A continuación, reproducimos la
declaración completa:

El 7º Encuentro Sindical UE-CELAC
reúne nuevamente una expresiva representación del sindicalismo de ambas
regiones quienes, como en oportunidades anteriores, quieren manifestar ante las
Jefas y Jefes de Estado y de Gobierno su visión sobre la coyuntura social,
económica y política y las perspectivas y aspiraciones de los trabajadores.

En la
presente coyuntura la misma lucha sindical reúne a trabajadores y trabajadoras
de América Latina y el Caribe y de la Unión Europea: la defensa de los derechos
sociales, la democracia, la acción de los sindicatos y su papel central en el
enfrentamiento al neoliberalismo y las “políticas de austeridad”, que afectan a
millones de trabajadores/as en ambas regiones del mundo. Estas políticas son
impulsadas por los sectores conservadores vinculados al capital financiero y a
las empresas multinacionales en respuesta a las prolongadas consecuencias de la
gran  crisis económica mundial del 2008.
La crisis ecológica es el capítulo más reciente de sociedades guiadas por la
búsqueda desenfrenada de lucros empresariales y el consumo irresponsable que le
está asociado.

Las clases
trabajadoras europea y latinoamericana-caribeña defienden los procesos de
integración en ambos continentes como parte de la construcción de economías y
sociedades de bienestar. Si miramos el pasado, veremos que hemos hecho avances
importantes en algunas dimensiones. La Unión Europea y la CELAC, son en parte
expresiones de esas conquistas. Pero los procesos de integración regional deben
ser parte de la solución a nuestros problemas económicos, sociales y
ambientales, caso contrario darán argumentos para que fuerzas reaccionarias
impulsen sentimientos chauvinistas y xenófobos que erosionen lo ya conquistado.

En Europa
registramos continuos ataques a conquistas sociales que sacrifican personas con
el argumento de favorecer el funcionamiento de la economía en una óptica
liberal. La región que ya fue en la post Segunda Guerra Mundial ejemplo de
sistemas de protección social y niveles de bienestar humano, ahora es cada vez
más escenario de desahucios, desempleo juvenil y pérdidas de derechos. Los
sindicatos han sido desplazados y desconocidos como interlocutores sociales,
cerrando cada vez más los espacios de interlocución social construidos a lo
largo de décadas.

La mal
llamada política de austeridad ha impuesto a los trabajadores de algunos países
recortes graves de los salarios y prestaciones sociales. En ese sentido
esperamos que la UE alcance con el nuevo gobierno de Grecia, un acuerdo que
agilice las condiciones del acuerdo y permita recuperar condiciones y derechos.

En América
Latina después de más de quince años de avances sociales en diversos países
bajo administraciones progresistas, desde hace tres años son evidentes los
efectos de la recesión económica mundial, la pérdida de empuje en el
crecimiento de las economías, por lo que no han parado de caer los niveles de
pobreza y las frágiles conquistas socio-laborales del período están bajo ataque
del capital internacional para hacer retroceder lo que apuntaba a un nuevo
paradigma de democracias sociales.

La
democracia está en jaque cuestionada por los poderes fácticos que buscan imponer
los intereses del mercado financiero internacional y de las empresas
multinacionales. En el caso de América Latina y el Caribe, gobiernos electos
democráticamente son sometidos constantemente al asedio, a veces violento, por
parte de las élites y minorías poderosas que controlan la economía y que han
optado por provocar rupturas, utilizando incluso mecanismos legislativos y
judiciales para deponer estos gobiernos. Los medios de comunicación,
concentrados oligopólicamente a nivel nacional e internacional, actúan como los
mayores instigadores de estas agendas antidemocráticas y reaccionarias contra
los intereses de las mayorías.

En las
negociaciones sobre cambio climático no vemos avances a la altura de los
desafíos. Las grandes corporaciones intensifican sus lobbies para salvar sus
intereses de lucros inmediatos sin reparar en costos inter-generacionales. Los
gobiernos del Norte no quieren asumir sus responsabilidades prioritarias – de
sociedades ya desarrolladas con pesados pasivos ambientales– para enfrentar un
problema que es común para el conjunto de las sociedades. Los gobiernos de los
países emergentes no han presentado un plan creíble para combinar esfuerzos de
desarrollo con la superación de los paradigmas predatorios heredados de los
modelos del siglo pasado.

