A
fines de mayo pasado, UPCN aceptó en la sede del Ministerio de Trabajo, Empleo
y Seguridad Social la propuesta de incremento salarial del Estado nacional,
ante la presencia del presidente y su par alterno de la Comisión Negociadora
del Convenio Colectivo de Trabajo General para la Administración Pública
Nacional, funcionarios de la Jefatura de Gabinete de Ministros y la Secretaría
de Hacienda del Ministerio de Economía.

El
incremento de las retribuciones del personal permanente y no permanente
comprendido en el Convenio Colectivo de Trabajo General para la Administración
Pública Nacional se fijó en un 16,15% a partir del primero de junio más un 12%
desde agosto.

Días
después, el Secretario Adjunto de ATE, Hugo Godoy, y el Secretario General de
ATE Capital, José Luis Matassa, concurrieron a la sede ministerial de Trabajo
para explicitar la posición de ATE al respecto.

La representación

Por
un lado, ATE denunció ante las autoridades la práctica anti sindical desplegada
durante los últimos nueve años, por la cual el sindicato es notificado de los
aumentos de salario a través de los medios de comunicación. Además, precisó que
se viola con alevosía el principio de buena fe en la negociación, con la
impunidad que le confiere ser Estado empleador.

Una
vez más, el Estado nacional no convocó a la Comisión Negociadora General.
Resolvió la formalidad de notificar el incremento unilateralmente establecido
con la sola presencia del sindicato UPCN. Durante la última década, ATE rechazó
metódicamente esta forma, ya que se vulneran disposiciones legales como la Ley
24.185 que consagra a la comisión negociadora el ámbito exclusivo en el que se
discuten salarios y condiciones de trabajo.

El
gobierno nacional está vedado de elegir con qué organización sindical
signataria del convenio colectivo se sienta a negociar. No sólo porque hacerlo
atenta contra la libertad sindical, el disenso y la libertad de expresión, sino
porque quien debe garantizar la negociación colectiva y la buena fe es quien
incumple estos principios rectores.

Por
último, ATE expresó la arbitrariedad e irracionabilidad de continuar aplicando
una resolución de 1998 para determinar la representación gremial, ya que durante
los últimos 15 años la cantidad de trabajadores y proporción de afiliados a
cada sindicato ha sido modificada.

El aumento necesario

ATE
hizo un llamado a todas las partes a discutir incrementos salariales basados en
criterios objetivos. No existen parámetros legales ni económicos para proponer
un aumento del 28% que no sea mantener el superávit fiscal en perjuicio de los
trabajadores. La inflación real que es del 38% anual implica una pérdida del
poder adquisitivo del salario. Esta política direccionada es contraria al discurso
oficial de aumentar demanda y privilegiar el consumo interno.

¿Qué
sería un salario justo? ATE manifestó que debe garantizar alimentación adecuada,
vivienda digna, vestimenta, educación de los hijos de los trabajadores,
vacaciones, asistencia sanitaria, esparcimiento y transporte, a lo que debe
agregarse la garantía de una jubilación del 82% móvil del salario de la
actividad. Cualquier cálculo serio determina que para cubrir esas necesidades
se necesitan actualmente 9500 pesos, por lo que la cifra propuesta por el
gobierno y aceptada por UPCN, resulta insuficiente.

Porque
no sólo es importante el porcentaje de aumento, sino la base desde el que se lo
aplica. Para quienes ganan más de 9500 pesos, quizás sea un incremento
significativo, más allá de la pérdida de poder adquisitivo por encontrarse
debajo de los índices de inflación. Pero para la mayoría de los estatales, no
llega siquiera a cubrir las necesidades dignas resguardadas en el artículo 14
bis de la Constitución Nacional.

Para
alcanzar los 9500 pesos, entonces, el aumento promedio debe oscilar en el 40%. El
16,15% primero y el 12% después relegan y dilatan la recomposición salarial del
sector prácticamente en nueve meses. Por lo que sería imperativo reabrir la
discusión en septiembre.

En
definitiva, la negativa del gobierno nacional a negociar salarios indica que no
existe voluntad suya de dignificar a la clase trabajadora. Una praxis consonante
con los argumentos expuestos por las asociaciones de empresas, terratenientes y
la oligarquía. Posturas similares a las del Banco Mundial y al FMI, que
asimilan índices de salario mínimo al de pobreza. Para ATE, no alcanza con no
ser pobre. Al salario digno lo fijan las necesidades, no el mercado.