacidad
creciente de construcción y sostenimiento del consenso interclasista que
caracterizó la etapa de consolidación de estos gobiernos” (1).  Cabe, sí desde nuestra visión, expresar
reservas con la mirada de “fin de ciclo”, ya no por negar las derrotas y
dificultades que atraviesa la región, sino para alejarnos de expectativas que
remitan a retornos mecánicos de la historia sin saldar las materias pendientes
que abortaron u obturaron verdaderas 
transformaciones que superen el orden social y político que propone la
dominación.

¿Cuáles fueron los principales cambios realizados por estos
gobiernos?

Vale recordar que las heterogeneidades que dan origen a
estos gobiernos también están presentes en cuanto a los cambios alcanzados en
cada caso. Sí es importante tener en cuenta que analizamos experiencias que
llevan entre 12 y 20 años en gestión, período que por lo menos abre
interrogantes ante el argumento de falta de tiempo para avanzar en las tareas
pendientes, como así también justificar los retrocesos actuales por la presión
de la “derecha” o los “medios hegemónicos”. La derecha hace lo que tiene que
hacer, pero si no se acotaron sus posibilidades de reacción durante tres o cuatro
períodos ¿no corresponde hacernos algunas preguntas autocríticamente? Cabe
también analizar los cambios alcanzados y las dificultades que hoy enfrentan
desde lo que estos gobiernos se propusieron realmente llevar adelante.

Sin lugar a dudas, entre los cambios evidenciados, la
gestión del ciclo de precios elevados de los commodities, permitió hacer
retroceder en distintos grados los niveles de pobreza extrema heredados del
neoliberalismo explícito de la década anterior, fundamentalmente a través de distintos
programas de transferencias condicionadas de ingresos a los sectores más
vulnerables. Así mismo, la recuperación de la actividad económica permitió
incorporar al mercado laboral sectores que habían quedado excluidos.
Incorporación que no por falta de una eficiente regulación estatal no superó
elevados márgenes de precariedad. En el caso Argentino, entre la informalidad
contractual y la insuficiencia en el ingreso, la precariedad  (incluyendo desocupados y cuentapropistas de
subsistencia) afectó al fin de la etapa al 
49% de la PEA. Dada la debilidad de estos instrumentos, las mejoras
obtenidas presentaron una marcada inestabilidad, ya que cualquier sacudón
económico implicaba desandar la inclusión alcanzada.

En algunos casos se evidenció un avance del control Estatal
sobre los bienes comunes, control que en muchos casos desde la propia gestión
se utilizó para afianzar el modelo neodesarrollista-agro-extractivista y que
fuera motivo de fuertes enfrentamientos con movimientos sociales y populares.
En Argentina se registraron cinco paros generales desde el año 2012. Se
vivieron conflictos con pueblos originarios frente los proyectos mineros o
hidrocarburíferos, con campesinos que eran desalojados de sus tierras por
avance del modelo sojero, algunos de alta intensidad como en los casos de
Ecuador, Bolivia, Argentina.

Con mayor profundidad en aquellos procesos que llevaron
adelante reformas constitucionales, se lograron reformas de inclusión política
y de nuevos derechos para determinadas minorías y de revalorización y
jerarquización de políticas de reconocimiento de Derechos Humanos.

El rechazo generalizado a los dictados del consenso de
Washington presentes en el proceso de movilización continental y que culminara
con la derrota del ALCA en el 2005, impulsó un avance en el proceso de
integración regional, donde  las
propuestas del UNASUR, ALBA, y la creación de la CELAC ocuparon un lugar
preponderante. Proceso en el que la participación de los distintos gobiernos
fue sumamente dispar, siendo en muchos de los casos más discursivo que
efectivo. Sin embargo este avance en la integración fue fundamental para
instalar en el imaginario colectivo de la región el sueño de la Patria Grande.
Por otra parte, sin estas experiencias en la región, que Cuba presidiera la CELAC
durante el período 2013-14, y el giro en la posición del imperio frente al
proceso cubano, hubieran resultado impensables. 

¿Cuáles son los principales impactos y tendencias de los
cambios realizados sobre la economía la sociedad y el sistema político?

