El dirigente de la ATE-Tucumán, e impulsor de la COS, Martín Rodríguez, denunció persecución del gobierno hacia los dirigentes gremiales que llevan adelante estos reclamos.  "Esta situación  viene desde hace tiempo, y se relaciona con la intransigencia del Poder Ejecutivo provincial a rever sus políticas. Es una obligación de los dirigentes gremiales defender las instituciones, como estamos haciendo en este caso de la Caja Popular”. "Hay cosas que el Gobierno habrá hecho bien, pero las que están mal hay que advertírselas porque si no, nos llevan puestos", agregó Rodríguez. 

Desde septiembre los valores de las asignaciones familiares nacionales subieron de 270 a 340 pesos. Mientras tanto el gobierno provincial las tiene congeladas en 240 pesos, esto hace una diferencia de 100 pesos que genera un creciente malestar entre los trabajadores estatales. 

Esperando definir la fecha del paro, y una de ellas, y más probable sea la del 20 de noviembre cuando a nivel nacional marchen la CTA y la CGT, la semana pasada un conjunto de organizaciones que componen la CTA (ATE entre ellas) movilizaron por las calles de San Miguel pidiendo el aumento de salario mínimo a 5.000 pesos. En esa ocasión también fueron recibidos por funcionarios del gobierno de la provincia, a quiénes entregaron un petitorio con todos los puntos que consideran los trabajadorea aún deben resolverse. Allí los gremios pidieron que las negociaciones tenga un marco de continuidad y no sólo que resolvieran la coyuntura del día, como fueron los cortes de rutas. “SI fue sólo para salir del paso no sirve el llamado”, dijeron los gremios a propósito de la convocatoria gubernamental.   

Prensa ATE/ 08-11-2012