Acaba de tomar estado público un proyecto de decreto
reglamentario de la Ley Nacional de Salud Mental nº 26.657 (Expte Min.
Sal.120020000024933166) que contradice el espíritu de la norma que pretende
reglamentar, y evita generar el debate en el Congreso de la Nación, ámbito
institucional natural para modificaciones de este tenor.

La política de este gobierno nacional se jacta de
“transparente” y “modernizadora”. Su pretendida manera de legislar evitando el
debate parlamentario y los mecanismos de participación ciudadana renuevan la
alerta en la misma línea que definió del decreto de “necesidad y urgencia” que
propone la engañosa “Cobertura Universal de Salud” 908/16.

Consideramos que la necesidad y urgencia de estos decretos
responden directamente a abrir las puertas de los mercados de la salud y, en
este caso específico, los de la salud mental.

Vemos con alarma las afrentas a reformistas al campo de los
derechos sociales: las reformas laboral, previsional, fiscal, tributaria, la
salud, el campo del trabajo, de la educación, etc.

Las políticas de este gobierno nacional y sus formas,
desafían nuestras estrategias colectivas y de resistencia. Estamos frente al
despliegue de una retórica pensada para ocultar y disimular políticas que
encubren y refuerzan privilegios de sectores concentrados del poder
político-económico.

La pretensión de modificar el decreto reglamentario 603/3 en
el sentido planteado por el ejecutivo en el expediente (Expte Min.
Sal.120020000024933166) atenta contra los principales avances logrados en la
Ley Nacional 26657: respecto a la concepción de sujeto de derecho, del modo de
entender los padecimientos psíquicos de la población, respecto del modelo de
atención sustitutivo a lo manicomial (o lógicas de encierro), así como a las
garantías de autonomía e independencia del Órgano de Revisión y los mecanismos
previstos para velar por asistencia digna en el marco del ejercicio de los
derechos en el campo de la salud Mental.

Pretendiendo instalar desde una perspectiva biologista,
medicalizante, clasificatoria de los sujetos, un paradigma vinculado a la
privatización de la salud, a los negocios de la enfermedad y, totalmente
alejado del derecho a la salud.

Nos pronunciamos rechazando este pretendido decreto así como
continuaremos construyendo en conjunto con las organizaciones del campo popular
condiciones para un sistema público universal, gratuito y de calidad que
garantice el acceso al derecho constitucional a la salud de nuestras
poblaciones.

Celina Pochettino – Daniel Godoy

IDEP SALUD ATE ARGENTINA