Para responder la pregunta anterior vamos a apoyarnos en el
análisis gramsciano que nos proponen Modonesi y Svampa: en mayor o menor medida
podemos ubicar las experiencia regionales dentro de la categoría de revolución
pasiva, “caracterizadas y atravesadas por fenómenos de cesarismo progresivo y
transformismo, orientados a promover una modernización conservadora y, al mismo
tiempo desmovilizar y subalternizar a los actores que habían sido protagonistas
del ciclo e lucha anterior, incorporando parte de sus demandas y asimilando
parte de sus dirigentes” (2).

Todas y cada una de las experiencias analizadas,
aprovecharon el ciclo que permitió la disponibilidad de excedente económico
para darle centralidad al estado en la economía, pero sin alterar ni el patrón
de acumulación ni las relaciones sociales que se arrastraban de la etapa
anterior. Por lo tanto, los impactos y tendencias que se pueden verificar sobre
la economía, la sociedad y el sistema político, fueron limitados. De hecho, son
estas limitaciones las que facilitan un proceso de restauración conservadora.

Se dejó atrás una oportunidad como pocas en la región. Dada
nuestra inserción subordinada en la división internacional del trabajo, de
aprovechar términos de intercambio favorables que hubieran permitido
reorganizar el ciclo económico, reorientando el proceso de inversión con el
objetivo de modificar el patrón productivo vigente. Como la lógica de
acumulación predominante no permite resolver vía producción y salarios (no es
mercado internista basada en el consumo popular), y por las características del
mercado laboral referidas, la discusión paritaria no resuelve el problema.
Aparecen con centralidad las políticas de transferencias condicionadas de
ingresos, que ya habían aparecido en el catálogo neoliberal, buscando
garantizar niveles elevados  de consumo
que garanticen niveles altos de demanda.

Las políticas sociales se sostuvieron profundizando el
extractivismo, sin transformar la matriz productiva ni las relaciones sociales
de producción, profundizando un patrón de acumulación primario exportador con
alianzas con sectores privilegiados del bloque dominante. Precisamente estas
alianzas son las que limitaron avances sustantivos en los procesos de
integración, no permitiendo consolidar el triunfo conquistado contra el
proyecto ALCA.

Procesos que si en lo político tuvieron expresiones de alto
voltaje como la intervención de UNASUR en el intento de golpe en Ecuador, a
excepción de le experiencia Bolivariana, no sólo no buscaron avanzar, sino que
en muchos casos boicotearon los procesos de integración energética,
alimentaria, productiva y económica. Las iniciativas del Banco del Sur, la
moneda única, y el fondo regional de reservas quedaron truncas. El haber
avanzado en una nueva arquitectura financiera regional hubiera dotado a los
gobiernos de mejores herramientas para hacer frente al ciclo de precios
internacionales bajos y hubiera dotado de mayores niveles de autonomía a
nuestras economías frente al dólar.

Los avances en la firma de tratados internacionales por
parte de Ecuador y Uruguay, los acuerdos para explotación de hidrocarburos no
convencionales que Argentina firmó con Chevron, mientras la multinacional
enfrentaba un conflicto ambiental con Ecuador, con cláusulas tan desventajosas
que se mantiene en secreto, explican en parte los frenos a este proceso. Al
mismo tiempo es evidente el papel complejo que en términos de especialización
productiva y ruptura del comercio intrarregional tuvo la asociación con un
jugador extra continental como China. Asociación que no pocas veces sirvió para
dar sustento a un discurso anti EE.UU. Como ejemplo Brasil y Argentina que
gozan de una posición privilegiada en el mercado de soja (juntas alcanzan el
50% de las exportaciones mundiales) negocian por separado con el gigante
asiático. Dejando planteado un interrogante insoslayable ¿hasta qué punto,
experiencias de cambio en la región, pueden eludir una real integración?

Muy pocos han sido los cambios en el sistema político que se
verifican en la región de la mano de las experiencias actuales. Al no haber
excedido los marcos de la representatividad liberal y no profundizar la
participación autónoma de los distintos movimientos sociales, en la mayoría de
los casos han quedado presos de la institucionalidad existente, que obligó a
avanzar en acuerdos que garantizaran eficacia electoral con representantes del
sistema tradicional.

