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El "Caso Lolen" refiere a un incidente acontecido en 2016, dentro del Parque Nacional Lanín, donde el desprendimiento repentino de un árbol causó la muerte de dos niñes e hirió a dos adultes.

Mediante la presentación de una nota, la ATE pidió una audiencia con carácter de urgente, al ministro de de Ambiente y Desarrollo Sostenible, Juan Cabandié, a fin de poder tratar la situación de les guardaparques que siguen siendo hostigados por la Justicia en el marco del «Caso Lolen», que busca a toda costa encontrar responsables, tomando a les trabajadores como rehenes en un proceso injusto y arbitrario.

Cabe recordar que el «Caso Lolen» refiere a un incidente acontecido en 2016, dentro del Parque Nacional Lanín, donde el desprendimiento repentino de un árbol causó la muerte de dos niñes e hirió a dos adultes.

En su nota la ATE señala que “por ese incidente la institución continúa abordando livianamente la situación, sin dimensionar las consecuencias y dando lugar a que se carguen injustamente todas las culpas en trabajadores”.

Agrega el documento que “vale resaltar que el resultado del mismo a su vez condicionará la forma de trabajar de todes y cada une de quienes integran la Administración de Parques Nacionales (APN), tanto guardaparques, como brigadistas, técnicos/as y administrativos/as”.

A su vez el sindicato consideró prioritario que “les trabajadores cuenten con un adecuado respaldo institucional que les permita trabajar en la conservación de las Áreas Naturales Protegidas, sin el temor constante de terminar cargando a nivel personal con la responsabilidad sobre cada uno de los innumerables factores imprevisibles que tiene la naturaleza y los ciclos ecosistémicos”.

Por ello ATE exige a las autoridades de la APN y del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible que “implementen las acciones que correspondan a fin de garantizar el andamiaje normativo necesario para que así quienes integran la APN puedan trabajar al servicio de la conservación y la sociedad, fortaleciendo las posibilidades de disfrute de las áreas protegidas, en lugar de propuestas crecientemente restrictivas que, en función de pretender eliminar riesgos, van rumbo al cierre al público de las mismas”.

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