El juzgado Federal de Dolores ordenó
al RENATEA – que conduce
de hecho Gerónimo “Momo” Venegas (Secretario General de UATRE)- y al Estado nacional reincorporar a cinco cesanteados
de la localidad de General Belgrano.
Si bien son
cerca de un centenar los trabajadores que resisten el retiro voluntario o el
despido, ya suman 24 los despedidos que
fueron beneficiados con este tipo de amparos judiciales.
El RENATEA fue creado en 2012 con el objetivo, entre otras cosas, de
controlar el trabajo rural. Nació como complemento del estatuto del peón rural sancionado
en 2011 y en contraposición al RENATRE,
un ente tripartito integrado por Estado, patrones y el gremio Unión Argentina
de Trabajadores Rurales y Estibadores (UATRE).
Al ver amenazados
sus intereses y ámbitos de influencia, desde
un primer momento el “Momo” Venegas fue un crítico opositor del organismo.
Incluso accionó judicialmente contra el mismo en reiteradas oportunidades. Tras
idas y vueltas en la Justicia, el 24 de noviembre de 2015 (sólo dos días
después de que Macri se impusiera en el balotaje que lo llevó a la Presidencia)
la Corte Suprema de Justicia falló a su favor
y ordenó la disolución del RENATEA.
Como
consecuencia de la declaración de inconstitucionalidad del máximo tribunal, y
aún sin producirse la efectiva disolución, las
nuevas autoridades comenzaron un desguace que incluyó despidos masivos y
atropellos a derechos adquiridos, como fue el desconocimiento por parte de la
patronal del Convenio Colectivo de Trabajo.
“El propio CCT establece que, ante la
disolución del área, los trabajadores tienen la posibilidad de reubicarse en
otro organismo del Estado. Sin embargo, el Convenio explicita que quien ejerce dicha decisión es el
trabajador, a diferencia de lo que están llevando a cabo”, explicó Luis Palmeiro, abogado laboralista que
brinda asesoramiento a un grupo de trabajadores del organismo.
Luego de que
el macrismo repusiera al titular de la UATRE en el Registro de los trabajadores
rurales, quienes quedaron bajo amenaza
de despido son todos aquellos que ingresaron entre los años 2012 y 2015. Se
trata de una planta cercana a los 600, entre los cuales un centenar permanece
sin aceptar los despidos, algunos todavía trabajando y otros con demandas
por su reinstalación.
“Ni siquiera
se está cumpliendo con el fallo de la Corte porque sigue funcionando el
RENATEA. Pero esta virtual disolución
sirve al Gobierno y los gremios amigos como ficción para la ola de despidos”,
detalló Palmeiro, quien adelantó que el Gobierno ya presentó una apelación
contra la cautelar que ordena las reincorporaciones: “Es muy poco sólida”.
Según informó
el diario Pagina12, como parte del proceso de cesantías masivas, el Registro está además impulsando despidos
“con causa” de los delegados.
Cabe recordar
que desde el por entonces RENATRE, Venegas mantuvo una relación de connivencia
con los empresarios, y se mostró indiferente a los posibles casos de trata
laboral extendidos en muchas explotaciones agropecuarias. Para fiscalizar,
tercerizaba el trabajo a una sociedad anónima (Gregard SA).