Cumbres UE-América Latina y Caribe:
Compromisos incumplidos

El camino de
las cumbres UE-ALC (América Latina y el Caribe) ha estado pavimentado de buenas
intenciones manifestadas en relación a varios temas sensibles para los
sindicatos en los documentos oficiales pero de escaso cumplimiento en esa
materia. Desde las primeras ediciones varios de los compromisos definidos por
los Jefes y Jefas de Estado y de Gobierno, especialmente los relacionados con
las cuestiones sociales, han sido incumplidos. Los Planes de Acción adoptados
han tenido baja implementación y débil seguimiento por parte de los gobiernos.

Estratégicamente
ha sido particularmente grave que la UE y algunos gobiernos latinoamericanos
como los de Colombia y Perú hayan roto su compromiso primero de negociar bloque
a bloque firmando acuerdos individuales.

Evidentemente
subyace una intención de fragilizar los procesos de integración perjudicando
así en la mesa de negociaciones a los países latinoamericanos más débiles. Las
Hojas de Ruta contenidas en dichos acuerdos, han servido como justificación
para la firma de los TLC ́s, pero han tenido poco efecto concreto para promover
trabajo decente, que asegure los derechos de los/as trabajadores/as. El
reciente acuerdo firmado entre la UE y Ecuador, ha sido negociado sin
participación de los actores de la sociedad civil. Advertimos sobre la
reactivación de las negociaciones entre la UE y MERCOSUR, frente al cual el
movimiento sindical de la región tiene una posición de clara oposición.

Nos preocupa
en particular que bajo la presión del mercado mundial sobre los países y
bloques en el contexto de los efectos de la crisis económica internacional
desatada en 2008 se abandone una perspectiva de desarrollo sustentable con
responsabilidades comunes pero diferenciadas, entre países del Norte y del Sur.

Es así que,
sin perder de vista compromisos anteriores, reivindicamos especial atención
para los temas de desarrollo sustentable en las nuevas relaciones entre los dos
continentes.

Relaciones Unión Europea–CELAC: por
un nuevo paradigma de relaciones Norte-Sur

Ante un
escenario de múltiples crisis que se profundizan y el surgimiento de respuestas
que reciclan el recetario de políticas neoliberales ya fracasadas, el
movimiento sindical se ha impuesto la tarea de promover alternativas
superadoras de las lógicas que pretenden la profundización del dominio de los
mercados y las grandes corporaciones, en contra de los intereses de la mayoría
trabajadora del mundo. En este sentido la CSA presentó en mayo de 2014, la
Plataforma de Desarrollo de las Américas (PLADA) y considera que el escenario
de la Cumbre UE-CELAC es un espacio para presentar alguna de las líneas
estratégicas propuestas, así como otras formuladas por el sindicalismo europeo,
como forma de promover respuestas estructurales a los desafíos presentes y
futuros de ambas regiones.

El
sindicalismo eurolatinoamericano y caribeño reivindica las cuatro dimensiones
del desarrollo sustentable (política, económica, social y ambiental) y su
necesaria articulación, para responder de manera equilibrada a los desafíos de
economías al servicio de nuestras sociedades, con garantía de plenos derechos
sociales, con participación democrática y protagónica y preservación del
planeta para las generaciones presentes y futuras.

Llamamiento del Encuentro Sindical
UE-CELAC a las Jefas y Jefes de Estado y de Gobierno

El
movimiento sindical de Europa y América Latina y el Caribe, reunido en
Bruselas, los días 10 y 11 de marzo, presenta las siguientes propuestas
demandas a las Jefas y Jefes de Estado y de Gobierno reunidos en la Cumbre
UE-CELAC, en junio de 2015 en Bruselas.

1. Revisar las bases de las
relaciones comerciales entre los dos continentes.

Existen
marcadas asimetrías económico-financieras entre los países del Norte (UE) y del
Sur (ALC) como para que acuerdos de libre comercio puedan ser de interés común.
No es conveniente prolongar un comercio basado en exportaciones de productos de
bajo valor agregado y alto impacto ambiental de ALC a la UE y un flujo de
importaciones manufacturadas en sentido inverso. El sindicalismo de ambas
regiones defiende la existencia de un comercio justo.

Por otra
parte en los acuerdos ya firmados y en vigor la participación de la sociedad
civil y de los sindicatos en el seguimiento de los acuerdos prácticamente o no
existe o es muy insuficiente. Son necesarios mecanismos efectivos para el
seguimiento de los Planes de Acción, incluyendo espacios de verificación y
participación para los sindicatos y otros actores sociales.

