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“Esta decisión condena a los trabajadores a quedarse sin trabajo, sin obra social y fundamentalmente sin la posibilidad de jubilarse. En este momento, el Gobierno presiona a los trabajadores para que elijan entre una PUAM o la calle”, señaló Rodolfo Aguiar.

El Secretario General de ATE Nacional, Rodolfo Aguiar, tildó de “cruel e inhumana” la decisión del Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado de no renovar más allá de los seis meses los contratos de trabajadores mayores de 65 años que no alcanzan los 30 años de aportes, dejándolos sin la posibilidad de acceder a los beneficios del sistema previsional.

“Esta decisión condena a los trabajadores a quedarse sin trabajo, sin obra social y fundamentalmente sin la posibilidad de jubilarse. En este momento, el Gobierno presiona a trabajadores con 29 años de aportes para que elijan entre una PUAM o la calle”, indicó el referente estatal. A día de hoy, la Pensión Universal para el Adulto Mayor es de $279.443.

En este marco, el dirigente de ATE apuntó: “Esto nos pone frente a una nueva ola de despidos, en este caso de todos aquellos que están cerca de jubilarse. Esto no pasó nunca. No existen precedentes. Esta decisión vulnera el derecho constitucional a la previsión social. Tiene que retrotraerse, tiene que ser inmediatamente derogada”.

“A esto hay que sumar la amenaza latente de recortar un 20% de la Jefatura de Gabinete y que sigan sin convocar a paritarias con los salarios cada vez más deteriorados. Es el Gobierno el que sigue acumulando medidas contrarias a los intereses de los trabajadores y será el responsable de acelerar la conflictividad”, concluyó Rodolfo Aguiar.

La decisión fue firmada por el Secretario de Transformación del Estado y Función Pública, Maximiliano Fariña, y expresa que “en los casos de solicitud de renovación de contratos (con un plazo máximo de 6 meses) en los que se requiera la referida autorización, deberá adjuntarse obligatoriamente la constancia de intimación” a jubilarse.

Desde ATE indicaron que esta medida tampoco contempla la posibilidad de alegar razones de criticidad para mantener al trabajador en su función: esto es, cuando un organismo cuenta con una dotación por debajo del mínimo necesario, o que se trate del único técnico con la experiencia y conocimiento necesarios para realizar sus tareas, entre otros casos.

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