El 2 de abril de 1982 la Junta Militar a cargo de Leopoldo Galtieri dio inició al conflicto armado entre la República Argentina y Gran Bretaña por el reclamo sobre la soberanía de las Islas Malvinas, usurpadas en 1833, a partir del desembarco de las tropas de Infantería de Marina y Comandos Anfibios de la Armada Argentina en el territorio.
En el marco de un creciente malestar social, motivado por los graves desequilibrios económicos y políticos, el gobierno dictatorial decidió reposicionar su desprestigiada imagen ante la ciudadanía apelando al sentimiento patriótico por la recuperación de Islas Malvinas, Georgias del Sur, Sándwich del Sur y los espacios marítimos e insulares correspondientes. Así, Argentina le declaró la guerra al Gobierno de Margaret Tatcher y desató un conflicto bélico que se extendería poco más de dos meses y dejaría un saldo de 649 ciudadanos argentinos muertos en combate.
Para Gran Bretaña las Islas formaban parte de un plan estratégico económico y militar no solo por su ubicación geográfica, clave por el control y acceso a la Antártida, sino también por los valiosos recursos naturales propios de la región – pesca, petróleo, agua, entre otros -.
La intención extractivista subyacente que motivó la disputa por el territorio hoy sigue latente y puede detectarse en la nueva Ley de Glaciares que está impulsando el Poder Ejecutivo Nacional y que pone en riesgo la seguridad hídrica nacional y la preservación de ecosistemas esenciales. La iniciativa busca habilitar la minería y actividades industriales, flexibilizando la protección de áreas protegidas como el Sector Antártico Argentino.
Es por eso que, en un contexto actual donde el Gobierno de Javier Milei abrió de forma irrestricta al mercado el acceso a los bienes y recursos naturales vitales para la nación, lo que está en disputa para ATE es la soberanía nacional. Asimismo, están en juego el rol del Estado, como garante de los derechos humanos, y su clase trabajadora, brazo protector de esos derechos, sometidos a una brutal variable de ajuste desde diciembre de 2023. Esto se observa en la reducción de la estructura del Estado en un 50%, los despidos masivos y el retroceso de planes, programas y proyectos que significan una profundización de la vulnerabilidad social.
El motor central del Gobierno de impedir que se entorpezca la libre acción del mercado, posibilitando una mayor concentración de las ganancias por parte de los grandes grupos económicos, nacionales e internacionales, seguirá siendo denunciado y resistido por ATE en las calles y en cada sector de trabajo con organización y unidad.
Foto: Alejandro Llebana, Archivo Malvinas Memoria de la Espera, exhibición de la Galería fotográfica de ATE Nacional.
