El Frente Gremial, integrado por cinco de los
principales sindicatos de Entre Ríos, informó hoy que acudirá a la justicia y
definirá un plan de lucha, en rechazo a la decisión del Gobierno de la
provincia de eliminar el régimen especial de jubilaciones para docentes y
trabajadores de la salud mental.

Hasta ahora, el sistema, establecido en 2001, permitía
que para acceder a la jubilación, los trabajadores podían compensar tres años
de exceso de aportes por un año de edad.

El jueves pasado, la Caja de Jubilaciones y Pensiones
de Entre Ríos emitió una resolución que elimina ese régimen especial de
"tres por uno" para jubilaciones de docentes de educación especial y
trabajadores de salud mental.

El Frente está integrado por la Asociación
Trabajadores del Estado (ATE); la Asociación Gremial del Magisterio de Entre
Ríos (Agmer), gremio docente mayoritario; de Enseñanza Técnica (AMET); la Unión
Docentes Argentinos (UDA); y el Sindicato Argentino de Docentes Privados
(Sadop).

En un comunicado, los gremios consideraron que la
decisión de Entre Ríos constituye "una reforma laboral y previsional por
goteo", en un "camino de ajuste sobre los que menos tienen para
financiar la crisis".

"Estamos muy preocupados; vamos a defender la ley
porque son conquistas de los y las trabajadores y un acto de justicia a un
sector muy castigado por la precariedad laboral y salarial", dijo el
secretario General de ATE Entre Ríos, Oscar Muntes.

Su par de Agmer, Marcelo Pagani, resaltó que la nueva
resolución "atenta contra el principio básico de la progresividad de
derecho", por lo que no permitirán que "en un gobierno democrático,
una norma haga retroceder en términos de derechos".

En ese sentido, detalló que el Frente Gremial irá
"otra vez a la Justicia" y definirán acciones conjuntas "a nivel
provincial y en los departamentos" del distrito.

La medida "equiparaba y daba trato igualitario a
las jubilaciones" y su eliminación provoca "una situación injusta e
inconstitucional por su diferenciación injustificada", agregaron.

Por eso, exigieron la "inmediata derogación"
de la resolución de la Caja de Jubilaciones, ya que -dijeron- "no es el
camino" porque aumenta la "angustia y malestar" y profundizaría
el conflicto.