Las migajas
dispuestas por el flamante jefe del Ejecutivo a los jubilados constituye una
falta de respeto hacia el sector, cuyos ingresos de por sí decaídos como
consecuencia de la ola de aumentos en los precios sobre la canasta básica, y
los medicamentos, producto de la especulación desmedida en oportunidad del
cambio de autoridades, y no controlada, recibió tras cartón un golpe letal al
producirse la devaluación anunciada por el nuevo Presidente.

Esta
situación no se soluciona con un bono navideño de ningún valor, sino que
requiere de responsabilidad política, profunda sensibilidad social, y mirada
estratégica. La suerte de los jubilados del presente debe atenderse con el
respeto que exige, los esfuerzos realizados a lo largo de nuestra vida activa,
y los aportes efectuados, permitiendo de manera inmediata que, como lo marca la
Constitución Nacional ejerzamos el control de las mismas, junto a la
representación de los activos y el Estado. Dictaminar la plena vigencia del
82%, derecho legal y legítimo que nos compete, debe constituirse en un acto de
nobleza política y justicia social, que además, garantizará a las nuevas
generaciones de jubilados, una vida digna con haberes justos.

El
comunicado firmado por las dirigentes Lidia Meza, Noelia Guzmán y Olivia Ruíz,
también se manifiesta en contra de los indignos acuerdos legislativos en la
Provincia de Córdoba entre representantes de Cambiemos, el radicalismo y el
peronismo, por el cual el 82% móvil será calculado sobre el 89% del sueldo como
activo y no sobre el 100%, lo que representa un recorte significativo en las
jubilaciones, esto en el marco de la crisis financiera que atraviesa la Caja de
Jubilaciones Provincial. Una crisis que no se origina por nuestra
responsabilidad sino por nuestra negada presencia en el control de aquellos, y
sí por la sola complicidad de la clase política desde hace años.