En las experiencias que impusieron cambios constitucionales,
allí donde se esbozaron propuestas de nueva institucionalidad, los avances en
este camino fueron  limitados. Por
ejemplo en el caso de Bolivia, el reconocimiento de las autonomías indígenas se
intentó en sólo 15 de los 339 municipios y sólo en dos se concretaron del 2010
a la fecha (3).  En el caso de la
Revolución bolivariana, la experiencia del poder comunal no solo tiene hoy una
limitada extensión territorial, sino que además se encuentra mediatizada por
una muy fuerte burocracia y debe convivir con la política del partido único.

¿Cuáles fueron las dificultades y restricciones que tuvieron
las fuerzas políticas progresistas para aplicar políticas alternativas al
capitalismo?

Tal como lo aclaramos en la introducción, entre las
distintas experiencias de la región, ni siquiera en lo discursivo varias de
estas experiencias se propusieron superar el orden capitalista. Razón por la
cual no sería pertinente buscar restricciones para un avance hacia objetivos
que no figuran en su ideario.

En primer lugar en aquellas experiencias que se proponían
trayectos hacia distintas formas de socialismos, creemos correcto afirmar que
“pensar en construir sistemas sociales más justos e igualitarios a partir del
extractivismo y del rentismo, de las economías de enclave y la “depredación
controlada”, es  un contrasentido
absoluto. Se sabe que el extractivismo es mucho más que una estrategia
productiva, es la estrategia para la totalización del mercado y la óptica
empresarial” (4).

Por lógica, para aquellas propuestas en las que en su
ideario no figuraba superar el horizonte capitalista, conviviendo con el patrón
de acumulación y las relaciones sociales consolidadas durante la oleada
neoliberal, no existieron dificultades para propuestas alternativas, sino que
enfrentaron los límites propios de estas experiencias.

Sí existen restricciones comunes a la etapa vivida en la
región que explican las dificultades que hoy enfrentan estos procesos.
Dificultades algunas exógenas y otras que son inherentes a los mismos. La
principal dificultad de orden externo que enfrenta la región está vinculada al
fin de la etapa de precios altos que limita el excedente que capturaba el
Estado. Haber creído que este ciclo podría durar ilimitadamente, significa
ignorar que el sistema ha encontrado estrategias para enfrentar anteriores
ciclos altos de materias primas, estrategias que llegaron hasta la guerra.  Este fin de ciclo reconoce entre sus razones
una menor demanda de China, una crisis global que no termina de superarse, así
como un fortalecimiento del dólar, que hace que fondos especulativos que se
enfocaban en el mercado de la commodities hayan emprendido el llamado “vuelo a
la calidad” (situación que puede profundizarse si como parece, la FED eleva
nuevamente sus tasa de referencia).

Las propuestas neodesarrollistas al no superar los límites de
una inserción subordinada en el mercado mundial, donde prevalece la exportación
de materias primas y donde la industrialización que se desarrolla (como en el
caso argentino) corresponde a un sector manufacturero con baja integración
nacional de partes, y alta dependencia de insumos importados, genera un esquema
productivo donde el sector que genera dólares no crea empleos masivos y de
calidad. Esto en el marco de economías donde los fenómenos de fuga de capitales
y el peso de la deuda siempre están presentes como condicionantes. En el
periodo 2003-2015 Argentina tuvo un saldo comercial favorable  de  u$s
165.000 millones, realizó pagos netos de deuda por u$s 63.000 millones, registró
una fuga de capitales por u$s 102.500 millones y giró utilidades al exterior
por  u$S por 30.000 millones. Se repiten
así ciclos de acumulación afectados por desbalances externos que no desaparecen
con ingenierías cambiarias fiscales o monetarias.

Pero sin dudas la principal restricción, que terminó
paralizando las posibilidades de cambio de todas las experiencias de la región,
ha sido su relación con los movimientos sociales que fueran protagonistas de
las movilizaciones que dieron origen a las mismas. En tanto y en cuanto estos
gobiernos debieron enfrentar expresiones de insatisfacción por el rumbo que se
tomaba, invariablemente las tensiones llegaron al enfrentamiento y en muchos
casos a la represión. De tal forma que, invariablemente la política frente a
estos movimientos ha sido la coptación o la ilegalización y la fractura,
rechazando la movilización autónoma y solo permitiéndola cuando se trataba de
apoyar una gestión “que daba lo que se puede” o a un líder carismático.

