ATE

A diez años de la represión que mostró el salvajismo de la Policía Metropolitana como brazo armado del macrismo para usurpar espacios públicos, cómo fue y en qué estado están las cosas.

Eduardo Silveyra, escritor y periodista.

HECHOS. Ese viernes 26 de abril de 2013 amaneció nublado, en el cielo se presagiaba una tormenta y entre los trabajadores y los internos, comenzó a circular un rumor brumoso y cargado de malos augurios; las fuerzas policiales de la Metropolitana se agrupan en los fondos y en las calles aledañas al Hospital Borda. Hubo quienes ingenuamente pensaron que nada ocurriría, ya que ni en tiempos de guerra se ataca a un hospital, pero siendo Mauricio Macri el jefe de gobierno, violador serial de toda regla, lo mejor era tomar precauciones y muy pronto se comenzaron a enviar mensajes a otras juntas internas de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) para que brindaran su solidaridad y se hicieran presentes en el lugar. El motivo de la presencia policial tenía un fin preciso, custodiar la demolición de un edificio donde funcionaba un taller protegido, para erigir en el mismo terreno y en los adyacentes un Centro Cívico, donde se ubicarían algunos ministerios de la Ciudad que funcionaban en el Edificio del Plata y en Bolívar 1, además claro está, de emprendimientos gastronómicos, en sintonía con la gentrificación llevada adelante en el barrio de Barracas. Desde la junta interna se había presentado una medida cautelar a la justicia, que debía expedirse el 29 de ese mes, pero las fuerzas policiales al mando del ex subjefe de la misma, Ricardo Pedace, cumpliendo órdenes de Macri, ignoró la medida judicial y se adelantó tres días para cumplir la misión demoledora. Pedace, además de presidir el Rotary Club de Caballito, tiene una larga experiencia en políticas represivas ya que ingresó a la Policía Federal en 1974, siendo su primer destino la comisaría 19.

Al tiempo que transcurrían las horas, se agruparon en el lugar unos trecientos trabajadores, internos, legisladores y periodistas, quienes vieron que un número casi igual de efectivos policiales, fuertemente armados y protegidos por escudos, iba tomando posiciones. Muchos de los policías, según testimonia Nicolás Rodríguez Saá, delegado de ATE que participó de la movida, nos cuenta que: “Estaban sacados, no es de extrañar que tuvieran alguna droga encima, muchos tenían los ojos desorbitados y enrojecidos, por la manera en que reprimieron, disparando balas de gomas y gases a poco metros de distancia y golpeando a la gente caída en el piso, no se puede deducir otra cosa. Fue una represión desmesurada y salvaje, fueron 400 policías totalmente descontrolados que reprimieron a 300 manifestantes, durante cinco horas”. Así fue que un grupo de jóvenes, escudados por la topadora y la fuerza policial, derribaron la edificación 19, lugar donde funcionaba el taller protegido. En la escaramuza, en la cual la Metropolitana llevaba las de ganar, fueron heridas 50 personas, entre internos, médicos, trabajadorxs, diputadxs y periodistxs. Nunca más descriptiva la frase de “se reprimió a mansalva”, una represión que tenía un antecedente no muy lejano cuando en el 2010 la misma fuerza en conjunto con la Policía Federal, reprimieron a vecinos que reclamando soluciones habitacionales, ocuparon algunas manzanas del Parque Indoamericano, aunque esa vez hubo dos muertos, como para que quedara claro, que, cuando se disputan los espacios públicos en aras del bien común y en contra de los negociados inmobiliarios manejados por el Gobierno de la Ciudad, las cosas son a sangre y fuego. No es nuevo y se corresponde con una política represiva diseñada para tales fines, el uso de la fuerza policial para concretar objetivos precisos por parte del PRO en su momento y de Cambiemos actualmente, lo cual muestra una metodología puesta en práctica cada vez que es necesaria su aplicación. En el último viernes de Semana Santa, un centenar de efectivos de la Policía de la Ciudad, mientras los vecinos dormían o estaban ausentes por el feriado, unos cien efectivos se hicieron presentes en El Galpón de Villa Ortuzar, para proteger a las topadoras que lo demolieron. En la construcción demolida, funcionaba un centro de jubilados, un bachillerato popular, una biblioteca en conjunto con otras actividades comunitarias desarrolladas por los vecinos, en este caso el bien comunitario fue arrasado para construir un canil, que solo beneficia a los posibles habitantes de las torres que se están construyendo y modificando las características urbanas del barrio.

