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Por Mercedes Cabezas, Secretaria de Organización de ATE
Nacional 

La implementación de la Resolución General 34/2020 publicada
en el Boletín Oficial el 3 de agosto da cuenta de una realidad que los
movimientos y las organizaciones feministas venimos denunciando hace años: el
paso decisivo del reconocimiento de la igualdad para el acceso a cargos
electivos y partidarios, en la lucha por los derechos de igualdad identitaria,
fue importante pero  insuficiente y no se
corresponde con la realidad de lo que ocurre en el acceso real en cada una de
las instituciones de la sociedad civil y las conducciones de las entidades
intermedias. 

Resulta notable, en este sentido, que “a partir de la
entrada en vigencia de esta resolución las asociaciones civiles en proceso de
constitución; las simples asociaciones que soliciten su inscripción en el
registro voluntario; las sociedades anónimas que se constituyan, en cuanto
estuvieren o quedaren comprendidas en el artículo 299, de la Ley N° 19.550,
excepto las abarcadas por los inciso 1°, 2° y 7°, las fundaciones con un
consejo de administración de integración temporaria y electiva y las Sociedades
del Estado (Ley N° 20.705) deberán incluir en su órgano de administración, y en
su caso en el órgano de fiscalización, una composición que respete la
diversidad de género, estableciendo una composición de los órganos referidos
que esté integrado por la misma cantidad de miembros femeninos que de miembros
masculinos. Cuando la cantidad de miembros a cubrir fuera de número impar, el
órgano deberá integrarse de forma mixta, con un mínimo de un tercio de miembros
femeninos”, como señala el texto de la resolución.

En este marco, es innegable el resultado de las luchas de
los varios colectivos de mujeres y organizaciones que, a lo largo de la
historia, bregamos por una sociedad justa e igualitaria. Estas luchas fueron
imprescindibles, y pese a que es evidente que todavía faltan logros, también
muestran que vamos por el sendero correcto. A tal punto es así que el Estado
debió empezar a generar estrategias y herramientas y a echar luz sobre las ya
fundantes, como los Tratados y Convenciones internacionales que propician la
eliminación de todas las violencias y discriminaciones hacia las mujeres,
diversidades y disidencias.

Entendemos que todo lo que nuclee articuladores de la
sociedad no debe escapar a las estrategias que generen el camino para cumplir y
garantizar el goce efectivo de derechos, cercenando así cualquier tipo de
impedimento basado en la discriminación a cualquier/a sujeto/a por su condición
sexual, identitaria o de género, entre otras. Es por esto que celebramos al
Estado presente con la decisión política de avanzar.

Celebrar un Estado con perspectiva de género es avanzar en
garantizar un Estado de derecho, cuidadoso y con un criterio basado en una
línea rectora con corresponsabilidad de las instituciones que deben estar
articulando y hábil para desplegar las herramientas antes mencionadas para
seguir achicando la brecha de inequidad social por cuestiones de género.

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