El
10 de junio se cumplieron seis meses de gobierno del presidente Mauricio Macri:
una luna de miel agria que será recordada como de las más breves en la historia
argentina. La primera de un dirigente proveniente del riñón de la burguesía
nacional que accede a Casa Rosada con legitimidad popular y la legalidad
emanada de las urnas.
“Su
modo de afrontar la herencia resultante de la experiencia kirchnerista responde
a reorganizar un conjunto de variables, sobre la base de una determinada
orientación en la transferencia de ingresos. Implica mega devaluación,
tarifazos y permisibilidad en materia de precios, agravada por un cuadro de
despidos en el Estado y en la obra pública con concesiones privadas, que
terminan generando un proceso recesivo que concentra excedentes en los sectores
de mayor capacidad económica, orientados principalmente al sector exportador y
a los sectores de altos ingresos de consumo interno”, define el economista
Claudio Lozano, ex diputado nacional y coordinador del Instituto de Pensamiento
y Políticas Públicas (IPyPP).
Una
de las primeras medidas adoptadas por Cambiemos en el gobierno fue liberar la
administración de la demanda de dólares (cepo cambiario). En cuestión de horas,
el ministerio de Hacienda oficializó el precio de la moneda norteamericana que
estaba en $9,82 por otro a $13,76 (devaluación superior al 40%, que rozó a
principio de marzo el 62%). Un acto de sinceramiento, sostienen los voceros
macristas.
“Un
acto de sinceramiento lógico para una estrategia que convalida la estructura de
poder vigente. El problema de divisas presente antes del 10 de diciembre fue
resuelto validando el precio del dólar necesario para maximizar los beneficios
de los sectores ligados a la industria, minería e hidrocarburos. No fue resuelto
disputando las divisas con sus dueños: las 30 empresas que concentran la oferta
en nuestro país y los millonarios que acumulan cerca de 400 mil millones de
dólares en el exterior”, analiza Lozano.
El
salto cambiario redundó en una ganancia de 4786 millones de dólares para las
firmas exportadoras, precisaron en un informe los economistas Hagman, Wharen y
Harracá. A ello habría que sumarle 704 millones de dólares producto de la
reducción en cinco puntos de los derechos de exportación sobre la soja y su
eliminación sobre el resto de los cereales y la producción minera.
“En
todas estas actividades, los costos de producción locales son más bajos que el
precio internacional. La Argentina es una plaza conveniente para las
inversiones, por lo que la eliminación o reducción de retenciones no tiene
justificación”, sentencia Lozano.
Desde
2007, el poder económico encaminó una remarcación sobre los precios de consumo
y un retaceo en la inversión para evitar la recomposición, en parte, del poder
adquisitivo de los trabajadores. Ese piso inflacionario, calculado por encima
del 600%, se vio incrementado durante el actual gobierno.
Por
un lado, con incrementos en las tarifas metropolitanas de electricidad que alcanzaron
el 700%. De gas, en todo el territorio nacional, que aumentaron hasta en un
400% y de agua en un 375%. De nafta, en un 28%. El transporte público de la
ciudad de Buenos Aires y el conurbano bonaerense, donde se concentra el 40% de
la población argentina, se duplicó. Los precios al consumo ascenderían al 19,4%,
informó el IPC establecido por legisladores del Congreso de la Nación.
Estas
medidas, sostiene Claudio Lozano, “pusieron a la economía en recesión desde
principio de año. Estuvieron acompañadas de un cuadro de conflictividad social
creciente, que tuvo como jalones principales la marcha de estatales el 24 de
febrero y la de las centrales sindicales el 29 de abril”.
Para
compensar el impacto recesivo, el Ejecutivo echó mano a otros instrumentos.
Entre los más importantes, la devolución hasta $300 del IVA sobre la canasta
básica de alimentos para jubilados con haber mínimo y beneficiarios de la
Asignación Universal por Hijo (que alcanzaría a 10 millones de personas, según
el gobierno). La extensión de la AUH a 540 mil monotributistas. Y la
incorporación de 2 millones de niños a las asignaciones familiares.
No
es menor la perforación del techo que intentó fijar el gobierno en las
negociaciones salariales. Aunque por debajo de la pérdida de su poder
adquisitivo, los sindicatos han logrado, mayormente, aumentos por arriba del
25%.
Si
bien no hay señal alguna de recomposición en la actividad económica, la
desaceleración de la inflación durante los próximos meses -resultado del
impacto recesivo- traería aparejada una morigeración de la situación.
“Es
posible que en 2017 el gobierno diga que mejoramos a partir de la caída de 2016.
