Así
lo resolvió la conducción nacional del sindicato durante su reunión de la
semana pasada, como parte del mandato emanado en los encuentros alrededor del Plenario
Nacional de Delegados Municipales de ATE. El proyecto sustituye los artículos
136, 139 y 140 de la Ley 24.013 para incluir en el ámbito de aplicación del Consejo
Nacional del Empleo, la
Productividad y el Salario Mínimo, Vital y Móvil a los
trabajadores de las administraciones públicas municipales y provinciales amparados
por la Ley de
Contrato de Trabajo y por el Régimen de Trabajo Agrario, hasta ahora excluidos.

De
aprobarse, el proyecto afectaría a un millón de trabajadores del ámbito
municipal, pues los provinciales cobran de facto valores similares o superiores
al salario mínimo, vital y móvil. “Es un problema de estricta justicia, de
derecho, independientemente de si alcanza o no para vivir el salario mínimo. Es
un problema que, además, nos dificulta negociar salarios, porque no tenemos un
piso desde el cual discutir. Los intendentes en los pueblos ofrecen salarios de
1500 pesos, y si no aceptás, le ofrece a otro trabajador 1400. La necesidad
tiene cara de hereje”, explicó Julio Fuentes, Secretario General de ATE.

El
proyecto de ley plantea en sus argumentos que “el Consejo Nacional del Empleo, la Productividad y el
Salario Mínimo, Vital y Móvil creado por la Ley 24.013 excluyó de su ámbito de aplicación a
los trabajadores de las administraciones públicas provinciales y municipales,
lo que importa una discriminación arbitraria, que margina de este derecho a
miles de trabajadores. No existen dudas, más allá de lo que establezcan las
distintas constituciones provinciales, que el artículo 14 bis de la
Constitución Nacional es de aplicación obligatoria en todo el territorio de la República Argentina. Resulta
entonces inconcebible que se genere una desigualdad entre trabajadores que en
una misma localidad, dependiendo si trabajan en el sector público o privado,
perciban salarios mínimos diferentes”.

Será
tarea de los trabajadores la presentación del proyecto de ley en cada concejo
deliberante y poder legislativo provincial para que sea declarado de interés y ante cada diputado y senador
nacional donde ATE tiene representación, es decir en todo el territorio nacional. “Después vendrá la lucha. Habrá que
hacer lobby y construir el consenso político para la sanción. Al Estado
municipal no se lo puede seguir mirando como el último Estado, sino como el
primero. Es anterior a la república y las provincias. Es un factor fundamental
en el modelo de Estado que tenga visión en las necesidades populares. Es la
caja de resonancia de los problemas de nuestro pueblo”, finalizó Fuentes.