SALUD. La represión en el Borda, no solo volvió a visibilizar otra vez, las políticas neoliberales de usurpación de los espacios públicos, sino la despreocupación total acerca de las políticas de salud pública, que no solo pasan por la no re categorización de enfermeros y enfermeras, que revistan como personal administrativo en los hospitales, los bajos sueldos y los recortes que año a año se implementan en el presupuesto a adjudicar para el funcionamiento adecuado. En cuanto a esto, Gustavo Fernández Ferro, delegado precisamente de los Talleres Protegidos en el Borda, nos dijo: “El edificio del taller no se volvió a reconstruir y pasó a funcionar en un espacio más reducido y tampoco tiene las mismas características que el que fue demolido, donde trabajaban unos 30 internos, en el que funciona actualmente solo hay capacidad para 10 ó 15, nuestra propuesta fue reparar el que se había destruido, que tiene un costo menor que hacer uno nuevo, pero no fuimos escuchados. Todo esto está relacionado con la desinversión en salud pública y en este caso en salud mental, que primero Macri y después Larreta, llevan año tras año achicando el presupuesto, porque en realidad nos les interesa la salud del pueblo. Esto también abarca al congelamiento de vacantes que hay desde hace 6 años a la fecha, hay compañeros y compañeras que se jubilan, pero sus puestos no vuelven a ser cubiertos”.

JUSTICIA. En abril de 2015, la Cámara IV en lo Criminal confirmó los sobreseimientos en la causa del entonces jefe de Gobierno porteño Mauricio Macri, la vicejefa María Eugenia Vidal, el jefe de gabinete Horacio Rodríguez Larretay los ministros de Seguridad Guillermo Montenegro, y de Salud, Graciela Reybaud. Es decir de los responsables políticos de la represión. La confirmación a favor de Macri, llegó en diciembre de 2015, días antes de que asumiera la presidencia. La denuncia por la represión fue llevada adelante por ATE Capital y recayó en el Juzgado Federal Nº 30 cuyo juez, Jorge Alfredo López, se dedicó a dormir causa durante todos estos años. Consultado acerca del estado en que se encuentra la misma, Luciano Fernández, hoy Secretario gremial de ATE Capital, nos dice: “La represión en el Borda sirvió entre otras cosas para mostrar la complicidad judicial con el poder político de cambiemos, el juez durmió la causa. Hay pruebas fehacientes de que Montenegro triangulaba las llamadas desde el ministerio de Seguridad con Pedace, quien estaba al mando del operativo. En la denuncia penal quedaron implicados Ricardo Pedace que era el sub jefe de la fuerza, Horacio Giménez el jefe de la misma y el policía Martín Roth, en el 2018 se pidió la elevación a juicio oral y el juzgado fijo la fecha para febrero del 2019, pero el juicio no se llevó a cabo a pesar del pedido de la querella, integrada por Martín Alderete, Ester Centurión, Ariel Alberto Domínguez, Carlos Farías y Carlos “Choco” Cardozo, fallecido hace unos atrás. Hoy la causa está a punto de prescribir, creemos que es una medida de protección tanto para Giménez Y Pedace, que están a por jubilarse. La complicidad de la justicia para proteger a la fuerza policial es más que evidente, la causa quedó etiquetada como “lesiones leves” algo totalmente ridículo si tiene en cuenta la cantidad de heridos y la responsabilidad de Montenegro, Giménez y Pedace, al que quieren limpiar porque preside el Rotary Club de Caballito”. El argumento, tanto de Giménez y Pedace para justificar la represión ante el juez López, fue el de proteger las maquinarías de las empresas EMA. S. A. DAL Construcciones S. A. y TEXICO, todas vinculadas al negocio de la obra pública del Gobierno de la Ciudad.

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