El Consejo Directivo Nacional (CDN) de la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) manifestó su total respaldo a la conducción sindical de ATE Entre Ríos y a sus dirigentes, al tiempo que repudió enérgicamente al Poder Ejecutivo de dicha Provincia, que persigue y pretende judicializar a los defensores de los legítimos derechos de las y los trabajadores estatales entrerrianos.
El pasado martes 8 de septiembre, con una contundente movilización a la Dirección General de Recursos Humanos de la Provincia, en el uso irrenunciable de la libertad de expresión y el derecho de peticionar a las autoridades, el Sindicato reclamó la reapertura de Paritarias y la regularización de la carrera administrativa, instancias que bajo ninguna circunstancia pueden ser catalogadas como actos de violencia o intimidación.
Tras la jornada de protesta, la funcionaria Magalí Kapp, integrante de la Dirección de Recursos Humanos de la Provincia de Entre Ríos, presentó una denuncia judicial contra el Secretario de Organización de ATE Nacional, Gustavo Quinteros; el Secretario General de ATE Entre Ríos, Oscar Muntes; y la Secretaria Administrativa de la ATE entrerriana, Mariana Luján.
“La jornada fue una manifestación gremial en demanda de respuestas que el Gobierno debe dar, precisamente, a través de la Dirección de Recursos Humanos y de la Secretaría de Trabajo. Se reclamó por trámites demorados, derechos laborales, carrera administrativa, salarios y la urgente apertura de Paritarias. Son reclamos legítimos que el Ejecutivo conoce y viene postergando”, expresaron a través de un comunicado desde ATE Entre Ríos.
Además remarcaron: “ATE reivindica firmemente los derechos constitucionales a peticionar ante las autoridades y a ejercer la protesta sindical. Cuando un Gobierno no brinda respuestas en tiempo y forma a los trabajadores, y estos reclaman por ello, no puede pretender reemplazar el diálogo por la criminalización de quienes demandan soluciones concretas”.
Desde la ATE entrerriana advirtieron también un dato clave: la funcionaria que radicó la denuncia ni siquiera se encontraba en su lugar de trabajo al momento de realizarse la manifestación.
Por su parte, la Secretaria Adjunta de ATE Nacional, Mercedes Cabezas, manifestó su solidaridad y ratificó el respaldo a los dirigentes denunciados: “El derecho a huelga y a manifestarse está contemplado en la Constitución Nacional, por lo que resulta descabellado que una funcionaria judicialice la protesta social”.
Con esta acusación totalmente falaz, el Gobierno entrerriano hostiga y persigue a los dirigentes sindicales, pretendiendo silenciar los reclamos de las y los trabajadores estatales con el único fin de encubrir el ajuste que pulveriza al empleo público y vulnera los derechos conquistados. Se trata de una clara acción antisindical y antidemocrática, un avance hacia la criminalización y judicialización de la protesta social que la organización sindical no dejará pasar.
En tal sentido, y en el contexto socioeconómico sumamente complejo que se transita, la conducción ratificó que no cederá ante aprietes políticos y que profundizará su plan de lucha colectiva para garantizar la plena recuperación de los salarios estatales.
