Comienza el tratamiento del Impuesto a las Grandes Fortunas.
Debe ser aprobado en el Congreso, lo que sería un acto de Justicia Social,
esperamos que los legisladores estén a la altura. Significa un pequeño avance
en la desigualdad tributaria que hay en nuestro país. Los que reniegan son los
mismos que dolarizaron las tarifas de gas y luz, los que endeudaron al país por
un 90% del PBI (Producto Bruto Interno), en definitiva los que quisieron
achicar el Estado, privatizar la Salud y desregular el trabajo.

Desde nuestras organizaciones apoyamos la creación de este
impuesto, incluso bregamos para que sea permanente, pero en principio estaremos
ahí pendientes para que esos recursos se vuelquen a los sectores más golpeados
por la pandemia, a las familias que no están pudiendo poner el pan en la mesa,
para viviendas populares, para la compra de equipamiento sanitario, para urbanizar
lo barrios, para apoyar a las PyMEs y pequeños emprendimientos, que redundará
en mas trabajo.

Apenas 9.000 personas están en condiciones de ser tocadas
por este impuesto, muchas de ellas fugaron durante mucho tiempo, acumularon
riquezas a costa de la dolarización de las tarifas durante el macrismo, o de la
ley de Blanqueo. Son los responsables, los tenedores de los bonos argentinos,
los que generaron la deuda y los que la van a cobrar. Todos ellos serán
tocados por este impuesto, en principio es justicia social, por ello desde la
CTA-A y ATE Santa Cruz exigimos que la crisis la paguen los que la generaron.

Esperamos no encontrarnos con las cautelares y la
complicidad del Poder Judicial para frenar la ejecución de esta ley una vez
aprobada, que de una vez por todas jueces y fiscales se pongan del lado del
pueblo y no del lado corporativo del poder real, del establishment, que no le
tengan miedo al pueblo, y que los medios de comunicación, cuyos dueños son
alcanzados por este tributo, frenen con la confusión y la defensa
irrestricta de sus fortunas a través de comunicaciones falsas.