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ATE

En las últimas horas, el Intendente de la localidad de Contralmirante Cordero, Gustavo Pita inició un fuerte proceso de persecución laboral y decidió el despido de nueve trabajadores por su manera de pensar.

Frente a este repudiable accionar, la ​​ATE provincial evalúa realizar distintas medidas de fuerza ​en los próximos días. Por otro lado, se solicitará que se investiguen graves irregularidades en la
referida comuna.

Pita cae en recurrentes acciones
antisindicales
, alternando seducción y persecución para que los
trabajadores se desafilien del sindicato. En este sentido pudo comprobarse
que ofreció dinero y 
​hasta ​terrenos para que los
empleados 
​dejen de estar en ATE; ​además
de amenazar con sancionar
y
despedir 
a los que no lo hacían.

​En cuanto a los
trabajadores cesanteados, se trata de empleados con más de 
​cuatro años de antigüedad y ​que cumplen funciones esenciales para la prestación de los servicios.

​ ​Claramente, obedecen a la necesidad de encubrir delitos
cometidos 
​por el funcionario ​en ​su ejercicio, a partir que las mismas comenzaron en el momento que los
trabajadores 
​decidieron afiliarse a ATE y denunciar una serie importante de
irregularidades en la comuna.
​

"Por momentos,​ nos parece volver a la última
dictadura militar, porque estas cesantías en nada difieren a las de aquella
época. En ambos casos son despidos ideológicos. No podemos permitir que quienes
detentan un poco de poder, pretendan castigar a las personas por su forma de
pensar”, declaró Dora Fernández,
Secretaria General de la Seccional Norte de ATE
 y completó:
"Queremos que sean investigadas todas las irregularidades y que la
Municipalidad vuelva a estar al servicio de todo el pueblo. 
​Parece que
esta comuna no 
​tuviera Intendente, ​sino un dueño".

 

​​Por otro lado, ATE
denuncia el incumplimiento 
​por parte ​del ​Poder Ejecutivo ​Local,​ en materia ​​de aportes
al sistema de previsión social
 y el dolo existente a la hora de proceder a liquidar los sueldos de
los trabajadores durante varios años. Esto no sólo requiere la
intervención 
​urgente ​de la Secretaría de Trabajo, sino de la propia ​Justicia provincial,
teniendo en cuenta que existiría un millonario desvío de fondos.

En segundo término, el Intendente decidió poner ​​maquinarias
(tractores y acoplados) de su propiedad, al servicio del 
​Municipio,
configurando esto una 
​auto-contratación inescrupulosa.

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