Los acuerdos
no pueden limitarse a los flujos comerciales y de inversión, sino que deben
respetar y promover siempre el trabajo decente y el conjunto de convenios
fundamentales de la OIT.

2. Inversiones directas y proyectos
de desarrollo sustentable

Establecer
condicionamientos a la Inversión extranjera directa siempre ligados con
proyectos nacionales o regionales de desarrollo sustentable, que aporten a la
generación de empleo permanente y decente y que garanticen la transferencia de
tecnologías que contribuyan con estos proyectos. Participación de los
sindicatos y movimientos sociales en las políticas económicas para regular la
inversión extranjera y el comercio internacional.

Verificamos
que la crisis que vive el sistema capitalista ha profundizado la brecha entre
pobres y ricos y favorecido la alta concentración de la riqueza, generando
mayor precariedad, pobreza y exclusión. El sindicalismo de ambas regiones
manifiestan su total inconformidad con el hecho de que la mayoría de las
empresas transnacionales no pagan impuestos sobre sus ganancias en ningún país
del mundo. Utilizando mecanismos contables, paraísos fiscales y las brechas en
las leyes internacionales, generan pérdidas multimillonarias de recursos que
deberían servir para mejorar las condiciones de vida de toda la población. Para
profundizar sus altos beneficios, estas ETNs han capturado los espacios de
gobernanza global, promoviendo tratados ultra liberales de comercio, que
condicionan el funcionamiento de las instituciones nacionales y atacando las
democracia en países donde hay gobiernos que no están totalmente de acuerdo con
sus intereses.

Demandamos
que los proyectos extractivos y los mega-proyectos que se planifiquen en
territorios indígenas tienen que estar condicionados a la consulta y a la
aprobación de las comunidades indígenas bajo el régimen del Convenio 169 de la
Se hace urgente un nueva orden económico mundial donde la concentración de los
recursos en manos de poco sea superada, que las empresas rindan
transparentemente cuentas de los impuestos que deben pagar y las grandes
fortunas sean tasadas adecuadamente para que los Estados puedan financiar
sistemas de protección social e implementar políticas públicas que promuevan
una mejora en la calidad de vida del conjunto de la población.

Igualmente
la superación de las asimetrías entre las regiones requiere en este momento, de
manera prioritaria, definir un marco regulatorio internacional, que otorgue
previsibilidad al sistema financiero, asegurando el respeto a la soberanía de
las naciones en sus esfuerzos por resolver situaciones críticas que condicionan
sus posibilidades de desarrollo. En este sentido, es fundamental avanzar
"hacia el establecimiento de un marco jurídico multilateral para los
procesos de reestructuración de deuda soberana", el cual deberá ser
debatido este año, tal como promueve la resolución 68/304 de Naciones Unidas,
impulsada por Argentina a partir del ataque de los "fondos buitre",
que fuera aprobada por amplia mayoría en la Asamblea General de septiembre de
2014 y respaldada por unanimidad por el Consejo General de la CSI.

Una medida
esencial para el desarrollo de los países de ambas regiones, es la auditoria
sobre toda la deuda externa, la condonación de la deuda ilegítima y la
orientación de esos recursos para atacar los problemas de la pobreza y la deuda
social con la mayoría de la población. No habrá desarrollo en nuestros países
si generaciones de ciudadanos/as son condenados al pago de una deuda contraída
irresponsablemente para financiar los negocios de unos pocos.

3. Superar la brecha tecnológica

Para superar
las brechas tecnológicas y desigualdades entre las naciones del norte y las del
sur expresadas tanto en el sistema de patentes y registros como en el
desarrollo técnico y científico, deben establecerse garantías para el acceso al
conocimiento y facilitarse los procesos de transferencia y acceso a la
tecnología por parte de los países menos desarrollados. Se trata de contraponer
a las estrategias de las empresas multinacionales que dominan las cadenas
globales de valor y buscan preservar el control de la innovación y las
ingenierías en los países sede, lo que perpetúa un ciclo perverso del comercio
asimétrico y nuevas formas de dependencia.

