La decisión judicial de anular las elecciones democráticas y con enorme participación de la Unión Obrera Metalúrgica es un ataque directo contra una organización sindical que está junto a sus trabajadores. No es casual este ataque. Comenzó poco después de que la UOM fuera la casa donde nos encontramos las organizaciones sindicales que decidimos enfrentar, en todos los terrenos posibles, los embates que el gobierno nacional desplegó contra la clase trabajadora desde el primer día de su gestión.

El objetivo de este gobierno estaba claro: destruir los salarios y a las organizaciones de trabajadoras y trabajadores. Por eso, licuó los ingresos y provocó una transferencia brutal de recursos desde las y los trabajadores y jubilados a los empresarios, puso en marcha un protocolo antiprotestas y firmó el DNU 70/23, que contenía una regresiva reforma laboral. Todo eso ocurrió en los primeros diez días de gestión. Ahí se podía ver claramente el rumbo del gobierno.

Ante esas políticas se levantó el Frente de Sindicatos Unidos (FreSU), que comenzó a reunirse en la UOM. Hacia allí apuntaron los cañones todos los sectores de poder que, utilizando a la Justicia -la Sala VIII de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo-, anularon las elecciones de la Seccional Zárate-Campana de la UOM, donde Abel Furlán fue reelecto por el 85% de los votos. Pocos días después, el 18 de marzo, se realizó el Congreso Nacional de la UOM, en el que Furlán fue reelecto como Secretario General a nivel nacional por el 80% del total de los electores.

El fallo fue firmado por los jueces Víctor Pesino y María Dora González. Se trata de los mismos magistrados que restablecieron la vigencia de la regresiva reforma laboral el 23 de abril pasado. Menos de 24 horas después, el gobierno de Javier Milei recompensó al juez Pesino con 5 años más en su cargo, a pesar de haber sobrepasado el límite de los 75 años de edad.

Se trata de una persecución política, grosera y direccionada contra la conducción de la UOM, que se ha puesto a la cabeza de la lucha contra la regresiva reforma laboral junto a las más de 140 organizaciones que integramos el FreSU, en defensa de los derechos laborales de la clase trabajadora argentina.

Repudiamos esta arbitraria intervención y reclamamos su cese inmediato, y la devolución de sus cargos a quienes fueron electos para ocuparlos por sus pares, las y los trabajadores metalúrgicos.

Exigimos el respeto a la autonomía y a la democracia sindical, tal cual está garantizada por la Constitución Nacional, la Ley Nº 23.551 y tratados internacionales.

Toda nuestra solidaridad con Abel Furlán y las y los compañeros metalúrgicos. Que quede claro: no hay hostigamiento que sea capaz de detener la lucha de la clase trabajadora argentina.