Tener como horizonte administrar un modelo neodesarrollista
rentista, que en lo sustancial no desarmó las características del patrón
neoliberal ni las relaciones sociales que impone el mismo, ha llevado a las
distintas experiencias de la región ha subordinar su propuesta de cambio a la
gestión del Estado.  Ahora ¿de qué Estado
hablamos? Del Estado capitalista que hoy se presenta como el Estado posible. Lo
que invariablemente llevó a alianzas privilegiadas con sectores del bloque
dominante tanto locales como transnacionales. Subordinando la potencia del
cambio que está inscripta en la oleada de protesta que les dio origen a una
mediación por medio de  estructuras
burocráticas (en muchos casos grupos cooptados) que terminaron embarcados en
desviaciones de corrupción que nada tienen que envidiar a la más caracterizada
derecha. En tal sentido subordinar la política a la gestión ha llevado a que
“El estado neoliberal terminó gobernando el progresismo” (5).

¿Cuáles serían los cambios necesarios para crear condiciones
para el desarrollo de políticas y procesos tendientes a la creación de un nuevo
orden social productivo, inclusivo, democrático y de reafirmación de la
soberanía e independencia nacionales?

El plantearnos políticas que lleven a la construcción de un
nuevo orden social tiene como condición de existencia la ruptura radical con
aquellas políticas que tengan por objetivo hacer funcionar de mejor forma el
actual sistema. Tal pretensión constituye de por sí un contrasentido, que
además nos lleva inevitablemente a recorridos sobre los márgenes del
reformismo, tal vez hoy llamado progresismo, y que invariablemente nos
pretenden llevar a aceptar lo que tenemos como “el mal menor”. Al respecto ya
sabemos lo que nos decía Gramsci sobre el mal menor (6).

Al mismo tiempo, ser consecuentes con tal ruptura, nos lleva
a no subordinar la construcción de condiciones de existencia de una política de
emancipación a la lógica de la cuestión de Estado. La subordinación a la
gestión estatal (lógica que encierra la contención y no la superación de los
conflictos que una agenda emancipativa nos plantea) en no pocos casos ha hecho
naufragar los intentos de cambio en acuerdos con representantes connotados del
orden económico y político que se pretende alterar, con el objetivo, muchas
veces, de construir las necesarias mayorías electorales.

Asimismo, en muchos casos, “la derecha” que hoy impulsa la
restauración de una gobernabilidad conservadora no estaba solo afuera, sino
formando parte del sistema de gobernabilidad que hacía posible los
progresismos. Es preciso además ser enfáticos en denunciar que esta “nueva
derecha” que intenta presentarse como republicana, que al menos discursivamente
reconoce cierta intervención estatal, en sus críticas al progresismo, omite sus
responsabilidad en el descalabro neoliberal. Así mismo cuando denuncia la
corrupción, oculta la participación empresaria en todos y cada uno de los casos
que denuncia.

En el caso de Argentina el sistema político sobre el que se
sostiene la gestión Macrista se apoya sobre bases que compartía el Kirchnerismo
(gobernadores, intendentes, legisladores dirigentes sindicales) que durante el
anterior período fungían como oficialismo u oposición complaciente. El reciente
golpe institucional que destituyó a Dilma en Brasil ¿no contó entre sus actores
principales a quienes formaban parte de la coalición gobernante?

La lucha para que las experiencias de izquierda puedan
ocupar espacios institucionales no debe subordinar la movilización en autonomía
de las distintas expresiones del conflicto social. Muy por el contrario, las
instituciones ocupadas por la izquierda deben legalizar, ayudar a organizar y
visibilizar el conflicto social en lucha por superar hoy, aquí y ahora las
desigualdades y dominaciones que alimentan ese conflicto. Esto, en definitiva,
es alentar la construcción de una política emancipatoria. De por sí estas
luchas nos lleva a plantear la categoría de los posibles, en ese aquí y ahora,
pero “siempre y cuando la categoría de lo posible se inscriba en procesos
sucesivos de democratización, se someta a la multiplicidad de criterios
autónomos -estos incluyen su propia caracterización de lo posible- que definen
luchas, deseos y horizontes de sentido, en capacidad de articulación,
cooperación y organización” (7),  y no
dejemos en manos de Estado o la gestión, la definición de lo posible.

