Este 24 de marzo se cumplen 50 años de la irrupción de uno de los periodos más siniestros de la historia argentina. El golpe de Estado cívico-militar que protagonizó la Junta Militar bajo la falacia de lograr un ‘Proceso de Reorganización Nacional’ significó una reconfiguración social integral y profunda que mancilló el poder de las y los trabajadores organizados alcanzado durante el Gobierno peronista y disciplinó a la sociedad en su conjunto.
Dentro del plan económico impuesto durante esos años se liberaron los mercados, lo cual dañó fuertemente la industria nacional, se generó la caída de los salarios y creció el nivel de desocupación. También aumentó exponencialmente la deuda externa.
Una de las primeras prohibiciones que estableció la dictadura fue la de impedir las protestas y huelgas. La vigilancia sobre la ciudadanía sería un rasgo deliberado de este periodo. Redadas que culminarían con desapariciones forzadas, torturas y muertes de quienes se oponían al régimen, en los más de 350 centros clandestinos distribuidos en el país. Se estima que el 66% de las víctimas fueron referentes y dirigentes sindicales. Estas prácticas ilegales ejecutadas por los grupos de tareas potenciaron el miedo y la desconfianza en la población.
“Este proceso ha significado, para quienes hemos tenido el doloroso privilegio de conocerlo íntimamente, una suerte de descenso a zonas tenebrosas del alma humana, donde la miseria, la abyección y el horror registran profundidades difíciles de imaginar antes y de comprender después” denunciaría Julio César Strassera en su alegato final en el juicio a las Juntas militares en 1985.
El retroceso en materia de derechos laborales, mediante el hostigamiento y disciplinamiento de la clase trabajadora en particular y de la sociedad en general, el retraimiento del rol del Estado, con el desmantelamiento del sector público, y la ‘liberación de las fuerzas productivas’ fueron definiciones políticas centrales que produjeron un cambio de paradigma social. Así, durante ese periodo se suspendieron las paritarias y se congelaron los salarios. La riqueza de capitales se concentró exponencialmente.
Es importante destacar que el proceso que se instauró en Argentina entre 1976 y 1982 tuvo réplicas en otros países de América Latina como Chile, Uruguay, Paraguay y Bolivia.
En medio del terror reinante, familiares de las y los secuestrados empezaron a reclamar por su paradero, recorriendo juzgados, comisarías y oficinas públicas. Esa búsqueda individual luego fue colectiva y se organizó en lo que más tarde se identificaría como las Madres de Plaza de Mayo. La causa fue logrando mayor notoriedad pública, especialmente a partir del interés de algunos medios extranjeros.
Los años pasaron pero el plan económico sostenido profundizó la crisis financiera lo que llevó a la sucesión de múltiples militares al frente del Gobierno de facto y el descreimiento social se terminaría de consolidar con el desenlace de la Guerra de Malvinas. La ciudadanía comenzó a perder el miedo y se retomaron las movilizaciones masivas. El malestar social contra la dictadura culminaría en un llamado a elecciones y en 1983 llegaría la recuperación de la Democracia.
El presidente electo, Raúl Ricardo Alfonsín, dio lugar al juicio a la Junta Militar y la verdad comenzaría a salir a la superficie.
Fueron 30.000 detenidos y desaparecidos, víctimas del terrorismo de Estado, y miles de familias que aun esperan conocer el paradero de sus seres queridos y claman por justicia. Por eso, a 50 años del golpe genocida, ATE ratifica su convicción de lograr la paz social basada en la memoria en la búsqueda de la verdad para alcanzar la justicia.
Foto: Gentileza.