4. En defensa de los ciudadanos y
ciudadanas de los dos continentes

Europa y
América Latina y el Caribe tienen una ya larga historia de flujos migratorios
en ambos sentidos, que continua hasta el presente. Por eso el reconocimiento de
los derechos de esos ciudadanos y ciudadanas fuera de sus países de origen es una
reivindicación fundamental para el movimiento sindical internacional.
Defendemos el reconocimiento de la doble contribución al desarrollo económico,
social y cultural de los migrantes, tanto en el estado origen como el estado
receptor. Garantizar la libre circulación de las personas, de las y los
trabajadores, el derecho a migrar, a no migrar, a permanecer o a retornar
dignamente. Los y las migrantes, regularizados o no, deben gozar de iguales
derechos que los demás ciudadanos. La opción de migrar no debe tener que
enfrentar barreras y obstáculos, ni los migrantes deben ser objeto de
criminalización.

Los estados
deben garantizar el derecho a retornar para los migrantes que decidan volver a
su país de origen. Reconocimiento del principio de no repatriación en los casos
que involucren violación de los derechos humanos en los países de origen, en
casos de víctimas de terrorismo, de tráfico y de trata de personas, explotación
sexual y laboral, accidentes de trabajo y represión por actividad política y/o
sindical.

Las
migraciones son un mecanismo vinculado a la integración y sus efectos positivos
van más allá de la forma de vida de los migrantes y sus familias, sino también
en la economía general, el enriquecimiento de las culturas y la integración de
los pueblos. Los gobiernos de ambas regiones deben dotarse de una legislación
que proteja, integre y no criminalice, ni discrimine a la población migrante.

Demandamos
la adopción de una adecuada legislación y la implementación de políticas
públicas efectivas en este sentido. Especialmente demandamos la ratificación de
los Convenios 97 y 143 de la OIT sobre Trabajadores Migrantes y la Convención
Internacional sobre los Trabajadores Migrantes y sus Familias de Naciones
Unidas.

5. Derechos humanos y sindicales

En los
últimos años la OIT ha estado sujeta al ataque de los empleadores y ciertos
gobiernos que pretenden reducir o eliminar su mandato en materia normativa y
vigilante en la aplicación de las normas internacionales del trabajo, a la vez
que promotora de políticas laborales y de protección social. Esto se expresa en
su pretensión de reducir el papel del Grupo de Trabajadores de la OIT y
desconocer la autoridad de los órganos de control de la OIT para definir
internacionalmente el alcance de los Convenios. En este marco se inscribe la
agresiva cruzada mundial de los empleadores contra el Convenio 87 y el derecho
a la huelga, que trajo como consecuencia la paralización del trabajo de la
Comisión de Aplicación de Normas de la OIT. Una actitud temeraria que se contradice
con décadas de reconocimiento por parte de los propios empleadores respecto a
los dictámenes de la OIT.

No cabe duda
que éste ataque constituye parte de la estrategia del globalismo neoliberal que
pretende anular el reconocimiento de la huelga como derecho humano de todas las
trabajadoras y trabajadores del mundo. Por ello este es un tema crucial que
trasciende cualquier espacio territorial y se proyecta, incluso en el
continente europeo, donde la justificación de asegurar una salida la crisis económica
sido utilizada para implementar políticas de austeridad y de estabilidad
monetaria que, en materia de derechos sociales y laborales, han significado
“políticas a la baja”, sobre todo en los países del sur de Europa (España,
Grecia, Italia, Portugal).

En estos
países europeos el ataque a los derechos sindicales se ha dirigido
principalmente a la sustracción de competencias de las organizaciones
sindicales en el ámbito de la negociación colectiva y a la criminalización de
la acción sindical, ésta última, concretada en la apertura de procedimientos
penales contra trabajadores y trabajadoras por haber participado en acciones
legítimas de huelga contra las medidas de austeridad y las reformas laborales.
En toda la región los sindicatos vienen siendo deslegitimados como
interlocutores sociales, debilitando los espacios de diálogo y participación
construidos a lo largo de décadas. El autoritarismo económico que orienta a
gobiernos y empresas ataca a los principales instrumentos de democratización
social en Europa, el sindicato y la negociación colectiva.

En América
Latina y el Caribe las/os trabajadoras/es al servicio del Estado, en su gran
mayoría, están impedidos del ejercicio del derecho a la negociación colectiva,
dejándoles desasistidos de un conjunto de derechos. Instamos a los gobiernos a
la ratificación del Convenio 151, sobre negociación colectiva en el sector
público y a seguir transitando en el camino de la aplicación de la negociación
colectiva en la Administración Pública.

Frente a la
embestida patronal y gubernamental en contra del sistema normativo y de la OIT,
es fundamental una acción sindical en defensa de los convenios 87 y 98, sobre
libertad sindical y negociación colectiva, y los convenios 151 y 154,
relacionados a la negociación colectiva y la sindicalización en el sector
público.

