La Asociación Trabajadores del Estado (ATE) realizó una conferencia de prensa en Rosario con la participación del Secretario General del sindicato a nivel nacional, Rodolfo Aguiar, para exigir la anulación de las causas judiciales a los trabajadores estatales y docentes que ejercieron su legítimo derecho a la protesta frente a la Legislatura santafesina el pasado 12 de septiembre.

“La suerte de Pullaro está echada. El costo político que va a pagar cuando esta crisis sea superada va a ser incluso mayor al del propio Presidente de la Nación. El proceso de criminalización de la protesta social que se lleva adelante en la provincia es de extrema gravedad. Sin dudas hay un ataque a los sindicatos y la intención de infundir miedo y temor, pero tienen que saber que no lo van a lograr”, apuntó Aguiar en conferencia de prensa.
En esta línea, el dirigente nacional concluyó: “En el modelo de país que nos están proponiendo no ingresamos los trabajadores y jubilados con una vida digna. Este es un modelo de país que solo pasa con represión”.

Por su parte, la secretaria general de ATE Rosario, Lorena Almirón, expresó: “Hay un antes y un después en la vida democrática de esta provincia. Además de que fue un verdadero escándalo la manera en la que se aprobó la reforma previsional. La violencia que ejercieron contra los compañeros al momento de apresarlos tiene más que ver con la época dictadura que con estos tiempos. Quiero destacar el compromiso de todas las personas que están hoy acá, la unidad de esta mesa para repudiar la persecución a la protesta”.

La convocatoria de unidad en rechazo a la persecución y el cierre de las causas de trabajadores fue convocada por ATE, AMSAFE Rosario, CTA Autónoma Rosario, FENAT, CTERA, AMSAFE Provincial, CTA de los Trabajadores, COAD, SOEAR, Sadop, Siprus, CATT, Correo, Dragado y Balizamiento, APDH Rosario, CeProDH, Luz y Fuerza, FESPROSA, Judiciales, La Toma, CCC, Abogada APDH Gabriela Durrutti, Matilde Bruera, FIT, Ciudad Futura.
En el marco de una protesta frente a la Legislatura en septiembre contra la Reforma Previsional, fueron imputados penalmente 5 dirigentes sindicales acusados de daño calificado e impedimento de funcionamiento del Congreso (aunque aún no se transmitieron especificaciones personales de los cargos): Maximiliano Molina (ATE Rosario); Román González; Franco Casassola; Diego del Castillo de Curbelo; y Mauro Corna. Un mes después, el 16 de octubre, se libró una orden de detención sobre los acusados, quienes recién serían liberados al día siguiente (17 de octubre) una vez que prestaron declaración ante la jueza, Susana Luna.
La fiscal a cargo de la causa es María Laura Urquiza quien respondería al espacio político del gobernador santafesino, Maximiliano Pullaro.






