La Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito regional CABA, la Red de Docentes y la Red de Profesionales por el Derecho al Aborto, junto con representantes de organizaciones sociales, sindicales y feministas, entre estas Clarisa Gambera, titular de del Departamento de Género y Diversidad de ATE, se presentaron en la Jefatura de Gobierno para entregar un pedido de audiencia con el jefe de Gobierno, Horacio Rodríguez Larreta y el ministro de Salud, Horacio Quiroz.
El documento está respaldado por más de 300 organizaciones, y más de 3500 compañeras y compañeres, y se presentó luego de que el gobierno porteño se negara a responder pedidos de información pública sobre el convenio que pone en marcha el 0800-VIDA. La medida es fruto de un acuerdo entre el Consejo Social de la Ciudad de Buenos Aires, presidido por Cynthia Hotton, el ministerio de Salud de la Ciudad, y organizaciones religiosas y confesionales, explícitamente militantes opositoras al derecho al aborto que ya es ley desde el 2020.
En un comunicado, las organizaciones expresaron su rechazo a una iniciativa que «privatiza las políticas públicas en torno a un derecho cuyo respeto y garantía es deber del Estado, dejándolas en manos de organizaciones que muestran claramente su afiliación a creencias religiosas que militan en contra del derecho al aborto».
«Con la excusa de implementar la “Ley de los 1000 días”», incluyen en todos los hospitales públicos porteños la difusión de cartelería color celeste de un “0800 VIDA”», denunciaron.
«Cientos de organizaciones sociales, colectivos feministas, referentes de organismos de derechos humanos y de la academia, nos convocamos para reafirmar y exigir la efectiva separación de las iglesias y el Estado, que se deje sin efecto este acuerdo y se efectivice el cumplimiento de las leyes vigentes», añadieron.
Asimismo, las organizaciones y personas firmantes del petitorio refirieron la importancia ineludible de la transparencia de los acuerdos, contratos y datos del Estado: «como ciudadanía organizada exigimos que estos sean siempre públicos y la información sea de fácil acceso», indicaron.
«Logramos la sanción de la Ley de IVE, obtenida por la organización, lucha y persistencia de los movimientos feministas en las calles. No permitiremos que el Estado se desentienda de su deber de garantía ni que obture el acceso a nuestros derechos en la Ciudad de Buenos Aires, dejándolos bajo el control y manipulación del poder de las Iglesias», finalizaron.