Las actuales
condiciones que prevalecen en el mundo del trabajo, continúan incrementando los
impactos negativos de manera desproporcionada hacia las mujeres, quienes tienen
múltiples desventajas en el acceso al mercado laboral y debido a que la
división sexual del trabajo, no les permite las mismas oportunidades que tienen
los hombres en sus opciones laborales y en el acceso a mejores condiciones de
trabajo. Situación que se recrudece con los roles sociales establecidos, que
tradicionalmente obligan a las mujeres con responsabilidades ligadas al trabajo
del cuidado y al trabajo del hogar, a tomar empleos informales con bajos
salarios y sin seguridad social, incluso persiste un mayor índice de desempleo
en relación a los hombres.

Impulsar el
trabajo decente de acuerdo a lo establecido por la OIT, es imprescindible en la
intención de obtener condiciones de trabajo y de vida dignas.

Así también
impulsar la ratificación del Convenio 189 sobre Trabajo Digno para trabajadoras
y trabajadores del hogar y que Gobiernos, empleadores y sociedad en su conjunto
asuman el trabajo del cuidado que en gran medida sólo recae en las mujeres.
Igualmente se hace necesario la ratificación del Convenio 156, relacionado con
responsabilidades familiares compartidas y equidad salarial. La discriminación
y la violencia en contra las mujeres es generalizada y, esto constituye mayor
violación de los derechos humanos, las mujeres enfrentan condiciones de mayor
vulnerabilidad en los diferentes ámbitos de la sociedad, se ven amenazadas y
afectadas por los diferentes tipos de violencias.

El
feminicidio en algunos países de Latinoamérica como extrema violencia, se
arropa en la impunidad y la falta de justicia. En las diferentes naciones se
tienen avances para prevenir, eliminar y sancionarlas, sin embargo, no siempre
se lleva a cabo la aplicación de las legislaciones. En cuanto a la violencia
laboral, son pocos los países que cuentan con una protección frente a la
violencia de género en el lugar de trabajo, por lo que la creación de un
Convenio de la OIT, contribuirá a la aplicación de los derechos humanos de las
mujeres.

En materia
de DDHH el movimiento sindical euro-latinoamericano expresa su profunda condena
por la grave situación de vulneración de derechos humanos en República
Dominicana que afecta actualmente a millares de migrantes haitianos y de
dominicanos de ascendencia haitiana y a sus familias, cuyos derechos a la
nacionalidad han sido violados y por ello se encuentran, expuestos a una inminente,
e injusta y masiva deportación así como a acciones violentas de discriminación
(despojo de pruebas que evidencian su permanencia o nacimiento en territorio
dominicano, deportaciones forzadas). Condenamos igualmente el comportamiento
del gobierno haitiano, que no actúa en defensa de sus ciudadanos/as en
República Dominicana, además de sostener una política que desconoce los
derechos laborales, ataca a los sindicatos y condena a la precarización y a la
informalidad a la mayoría de la población haitiana. Saludamos el trabajo de
solidaridad del sindicalismo dominicano con la población haitiana residente en
su país.

6. Cambio Climático y Transición
Justa

Después de
una sucesión de COPs con resultados decepcionantes para los trabajadores,
trabajadoras y el resto de la sociedad, nos mantenemos movilizados y estamos
fortaleciendo alianzas hacia la COP 21 a desarrollarse en París en diciembre de
2015.

Esta COP
marca un hito fundamental en el proceso internacional, porque es necesario
alcanzar un nuevo acuerdo legalmente vinculante, basado en las
responsabilidades comunes pero diferenciadas y las respectivas capacidades de
cada país, ambicioso y equitativo, firmado por todos las partes, que permita
garantizar la estabilización de las concentraciones de gases efecto invernadero
a niveles que eviten los peores efectos de las interferencias antropogénicas
sobre el sistema climático y aseguren una alta probabilidad de conseguir que la
temperatura media del planeta no supere los 2º C o 1,5º C, si es posible, por encima
de los niveles preindustriales. El Acuerdo de París, no puede reducirse a
lograr, sólo compromisos de mitigación. El nuevo régimen climático deberá
garantizar un objetivo para la adaptación con el apoyo financiero tecnológico y
humano necesario, en un marco de Transición Justa que permita asegurar la
justicia social y climática.

