El escrito de ATE-Corrientes señala que “el ataque sistemático contra los trabajadores en relación de dependencia con el Estado es una constante del poder Ejecutivo provincial en funciones, que comenzó su ejercicio con el cesanteo ilegal de más de cinco mil trabajadores de planta”; y subraya que a la par de esta situación “fueron otorgados aumentos que en el bolsillo de los trabajadores se tradujeron en sumas irrisorias que no alcanzan a cubrir siquiera la canasta básica familiar”.

Dice el CDP que a todo esto “se suma el manejo irregular del Instituto de Obra Social de Corrientes, (con funcionarios que son a un tiempo adquirentes y proveedores de medicamentos , con la incorporación de monotributistas a la cobertura que por ley deberían contar con obra social), la indisimulada precarización laboral (sobre todo en las áreas de la salud y la educación), la tercerización de servicios antes provistos por el Estado, el recorte del veinte por ciento en los gastos de administración que elimina la posibilidad de la discusión salarial, y la negativa a la constitución de paritarias en el marco de la ley de Convenio Colectivo de Trabajo”. Es por eso, remarca, que “no se puede evitar pensar en una visión de gestión de gobierno que tiene a los trabajadores como variables de ajuste”.

Según  el CDP además de hallarse un hilo conductor que atraviesa estas maniobras, que ATE contrapuso desde la denuncia, la lucha gremial y la judicialización el contrapunto es que “ningún gobierno debe arrogarse el derecho de sobrepasar al Estado que lo sustenta y del que es un partícipe más junto a los otros actores políticos; el desconocimiento de la norma lleva al autoritarismo”.

Asimismo el CDP rechazo “el empréstito por el que pugna el gobierno en estos días y que se destinará, según la justificación oficial, a garantizar el pago de salarios, una obligación del Ejecutivo; en una muestra más de las muchas contradicciones en las que incurre el Gobierno se pregona una economía saneada, mientras busca echar mano a préstamos para encarar lo que en un sistema de finanzas serio es una formalidad no sujeta a contextos interprovinciales”. 

Prensa ATE/ 16-05-2012