Será muy leve, posiblemente. Si este año caímos un 2%, quizás el próximo
crezcamos otro 2%. En la práctica estaremos en una situación similar a la de
2015, con un cuadro de endeudamiento mayor, con empresarios que reclamen quizás
devaluar porque el dólar subió a $16, pero después bajó a $14. Es decir, los
mismos problemas que a principio de la etapa, pero con más deuda y pobres”, advierte
Lozano.
La
estrategia de ajuste del gobierno nacional parecería excluir un ajuste fiscal
brutal inmediato. A excepción del aumento tarifario, no hubo grandes
reducciones en el gasto público. Incluso, los 10 mil despidos en el Estado
nacional fueron compensados por la creación de al menos 4 ministerios, 17
secretarías y 40 subsecretarías de Estado. Las cuentas más conservadoras
señalan un crecimiento del 23% en designaciones políticas que proyectan,
mínimamente, 80 nuevas direcciones nacionales y 240 nuevos cargos de directores
simples y coordinadores (análisis de la consultora Prospectiva sobre el Boletín
Oficial).
El
despido de trabajadores en el Estado nacional podría entenderse, entonces, como
una señal orientada al electorado de Mauricio Macri, so pretexto de limpiar de “ñoquis”
la administración pública. “Pero también -explica el Secretario General de ATE,
Hugo Godoy- instaló condiciones complejas para los trabajadores en su
negociación salarial”. Procuró delimitar la paritaria a un callejón sin salida:
aumento de salario o estabilidad laboral. La figura retórica a la que apeló el
dirigente en varios oportunidades fue la de “negociar salarios con un revolver
en la cabeza”.
¿Cómo
se financiaría, entonces, el gobierno? “Su clave es sostener crecimiento con
deuda”, dice Claudio Lozano. Ni bien asumió, el ministerio de Hacienda se
endeudó en 5 mil millones de dólares para sostener la nueva paridad cambiaria.
Luego, para acceder al sistema financiero internacional rápido, acordó con los
fondos buitres: tomó deuda por 16.500 millones de dólares, de los cuales 9.300
millones fueron a manos de los holdouts.
En
vísperas del 40º aniversario del último golpe cívico militar, el presidente
Macri recibió la visita de su par Barack Obama. La lluvia de dólares en
inversión anunciada entonces por los voceros de Cambiemos, apenas humedecería estas
latitudes. Para los próximos 18 meses, las empresas estadounidenses confirmaron
tibias inversiones por 300 millones de dólares.
“Sucede
que la inversión extranjera ya existe y maneja los núcleos principales de la
actividad económica argentina ¿A dónde van a ir las inversiones extranjeras? ¿A
los mismos sectores donde ya están? ¿Qué efecto producirá como novedad?”, se
pregunta Lozano.
“Lo
que uno ve es que las inversiones extranjeras residen en la apropiación,
explotación y exportación de recursos naturales en el complejo minero, sojero e
hidrocarburífero, con bajo impacto en términos de actividad interna. Y en una
armaduría industrial, básicamente automotriz y electrónica, con alta demanda de
divisas para poder funcionar y una alta remisión de utilidades al exterior”,
agrega el economista.
Los
dueños de los 400 mil millones de dólares a los que hacíamos referencia a
principio de la nota, la cúpula empresarial argentina, son los mismos que desde
mediados de la década del ’70 se endeudaron en el exterior a altas tasas de
interés. Fugaron luego parte de esos dólares con mecanismos como el de las
cuentas off shore en paraísos fiscales. Estatizaron por último esa deuda, a
través de su representación política.
Entre
2003 y 2015, estas empresas migraron al exterior el 62% del saldo comercial
acumulado por la Argentina (ahorro entre exportaciones e importaciones). Es
decir, 102.500 millones de dólares de los 165.000 de saldo.
“El
reciente blanqueo de capitales aprobado por el Congreso de la Nación es un
premio fiscal y financiero. Los dueños de los 400 mil millones de dólares
tendrán ahora ventajas impositivas para transformase en acreedores del Estado
argentino a tasas del 5% ó 5,5%, descomunales frente a la tasa mucho menor que
se ofrece en el exterior”, denuncia Lozano.
La
recomposición de la gobernabilidad conservadora en la Argentina se encuentra
con los límites que le imponen las organizaciones populares y de trabajadores
que, durante la última década, crecieron en su potencialidad de confrontación. Dependerá
de su capacidad, dotar al conflicto de un horizonte político de justicia
social.
RECUADRO
16,7%
aumentó la transferencia de ingresos del trabajo al capital
127.000
empleos privados y públicos se perdieron
14,1%
cayó el poder adquisitivo de los trabajadores
920.000
personas cayeron en la pobreza
290.000
personas pasaron a ser indigentes