En ese camino, propuestas que permitan aprovechar las rentas
derivadas de un modelo exportador primario, sin una profunda reforma fiscal y
tributaria que permita capturar realmente renta y debilitar el poder de los
grupos económicos, nunca encontrarán la etapa apropiada para transitar el
cambio del patrón productivo. Al mismo tiempo sin alterar socialmente el patrón
de consumo no es posible modelar otro horizonte de producción. Si como factor
dinamizador de la demanda se sigue alentando el consumo de sectores altos o
medio altos no se podrán superar las limitaciones que presenta el sector
industrial. Apostar al virtuosismo empresarial para garantizar el proceso de
inversión ya demostró lo que daba. Así mismo intentar crear “condiciones de
ciudadanía” solo por medio de un consumo que, por otra parte, reproduzca las
pautas que caracterizan a los sectores de altos ingresos, es funcional a la
ideología dominante. El consumismo exacerba el individualismo y reproduce el
patrón productivo actual (que no está orientado mayoritariamente a satisfacer
la demanda de bienes salario). Ya no se trata del ciudadano portador de
derechos, sino del ciudadano consumidor. 

Transitar un camino de verdaderas rupturas con el orden
existente nos impone hoy una referencia autocrítica sobre nuestras experiencias
y trayectos. Desde la izquierda nos debemos un debate franco y abierto sobre
nuestros errores para ser capaces de enfrentarlos y corregirlos. Las
experiencias políticas que se propusieron ocupar el Estado, ya sea desde la
vía  insurreccional, ya sea por el acceso
a las instituciones para cambiar el sistema, se han topado con limitaciones que
han abierto el camino a restauraciones de la derecha o a sucesivas y
progresivas concesiones que terminan confundiendo sus objetivos. Esto plantea
para la izquierda la dificultad del lugar de la enunciación, ya que si no
dudamos que dentro del capitalismo es imposible resolver los problemas de la
humanidad, las experiencias que llevamos adelante desde los llamados
socialismos, tampoco han podido hacerlo.

Lo que tenemos en claro es que si las desigualdades y las
dominaciones son múltiples, las luchas que en la región quebraron la hegemonía
de la década neoliberal también lo fueron: trabajadores, pueblos originarios,
luchas de género, campesinos, militantes ambientalistas, experiencias
partidarias,  fábricas recuperadas etc.
Es desde la construcción de un espacio que debata en autonomía y pueda
articular esas multiplicidades, que se darán las condiciones para enfrentar no
solo intentos de restauración por derecha si no también y lo que es más
importante, las condiciones de un orden social distinto. Si respetamos esa
multiplicidad de origen, la articulación no supondrá una subordinación a una
dominación o desigualdad más jerarquizada políticamente que otra. La
articulación de las singularidades nos planteará sin lugar a dudas el problema
de organización. Nos debemos una profunda reflexión sobre cuál es la realidad
del movimiento popular al cierre de esta etapa en cada uno de nuestros países.
¿Cómo se expresa la fragmentación o fractura de nuestras organizaciones?, ¿por
qué llegamos a la misma? Un debate que hoy en la izquierda no puede soslayarse,
¿cuál es la propuesta que hoy nos permite potenciar la intervención popular
para debilitar el orden existente y no termine ahogando la potencialidad de
cambio inscripta en cada lucha? 

Sólo la construcción colectiva de un sujeto múltiple,
respetando la heterogeneidad y que articule local y regionalmente las
singularidades, estaremos en condiciones de alumbrar el horizonte
emancipatorio, que como todo horizonte permanece hoy difuso, sin trayectos
predeterminados que nos aseguren un destino ya descubierto de antemano, pero
por el que sin duda vale la pena trazar nuestros propios caminos. Caminos que
inevitablemente deberán recuperar la carga disruptiva del proceso de
movilización popular que abrió esta etapa en la región, para hacernos cargo del
desafío de construir un paradigma civilizatorio que supere al capitalismo.

Horacio Fernández