La Seccional Villa Mercedes de ATE repudió la decisión de la Dirección de Rentas de retirar al personal de la nómina de dicho organismo y reemplazarlo por pasantes porque no respeta sus derechos laborales, su estabilidad y las funciones que desempeñan.
“Manifestamos nuestra profunda preocupación y nuestro categórico rechazo ante la situación que atraviesan los trabajadores, frente a la posibilidad de ser trasladados al ámbito del Ministerio de Salud. Los agentes involucrados no presentan problemas de desempeño laboral, inasistencias injustificadas ni llamados de atención que pudieran justificar una medida de esta naturaleza.Por tal motivo, resulta preocupante que se pretenda modificar su situación laboral sin que se les haya comunicado formalmente los motivos, fundamentos y criterios que sustentarían dicha decisión”, expresaron desde la Seccional.
Mediante una nota dirigida a las autoridades Dirección Provincial de Ingresos Públicos del Ministerio de Hacienda, ATE alertó que los agentes fueron notificados el 3 de octubre de 2026 de forma verbal por el responsable del área, Gabriel Ojeda, quien aseguró que serían entrevistados por una persona perteneciente al Ministerio de Salud, con la finalidad de evaluar su eventual traslado a dicha área.
“Consideramos que la situación administrativa de los agentes debe resolverse mediante los mecanismos correspondientes, respetando sus derechos laborales, su estabilidad y las funciones que desempeñan”, advirtieron desde ATE.
Por otra parte, hicieron hincapié en que entre las y los trabajadores afectados existen personas inmunodeprimidas, cuya condición de salud requiere particular consideración y evaluación de las condiciones laborales a las que podrían ser expuestas. Por ello, cualquier eventual modificación de sus funciones o lugar de prestación de servicios debe contemplar sus circunstancias particulares, las recomendaciones médicas correspondientes y la obligación de preservar su salud e integridad psicofísica, evitando asignaciones de tareas o ámbitos laborales que pudieran resultar incompatibles con su condición.
También se señaló el daño moral y emocional que la situación está ocasionando en las y los afectados, quienes atraviesan un estado de incertidumbre, angustia y preocupación ante la posibilidad de ser desplazados de sus puestos de trabajo sin información ni fundamentos debidamente comunicados. Además, la situación provocaría demoras en las tareas administrativas, una posible disminución de la capacidad operativa y un proceso de precarización laboral mediante la sustitución de puestos de trabajo desempeñados por agentes de la Administración Pública por personal bajo un régimen de pasantías.
Desde ATE se sostuvo que la reorganización administrativa no puede llevarse adelante desconociendo los derechos laborales, la estabilidad de los agentes públicos, la experiencia adquirida ni la necesidad de garantizar un servicio eficiente a la comunidad. Por eso exigió al Gobierno respuestas, mientras se suspende el procedimiento administrativo, y una pronta reunión con las autoridades competentes. ATE evalúa las medidas de fuerza en defensa de los derechos e intereses de las y los trabajadores.
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