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El economista Claudio Lozano analiza la ley sobre la cual Macri pretende profundizar el ajuste para cumplir con el mandato del FMI.

 El gobierno presentó en el Congreso la “ley de leyes”, con
la que intentará brasear hasta la orilla electoral ajustando el ajuste, e
induciendo a un coma profundo a todos los sectores de la actividad económica.
Sin margen de maniobra, Macri, Dujovne y su banda arrastran al país a una
situación de “recesión prolongada, que es la terapia acordada con el Fondo para
que la Argentina resuelva su crisis de cesación de pagos” a costa de más
sufrimiento y pobreza.

El pacto de gobernabilidad vencido, el barrilete
inflacionario, la guillotina de Lagarde, y un fin de ciclo que promete
exponenciales aumentos de conflictos sociales, en la mirada del dirigente de
Unidad Popular Claudio Lozano (*).

– El Presupuesto 2019 prevé menos obra pública, gasto de fondos de la
Anses, baja el incentivo docente, privatizaciones y más tarifazos, entre otros
datos preocupantes. ¿Qué es lo que más debe alarmarnos de lo anunciado?  

Es el presupuesto resultante de la segunda negociación que
el Gobierno Nacional está haciendo con el Fondo. Lo que se está planteando hoy
supone duplicar el ajuste que ya se había estipulado, para alcanzar el
denominado déficit cero, en el año
2019.

En dirección a ese objetivo el esfuerzo fiscal equivale a
unos $560 mil millones, que se reparten entre una poda del gasto público del orden
de los $300 mil millones, y el resto por mayor recaudación asociada a las ínfimas
retenciones a las enormes ganancias del sector exportador.

Es una suerte de reconocimiento oficial del más absoluto
fracaso de la gestión económica del gobierno de Macri, porque en principio el PBI
va a caer 2,5% en el curso de 2018, lo cual quiere decir que en el segundo
semestre, para poder alcanzar esos dos puntos y medio, lo que está ocurriendo
es que se está derrumbando la actividad económica y la caída va a ser de 5
puntos en esta segunda mitad del año; y prevé para  el 2019 una caída del 0.5%, es decir: ajuste
fiscal y recesión prolongada hasta finales de 2019.

– Todos los indicadores están en retroceso y ninguna meta se cumplió
hasta ahora. ¿Se puede esperar que se alcancen los objetivos estipulados?  

El producto por habitante en Argentina cae respecto a lo que
era diciembre de 2015. Pero además se ha
operado una redistribución regresiva de los ingresos sobre la base de dos golpes
muy fuertes: uno que se dio en el 2016 vía devaluación e impacto en precios que
llegó al 41%, y caída de los salarios que nunca se lograron compensar en 2017; y
el segundo en este 2018 en el que los salarios van a perder aproximadamente 20
puntos contra una inflación del 45%.

Finalizado el período
Macri, el producto por habitante, la distribución del ingreso, los niveles de
pobreza y otros ítems, están todos en situación desventajosa con cualquier
comparación que se quiera hacer con la finalización del gobierno anterior.

Si Macri, como ha
dicho en más de una ocasión, pretende que se lo juzgue por cómo impactan sus
políticas en la pobreza, el juicio lo condenaría a prisión, porque la pobreza va
a crecer de manera sustantiva en este semestre y seguramente se va a mantener
por encima de los niveles del 2015 y 2014 durante el año que viene.

Además este presupuesto implica un ajuste sobre las
provincias de aproximadamente $200 mil millones: $100 mil millones directo, y el
resto por vía de reducción en obra pública y de las transferencias no-automáticas.

– ¿Qué costó político puede significarle al Gobierno la profundización
del ajuste?

Es un presupuesto absolutamente impresentable en el que se
liquidan programas sanitarios, se licúa el Fondo de Incentivo Docente, en el
que aparecen $600 mil millones de pago de intereses de deuda, siendo este rubro
del gasto público el de mayor crecimiento dentro del total, con un 48% respecto
de los de este año. Y además esa cifra representa lo que invierte el Estado en
obra pública, y es más que lo que invierte en salarios de la administración
nacional y de las universidades.

Por donde se lo mire es un presupuesto de ajuste, en el
marco de una estrategia de recesión prolongada, que es la terapia acordada con
el Fondo para que la Argentina resuelva su crisis de cesación de pagos por vía
del estancamiento económico.

La capacidad de resistencia social que ha evidenciado el
pueblo argentino, sumado a la disputa electoral planteada de cara a la elección
presidencial de 2019, lo que han hecho es poner en crisis el acuerdo de
gobernabilidad que le permitió a Macri gobernar durante los primeros dos años,
que era un acuerdo en donde distintos sectores del Partido Justicialista le servían
en bandeja los votos.

Ahora, de cara a la elección y en un marco de conflictividad
social creciente este acuerdo esta fisurado, por lo tanto le está costando
encontrar los votos para aprobar el presupuesto y aunque los consiga le va a costar
llevar adelante la ejecución del ajuste. En ese contexto se abre un escenario
de fuerte inestabilidad social, en donde existen condiciones para poder gestar
una propuesta, desde la oposición política, para frenar este proyecto y evitar
que se continúe luego del 2019.  

Publicado en la edición de Octubre de El Trabajador del Estado

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