Como
movimiento sindical estamos convencidos que una acción climática eficaz, no se
basa en la retórica de las conferencias, por ello vamos a seguir presionando a
nuestros gobiernos para que las políticas climáticas a nivel doméstico sean
coherentes con los objetivos de la Convención Marco.

En este
contexto reclamamos estrategias nacionales que permitan implementar acciones
concretas para asegurar las transformaciones necesarias hacia sociedades más
sustentables. Para lograrlo será ineludible la apropiación democrática de la
energía, la modificación de las matrices energéticas que garanticen una alta
participación de energías renovables, el desarrollo y transformación de industrias
más limpias, la reducción de la deforestación, la promoción de trabajo decente,
la planificación de nuestros territorios y economías, es decir cambios
estructurales en las relaciones sociales, en la manera de producir y consumir,
acompañados de justicia social, equidad y democracia participativa como
herramientas insustituibles de cambio político, porque sin ellas, la eficiencia
no sirve de nada.

Hacemos un
llamado a los gobiernos de los dos continentes a avanzar en sus negociaciones
para que la búsqueda del bien común supere las políticas basadas en las
asimetrías heredadas de nuestros pasados compartidos. Eso significa respetar
derechos sociales y humanos, avanzar en la democratización de nuestras
sociedades y cambiar modelos de producción y consumo, pero sobretodo significa
cambiar paradigmas en las relaciones Norte-Sur como lo venimos reclamando hace
décadas.

7. Fortalecimiento de la paz y de la
democracia

El
movimiento sindical reitera la necesidad de consolidar la democracia y la paz
en todo el mundo. Consideramos que para ello es fundamental reforzar la
gobernanza mundial en todas las instancias para resolver los conflictos de
forma dialogada y pacífica en el marco de las Naciones Unidas y demás
instancias internacionales. En el ámbito de los países es necesario impulsar el
dialogo y el respeto a los gobiernos y autoridades elegidas libremente por la
ciudadanía.

Acompañamos
positivamente el proceso de negociación de paz en La Habana desarrollado por
las FARC-EP y el gobierno colombiano, esperando pueda ser extendido en una mesa
de diálogo con el ELN.

En ese mismo
sentido saludamos el dialogo abierto entre los gobiernos de Cuba y EEUU, para
el restablecimiento de las relaciones entre los dos países, que deberá
complementarse con la suspensión definitiva y completa del bloqueo económico,
comercial y financiero a Cuba. También consideramos positiva la apertura de
negociaciones entre la UE y Cuba para la superación de la “Posición Común” de
la UE y la apertura de la negociación para un acuerdo de cooperación, para lo
que será fundamental el acompañamiento de la CES y sus afiliadas.

Saludamos la
decisión del gobierno de Uruguay de conceder refugio a 6 ex prisioneros de la
prisión de Guantánamo y la solidaridad del sindicalismo uruguayo para su plena
reintegración a la sociedad.

Por el
contrario, rechazamos la reciente declaración del presidente de los EE.UU.,
Barack Obama sobre el gobierno de Venezuela, porque constituye un acto de
injerencia interna en un país soberano y no contribuye a la resolución del
conflicto interno. Consideramos que la situación política en ese país debe
resolverse internamente, con diálogo entre las partes, de forma democrática y
sin ningún tipo de amenazas o intervención externa.

8. Tratado de Servicios de Comercio
(TISA)

En la
búsqueda de profundización de su control total de la economía global, las
grandes corporaciones y algunos gobiernos del norte, vienen impulsando acuerdos
comerciales de nueva generación como el Tratado de Servicios de Comercio (TISA)
que afecta a la Unión Europea y a muchos países de CELAC. Esas propuestas de
acuerdos, siempre debatidas y negociadas en secreto, representan una amenaza
más a los/las trabajadores/as y ciudadanos/as.

Las
organizaciones sindicales euro-latinoamericanas y caribeñas demandamos que
cualquier tratado preserve los servicios y derechos básicos de la población y
sea presentado y debatido públicamente antes de ser acordados.

Especialmente
ratificamos que la educación, la salud y el agua, son derechos humanos y deben
quedar fuera de las negociaciones comerciales y garantizados como derechos para
toda la población. Llamamos a los gobiernos de ambas regiones a debatir con la
sociedad sobre el destino de dichas negociaciones. Los acuerdos no pueden
limitarse a los flujos comerciales sino que deben respetar siempre el trabajo
decente donde éste exista y deben también promover el conjunto de convenios
fundamentales de la OIT.