En Jujuy son 23 despidos
en un total de 53 trabajadores, en su mayoría con más de cinco años de trabajo,
con un alto porcentaje de jóvenes, mujeres, madres y padres con hijos recién
nacidos y menores de dos años. Entre los compañeros despedidos se encuentran
trabajadores con fueros gremiales. En un comunicado, los delegados del sector
manifestaron: “Entendemos que estos acosos y percusiones junto a otras medidas
de igual gravedad, como el DNU 254/15, demuestran que el objetivo principal del
Gobierno Nacional de Macri es el ajuste a los trabajadores, sean estatales o
privados”.

Los delegados aseguraron
que además se adeudan los pagos del personal contratado como monotributistas en
todo el país, con retrasos de tres meses (diciembre, enero y febrero) en la de
delegación de Neuquén, lo que agrava la situación de subsistencia de sus
hogares, que ya de por sí es crítica por el proceso inflacionario y de
devaluación.

Así mismo hay un
desconocimiento desde el Estado Nacional de estos trabajadores de la SAF en condiciones
de precariedad, generada por el propio Estado desde hace más de diez años. Paralelamente
a esta situación se amenaza la continuidad de los 1.300 contratos vigentes en
el país, reduciendo el período de contratación de todos los contratados a tres meses,
sin poder garantizar el trabajo a campo a largo plazo e instalando un clima de
incertidumbre e inestabilidad en los trabajadores.

Este accionar, sumado a la
falta de presupuesto en la repartición en el último tiempo, confirma el desmantelamiento
de las líneas de trabajo territoriales que garantizan el acceso a derechos a la
población campesina e indígena del país; enmarcadas en la Ley Nacional 27.118
de Reparación Histórica de la Agricultura Familiar. Con los despidos se vacían
las áreas de funcionamiento de la SAF así como el trabajo en territorio en el
interior de cada provincia.