El vocal del
CDN y representante de los trabajadores en el ministerio, Héctor Carrica,
explicó que de los más de 6.500 trabajadores que cumplen funciones, de planta
sólo hay 1.500 mientras que el resto cumple funciones con contratos por la
disposición 48, como monotributistas que ingresaron por convenios con
facultades.
“Sobre este
último segmento de casi 1.500 pesa hoy la más grave situación laboral”, dijo
Carrica quién también denuncia que “como ellos cumplen funciones en programas
de asistencia sanitaria, como atención primaria, servicios odontológicos, Salud
Mental, Sida o maternidad e infancia, si no se les garantiza la continuidad laboral
los programas corren riesgo de que desaparezcan”. “Y otra cosa grave es que
estos todos estos programas cumplen servicios entre el sector de la población
más vulnerable”.
Mientras explicó
que la presunción “es que tenemos es que el gobierno los busca desmantelar y
reducir el número de puestos de trabajo en el Estado”, Carrica expuso el temor
de que ya no pueda controlarse sanitariamente los efectos que están dejando las
inundaciones en el Litoral. “Brasil ha declarado 2 epidemias, en Misiones hay
un brote de Dengue y no sabemos qué va a pasar cuando terminen de escurrirse
las aguas de las inundaciones”, señaló.
Como parte
de esta problemática que une a la Argentina, Brasil, Paraguay y el Uruguay,
Carrica denunció que ya se ha desmantelado la custodia sanitaria de la
frontera, situación que ha provocado la
eliminación de buena parte de de los controles terrestres, aéreos y fluviales
que hacía el personal de este ministerio.
La ATE
calcula que tiene una representación gremial sobre casi un millar del número
total de trabajadores que compete al Ministerio. Pero también los distingue,
por el caso con UPCN, en que nuestra organización ofrece la afiliación a todos.
“El límite
de afiliación de UPCN son los trabajadores de la disposición 48, nosotros no
distinguimos y por eso también nos hacemos cargo de los compañeros que están en
situación más vulnerables, como ser los que llegan por convenios con
facultades. Gente que gana menos de 9.000 pesos cuando un profesional de planta
puede superar los 15.000 mil”, explicó Carrica, previo a denunciar que ahora,
desde el área de Recursos Humanos, se
están entregando planillas donde el trabajador debe volcar distintos tipos de
datos, como ser las tareas que realizan, programas donde prestan servicios, y
otros personales.
“Para la
calificación ya existe el SINEP”, sostuvo Carrica, quién también denunció la
persecución ideológica sobre el personal: “esto es una aberración que avasalla
los derechos laborales que marcan la propia Constitución, y desde la ATE no lo
vamos a permitir, estamos de pié y listos para asumir la defensa de los
compañeros”, dijo el dirigente del CDN.
Sobre la
situación del personal que son por contratos de financiamiento externo, la
compañera Graciela Ríos explicó que se los ha logrado extender hasta el próximo
28 de febrero, para cuando como ya anunció el Ejecutivo, se produzca una nueva
revisión sobre el contrato de los trabajadores. “Esto afecta a más de 300
trabajadores”, señaló Ríos, quién además reclamo no confundir a la sociedad:
“muchos son trabajadores que llevan desarrollando funciones desde hace más de
10 años, la mayoría están por el plan
Sumar, Médicos Comuntarios, plan Remediar, del Cáncer de Cuello, programas con
contrato de financiamiento externo y que son de suma ayuda para los sectores
más vulnerables de la comunidad”.
Este martes
hubo una multitudinaria asamblea que colmó casi 3 pisos del edificio donde los
compañeros reivindicaron sostener la lucha por sus puestos de trabajo.
