El Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (SENASA), organismo que se encarga de garantizar la sanidad animal y vegetal, así como la inocuidad y calidad de los alimentos agroalimentarios, se encuentra sufriendo un vaciamiento cada vez más pronunciado según advirtió ATE.
Desde la asunción del Gobierno de Javier Milei el servicio viene sufriendo un vaciamiento cada vez más pronunciado, a partir de la devolución de un cargamento de girasol que se produjo desde Bulgaria y que contenía residuos de pesticidas que no se ajustaban a la norma. La situación dejó en evidencia dos cuestiones: en primer lugar, la desregulación del sector de agroquímicos; en segundo lugar, la resolución 843 de SENASA que flexibilizó el registro de productos. Ambas forman parte de la flexibilización de los controles hacia el interior del país y que afectan no solamente el consumo interno, sino también la economía de Naciones que exigen que el Estado se haga cargo de controlar lo que se compra proveniente de Argentina.
A su vez, ATE identificó una situación preocupante que atenta contra la tarea fiscalizadora del Estado, y que se trata del éxodo de personal debido al congelamiento salarial y que afecta a profesionales y técnicos.
Las y los trabajadores del organismo alertaron que ya están viendo el límite de capacidades del Estado de cumplir con la parte operativa del organismo en los Centros Regionales apostados en cada región del país, porque se están quedando sin profesionales y con personal técnico, en las oficinas, en la sanidad animal de los frigoríficos, en la protección vegetal.
En la misma línea, la problemática en las fronteras comienza a ser la misma: ante la falta de trabajadores, los controles sanitarios comienzan a ser aleatorios, comprometiendo el estatus fitozoosanitario de un país agroexportador, que sigue dependiendo – y cada vez más -, de la agricultura para el ingreso de divisas extranjeras.
Para graficarlo en números, un profesional veterinario, o ingeniero agrónomo que promedia la mitad de su carrera dentro del organismo cobra 1.454.230 pesos bruto, lo que en salario de bolsillo dejaría 1.170.655, mientras que el mismo profesional ingresando a la carrera percibe 1.266.820 pesos en bruto, lo que equivaldría a 1.019.790, ambos salarios por debajo de la línea de la pobreza que, en datos oficiales en febrero de 2026, plantea que una familia tipo necesitó 1.397.672 para vivir. Si tomamos, además, los datos que arroja la medición de los trabajadores del INDEC, de 2.274.094 pesos, la brecha es mucho más amplia.
Según la Junta Interna de ATE INDEC, no se trata de un caso aislado, a febrero de 2026, el salario del trabajador o trabajadora estatal del SINEP (Nivel D0) registra una pérdida del 31% del poder de compra desde la asunción del actual gobierno. Si se toma como referencia diciembre de 2015, el deterioro es aún mayor: el salario debería ubicarse en $1.536.742, pero alcanza apenas $687.360, lo que implica una caída del 57% del poder adquisitivo. Esta pérdida equivale a 41 canastas básicas totales, reflejando la magnitud del deterioro salarial acumulado.
En febrero de 2026 el SENASA, un organismo que en sus mejores épocas tuvo alrededor de 6500 trabajadores en cada rincón del país, cuenta con 4848 trabajadores, un número altamente menor, ya que se pierden entre 20 y 25 trabajadores mensualmente, de un organismo que en el año 2023 estaba compuesto por 6 mil trabajadores. En definitiva, el desarrollo y sostenimiento del servicio, hoy se materializa por el enorme trabajo y esfuerzo de trabajadores que absorben el tiempo, el trabajo, y las horas de otros y otras.
Finalmente para ATE, el éxodo pone de manifiesto que, además de paralizar la producción y el desarrollo industrial, abrir indiscriminadamente las exportaciones y concentrar la economía, compromete seriamente los controles sanitarios de un país al cual, una de las pocas cosas que le queda es la producción agrícola ganadera y la certificación de productos de excelencia.
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