“La justicia
es como las serpientes, sólo muerde a los descalzos” es una frase atribuida al
periodista y escritor uruguayo Eduardo Galeano. La expresión bien podría
resumir el alcance de la resolución judicial por la cual se deslindó de toda responsabilidad
a los responsables políticos de la violenta represión en el Borda.

Este jueves
25 de agosto la Sala III de la Cámara Nacional de Casación en lo Criminal y
Correccional confirmó el sobreseimiento por los delitos por vejación y/o
apremios ilegales para los máximas autoridades del Gobierno porteño y los
ministros Graciela Reybaud (Salud) y Guillermo Montenegro (Seguridad y
Justicia).

A su vez,
los jueces ordenaron investigar al ex jefe de la Policía Metropolitana Horacio
Giménez y del subjefe Enrique Pedace, revocando un sobreseimiento previo de
ambos.

“El objetivo
de este fallo es sacar de la mira de la Justicia a los del medio para limpiar a
los de arriba, y mientras tanto no quedan responsables”, afirmó Juan Carlos Capurro,
abogado de ATE y CTA.

El polémico
fallo se desentiende de las responsabilidades políticas del hoy Presidente
Mauricio Macri y justifica su actuación: "Si bien la Constitución de la
Ciudad establece que el jefe de Gobierno tiene el mando de la policía local, la
Ley de Ministerios dispone que ello lo es por medio del respectivo Ministro, en
ejercicio de facultades y obligaciones conferidas por ley al funcionario con
competencias específicas. Presentada así la cuestión, no se advierte de parte
del por entonces jefe de Gobierno, ni tampoco en la impugnación se señala
ningún quebrantamiento de deberes que posibilite habilitar su imputación penal
por competencia institucional en este caso. La orden de hacer ingresar personal
policial al Hospital fue ministerial, a dicho área competía el deber de
aseguramiento de que la fuente de peligro no derrame fuera del cauce de lo
permitido".

En el
párrafo citado se deslinda de responsabilidades a Macri al aducir que la orden
de reprimir se habría dado desde un nivel ministerial. Pese a ello, en otro
extracto los jueces esgrimen: “Es  
cierto   que   se  
ha   probado   que  
existieron   múltiples
llamadas   telefónicas   entre  
este   funcionario  (Montenegro) y   Giménez (Jefe de la Metropolitana),   pero  
no   se conoce el tenor de estas
conversaciones, ni subsiste la posibilidad de realizar medidas probatorias
útiles en este aspecto”. Y a continuación reafirma que “no existe   probanza  
alguna   que   sirva  
para   acreditar   que  
Montenegro estaba al tanto de estas noticias”.

“Es un
vuelco judicial para proteger a quienes tienen que hacerse cargo del hecho.
Porque si está el Jefe de la Policía en un lugar, y allí se reprime como se
reprimió, éste es responsable de esos hechos. Y lo mismo con la cadena de mando
hacia arriba”, explicó Capurro.

La
investigación incluso da cuenta de cómo esa mañana de abril de 2013 Giménez le
pasó su teléfono al por entonces legislador porteño Aníbal Ibarra para que éste
dialogue con el ministro de Seguridad y Justicia Guillermo Montenegro.

Los
hechos

El clima de
tensión ya había comenzado en la madrugada de aquel 26 de abril, cuando una
fuerza de choque de la Policía Metropolitana llegó junto a un grupo de obreros
para tirar abajo un edificio en el que los internos del Borda fabricaban
sillas, mesas y camas. Se trataba de un espacio querido por los pacientes,
quienes adquirían conocimientos de carpintería y herrería con un objetivo
terapéutico.  

Ante a este
acto de evidente provocación, los trabajadores del hospital convocaron a
compañeros de ATE de otras clínicas, como el Hospital Moyano, el Garrahan y el
Durand, que acudieron inmediatamente a colaborar con la resistencia. Poco a
poco fueron llegando compañeros de distintas organizaciones sindicales,
sociales y políticas, para engrosar las líneas de defensa frente al embate
contra lo público que el macrismo insiste en llevar adelante en la Ciudad.

A medida que
se sumaban militantes y trabajadores del neuropsiquiátrico, todos se iban
plantando en el predio en conflicto para impedir el atropello. Cuando la línea
policial empezó a verse rodeada por cientos y cientos de compañeros, y a pesar
de no tener una orden legal de disolver la concentración, los efectivos de la
Policía Metropolitana arremetieron contra hombres y mujeres con total
brutalidad, sin tener en cuenta que entre los manifestantes se encontraban
además internos del Borda y familiares de los mismos.

El saldo fue
de más de cincuenta personas heridas, entre ellas José Gherbesi, camarógrafo de
El Trabajador del Estado, quien recibió tres balazos de goma a pesar de sólo
estar allí registrando los hechos. Trabajadores de prensa de varios medios de
comunicación también sufrieron el embate represivo, entre ellos el fotógrafo
Pepe Mateos, colaborador en varias ediciones del órgano de prensa de ATE.

Al calmarse
los ánimos, la tensión pasó a las puertas de la comisaria que La Metropolitana
tiene en el barrio de Parque Patricios. Allí, junto a cientos de militantes,
llegaron Julio Fuentes y Hugo Godoy para pedir la inmediata liberación de los
compañeros, que finalmente se resolvería seis horas más tarde.

Lo
público frente al negociado privado

El gobierno
los había cerrado, pero la justicia porteña ordenó reabrirlo en enero de 2013,
convalidando el reclamo de diversas organizaciones en defensa de la salud
pública frente a un proyecto con trasfondo de negocio inmobiliario, que además
arriesga a los sectores más vulnerables de la sociedad.

El director
del Departamento de Asuntos Municipales del CDN y trabajador del Hospital
Moyano recordó que “en el taller se enseñaba herrería y tapicería, e incluso
había un taller de luthier para que los pacientes aprendieran a arreglar instrumentos
musicales”.

El triste
prontuario de La Metropolitana

Si bien La
Metropolitana nació como una policía local y con pocas atribuciones, se
transformó rápidamente en una herramienta para gestionar con violencia el
espacio público de la Ciudad.

Recordemos
que ya en sus inicios Macri había designado como Jefe de la fuerza al polémico
(deleznable) Fino Palacios, actualmente procesado en las causas por el atentado
a la AMIA y espionaje usando recursos del Estado. Sin embargo, la presión
pública hizo que el Jefe de Gobierno diera un paso atrás y desechara dicho
nombramiento. Poco tiempo después la policía porteña, junto a la Federal,
participaría del sangriento desalojo de un grupo numeroso de familias que
habían ocupado parte del predio del Parque Indoamericano. Sin ir mas lejos,
otro caso fue el de la represión en el Parque Centenario contra vecinos que se
resistían a ver enrejado su espacio verde.

Con el
Borda, el resultado fue la demolición de la sala que albergaba al Taller
Protegido 19, además del triste saldo de 50 heridos y 8 detenidos. Sin embargo,
ya en septiembre de 2012 los trabajadores habían denunciado “el ingreso de dos
patrulleros de la Metropolitana, uno de civil, una cementera y una excavadora”,
y según afirmaban por esos días los trabajadores: “vuelven a amedrentar, nos
sacan fotos y se van”. Hoy entendemos  por qué no fue casualidad que la
Policía Metropolitana haya ingresado por la madrugada al menos en cinco
ocasiones en menos de un mes.