En su
intervención, De Gennaro sostuvo que “nosotros no estamos de acuerdo con la
rebaja de aportes patronales porque es un contrasentido. Quienes venimos
peleando por un sistema de seguridad social creemos que hay que recuperar la
capacidad de autofinanciar valores. Que hoy haya 5 millones de jubilados que
ganan $2.760 es una inmoralidad porque no alcanza para lo más mínimo".

"Entonces
vamos a discutir el futuro, y eso es lo que planteamos en nuestro dictamen.
Levantemos la mira y planteamos no bajar los aportes patronales porque, además,
en 2008 hubo una mejora pero no alcanzó y en los ’90 bajaron los aportes, vino
la devaluación y los aportes no volvieron", consideró el fundador de la
CTA.

"Por
eso consideramos que si no hay posibilidades de incorporar las modificaciones
propuestas, presentaremos nuestro dictamen en minoría”, agregó De Gennaro, que
continuó recordando las propuestas concretas planteadas oportunamente al
Ejecutivo: “Siempre propusimos iniciativas para el debate. Cuando hace unos
años, y como secretario general de la CTA, en nuestra primera reunión con el
Ministro, le ofrecimos 50.000 inspectores porque sabíamos que no hay mejor
inspector contra el trabajo no registrado que el delegado en el sector de
trabajo. Que los inspectores vayan a las inspecciones acompañados por la representación
de los trabajadores en el lugar es una garantía de control”.

Para De
Gennaro,”el cambio sustancial en este tema es entender que la informalidad es
la manera que tienen las grandes empresas de mantener la tasa de ganancia y su
rentabilidad”. También planteó que, “en lugar de concederle beneficios, como
propone el proyecto oficial, hay que castigar severamente a las empresas que no
registran a los trabajadores o mantienen su precariedad, sacándoles todos los
beneficios de créditos, subsidios y todo aquello que les otorga el Estado y que
no puedan ser oferentes del Estado”.

Y agregó:
"Nosotros también planteamos la constitución de una comisión para discutir
la finalización de la precarizacion del trabajo en el Estado. El mayor nivel de
precariedad e informalidad laboral está en los Estados nacional, provinciales y
municipales, en los que ni siquiera llegan al Salario Mínimo, Vital y Móvil.”

En los
fundamentos de su dictamen, UP da cuenta de los numerosos fracasos vinculados a
la reducción del costo laboral para blanquear trabajadores. Luego de sostener
que el proyecto oficial es contradictorio cuando dice que las pymes y los micro
establecimientos no registran a los trabajadores porque tienen problemas de
competitividad, UP encuentra la contradicción en el hecho de que lejos de
resolver el problema de la competitividad, el proyecto oficial propone abaratar
el registro de trabajadores, es decir, legalizan el no registro.

Para UP la
solución es otra. “Hay que darle a las PyMES y a los micro establecimientos un
trato preferencial en materia de impuestos, crédito, tecnología y
comercialización para que aumenten su competitividad y puedan pagar las
contribuciones patronales”, explicó Claudio Lozano.

Elementos de
la propuesta incluida en el dictamen que presentó De Gennaro:

–
Jerarquizar la tarea de los Inspectores, otorgándoles un reconocimiento pleno a
la labor que compete a la inspección del trabajo, evitando que se desnaturalice
su misión. Al efecto se hace imprescindible que se establezca un escalafón y
categorías profesionales diferenciadas para los que realicen dichas tareas.

– Creación
de una Mesa de Trabajo con representantes del Ejecutivo Nacional y de las
Organizaciones de Trabajadores con Ámbito en el Estado Nacional, para hacer un
seguimiento y regularización, mediante pase a planta permanente, de las
contrataciones irregulares del Estado Nacional, invitando a las provincias y
municipios a seguir el mismo procedimiento.

– Creación
de una Unidad de Fiscalización del Trabajo Irregular con representación de las
Centrales Sindicales, del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de
la Nación y del Ministerio de Economía y Finanzas públicas de la Nación.

– Asimismo
se deberá garantizar en las inspecciones que realice el Ministerio, la
presencia como veedores de las organizaciones de los trabajadores
correspondientes al ámbito donde se realice la inspección. Si no existiesen
delegados de las organizaciones en el lugar de la inspección, el Inspector del
Ministerio de Trabajo, en su calidad de funcionario público, dará fe de la
designación -a propuesta de los trabajadores- de un representante de los
mismos, quien gozará a partir de ese momento de la tutela sindical dispuesta en
el Titulo XII de la Ley 23.551.

– Asociar el
tratamiento diferenciado para PyMES (Ley Marco para PYMES,
microestablecimientos y unidades de la economía popular) con la registración
laboral. Ello deberá incluir tratamiento diferenciado para las PYMES en las
líneas de acceso a créditos, prioridad en las licitaciones públicas, protección
frente a las grandes empresas, programas de formación y capacitación
profesional, ayuda en materia de sustitución de importaciones, radicación de
actividades de Investigación y Desarrollo, modernización de las tecnologías,
desarrollo de nuevos proveedores y clientes, entre otros.