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Buscan que los Estados nacional y provincial brinden respuestas. Los atropellos aumentaron en tiempos de crisis.

En una conferencia de prensa la Asociación por los Derechos de las Mujeres (ADEM), de la que la ATE San Luis forma parte, confirmó la presentación de un recurso de amparo colectivo y amplio, con casos y testigos, debido a la vulneración de Derechos Humanos, sexuales y reproductivos que viven las mujeres en la actualidad.

“Desde el 5 de noviembre que empezamos a recibir una serie de denuncias de la vulneración de los Derechos Humanos de las mujeres en toda su diversidad y todo su ciclo de vida, del colectivo LGBTIQ+, juventudes, mujeres con discapacidad, mujeres que crían solas a sus hijos, mujeres que quedaron desocupadas, que no les pagaron sus haberes, que les quitaron su obra social incluso estando bajo tratamiento médico, mujeres que les quitaron el Plan de Inclusión o el Potenciar Trabajo. Ante esta situación no pudimos ser indiferentes”, explicó la coordinadora general de ADEM, María José Corvalán.

Señaló que a raíz del desdoblamiento salarial que dispuso el gobernador de San Luis, Claudio Poggi, comenzaron a aumentar las denuncias por vulneración de derechos. También hizo referencia al DNU impulsado por el presidente de la Nación, Javier Milei. “Eso puso en riesgo la supervivencia de las mujeres. Hoy estamos tan acorraladas que tienen que elegir entre comer, mandar a sus hijos a la escuela, pagar el alquiler e incluso corren el riesgo de ser desalojadas porque, además, este DNU viene a habilitar a los propietarios a desalojar”, aseguró.

Martínez precisó que recibieron las denuncias a través de un formulario que abrió la asociación los primeros días de enero, luego de que varias mujeres manifestaron su temor por atropellos que atentan contra sus fuentes de trabajo.

La abogada explicó que el recurso de amparo fue presentado esta semana en el Juzgado Civil Nº 1. “Vamos en contra del Decreto de Necesidad y Urgencia del Presidente y el 150, que es el provincial, que es el decreto que le otorga la libertad absoluta al Gobernador para despedir, para recategorizar y para sacar a la gente”, señaló.

En relación al decreto provincial, la profesional puso de ejemplo la actualidad que viven las trabajadoras de San Luis. Explicó que en algunos casos desarrollaban sus funciones con una recategorización o con contratos permanentes, y fueron desvinculadas sin causa.

 “Muchas cumplían los requisitos para ser planta permanente e igual fueron despedidas. Tenemos el caso de Karla Heredia, que la despidieron de la Municipalidad de San Luis sin causa y tuvo que subirse a una antena para que la recibiera el intendente. No tuvo suerte y recién ayer (por anteayer) le pagaron los quince días que le debían, porque había trabajado un mes y solo le pagaron quince días”, detalló.

También señaló que hay mujeres que no llenaron el formulario, pero detallaron que en la Comuna comenzaron a hacer referencia a la vestimenta con la que se deben presentar a trabajar, y dijo que hasta le prohibieron a una empleada asistir con vestido.

 “Pretendemos que se revean los casos, que los revisen y se estudien, que a las personas a las que han bajado de categoría se les den las explicaciones de por qué. Actualmente, hay 180 personas dentro del amparo, consideramos que son muchos los derechos vulnerados y que den las respuestas de eso”, aseguró Martínez.

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