A continuación, el informe
completo realizado por el Equipo de Trabajo del Observatorio del Derecho Social
de la Central de Trabajadores de la Argentina (CTA Autónoma): Silvina
Benevento, Julia Campos, Luis Campos, Mariana Campos y Jimena Frankel.

Despidos, suspensiones y represión como dato
distintivo del plan de ajuste

La política laboral del
gobierno de Mauricio Macri ha incluido, desde sus primeros días, un fuerte ataque
sobre los puestos de trabajo. Las tensiones que el mercado de trabajo venía
presentando en los últimos años se exacerbaron en pocas semanas, y desde
entonces hemos asistido a un shock de despidos liderado por el sector público,
sin que por ello las empresas del sector privado se hayan quedado detrás.

Inicialmente el Gobierno
Nacional buscó presentar este ataque como parte de un proceso de modernización
estatal, afirmando que gran parte de las desvinculaciones afectaban a
trabajadores que no cumplían con sus obligaciones laborales. Esta argumentación
comenzó paulatinamente a perder centralidad por diversos motivos: en primer
lugar, por la constatación de que los despidos en el sector público alcanzaban
no solo a trabajadores del Estado Nacional, sino también a los provinciales y
municipales, sin importar la fuerza política a cargo de la administración de
cada distrito; en segundo lugar, por la existencia de miles de casos de
trabajadores que desmienten una y otra vez aquella afirmación; finalmente, por el
hecho de que el Gobierno Nacional ha comenzado a impulsar el cierre o
desarticulación total de áreas estatales, despidiendo a los trabajadores que en
ellas se desempeñaban.

Desde el Observatorio del
Derecho Social de la Central de Trabajadores de la Argentina (CTA – Autónoma)
hemos impulsado un relevamiento de los despidos y las amenazas efectivas de
despido que se han producido en el sector público y en el privado desde el mes
de diciembre (1). Allí destacamos que este shock de despidos está directamente
vinculado con el objetivo de los empleadores, y en particular del Gobierno
Nacional, de debilitar al conjunto del movimiento obrero para implementar el
programa de ajuste que ya está en curso. Uno de los primeros capítulos de este
conflicto se desarrolla en la actual ronda de negociación salarial, y los miles
de despidos que se han producido en las últimas semanas deben interpretarse
como parte de una ofensiva contra los trabajadores que también incluye el
impulso de miles de suspensiones, y la profundización del avance represivo del
Estado. Debemos recordar aquí el intento inicial del Gobierno Nacional de
impulsar una pauta de actualización salarial de entre el 20% y el 25%, patrón
que, como veremos a continuación, ya ha sido superado en las primeras negociaciones
del año.

Entre el 1º de diciembre y
el 4 de marzo hemos relevado 68.563 despidos colectivos y amenazas de despidos,
de los cuales 37.627 se produjeron en el sector público y 30.936 en el sector
privado. Este es un relevamiento de mínima, ya que no incluye aquellas
denuncias que fueron realizadas por dirigentes sindicales en términos
generales, pero que también dan cuenta de la pérdida de decenas de miles de
puestos de trabajo (2). Por otra parte, cabe destacar que se trata de despidos
y amenazas colectivos, que han sido denunciados por las organizaciones
sindicales o por los propios trabajadores, por lo que tampoco están relevadas
las pérdidas de puestos de trabajo que no llegan a difundirse públicamente y
que, por distintas razones, encuentran mayores obstáculos para ser resistidas
sindicalmente (3).

En particular debemos
citar el caso de la industria de la construcción, donde los representantes
sindicales de la UOCRA denunciaron la pérdida de entre 25.000 y 30.000 puestos
de trabajo. En este sentido, una aproximación a la situación en esta actividad
la dan los reportes de coyuntura del Instituto de Estadística y Registro de la
Industria de la Construcción (IERIC). En el último informe, cuyos datos están
actualizados a diciembre de 2015, se expresó que: “El volumen de empleo
sectorial evidenció una pronunciada merma durante Diciembre. Según los datos
que son de carácter provisorios, el promedio de ocupación fue de 384.251
puestos de trabajo registrados, lo que representa una caída del 7,7% en relación
al mes precedente. Esta disminución intermensual se suma a la verificada en
Noviembre último y, si bien puede suponerse que se encuentra afectada por
motivos estacionales, constituye la reducción mensual de mayor intensidad de la
serie histórica al superar la marca de 4,8% correspondiente a igual mes del año
2008”. En otras palabras, entre diciembre y noviembre se produjo la mayor caída
mensual desde que el IERIC comenzó a relevar sus datos en 2007. En términos
absolutos, la caída de puestos de trabajo entre diciembre y noviembre fue de
31.899 casos, una cifra que duplica las reducciones que habitualmente se
producían en los años anteriores (4), y que profundiza una tendencia iniciada
en septiembre de 2015. Más aun, todo indica que esta tendencia se habría
profundizado en los primeros meses del año.

En el sector privado las
grandes empresas también utilizaron la actual coyuntura para impulsar
suspensiones colectivas, medida que también posee efectos disciplinadores sobre
el conjunto de los trabajadores. Las suspensiones se han concentrado en la
industria petrolera, la automotriz, la autopartista y la siderurgia. Cabe
destacar que se trata de sectores que poseen gran capacidad de adaptación a las
fluctuaciones de la demanda, y que en estos casos inmediatamente han trasladado
a los trabajadores los costos de los cambios en la coyuntura económica. Los
datos provenientes de la Encuesta de Indicadores Laborales del Ministerio de
Trabajo de la Nación muestran que el cuarto trimestre de 2015 fue el de mayor
cantidad de suspensiones desde que se inició el relevamiento en el año 2006
(alcanzó a 7,7 por cada mil trabajadores), con un incremento del 32,8% respecto
del mismo trimestre del año anterior. A su vez, dentro del último trimestre del
año anterior diciembre fue el de mayor cantidad de suspensiones.

El avance sobre los
puestos de trabajo se dio a la par de un salto cualitativo en la respuesta
represiva por parte del Estado. En los informes anteriores habíamos citado
casos puntuales de criminalización y represión de la protesta, situación que
continuó recientemente en distintas provincias, alcanzando a trabajadores de
las seccionales Mendoza y Santa Cruz de la Asociación de Trabajadores del
Estado (ATE) y del Círculo de Enseñanza Media y Superior (Cisadems) de Santiago
del Estero.

Este mecanismo de
respuesta estatal experimentó un crecimiento cualitativo en el mes de febrero a
través del impulso, por parte del Gobierno Nacional en el ámbito del Consejo de
Seguridad Interior, del “Protocolo de Actuación de las Fuerzas de Seguridad en
Manifestaciones Públicas”. Dicho protocolo implicó una generalización de la
decisión estatal de avanzar contra la resistencia de los trabajadores, y de los
sectores populares en general, a las políticas de ajuste por medio de la utilización
de las fuerzas de seguridad.

El intento del Gobierno
Nacional de contener los reclamos de los trabajadores no impidió que el 24 de
febrero se realizaran masivas movilizaciones en todo el país, en el marco del
paro nacional organizado por ATE. Por otra parte, en el marco de las
negociaciones salariales de los trabajadores de la educación la amenaza de
medidas de fuerza generalizadas provocaron que el Gobierno Nacional aceptara
fijar un incremento del salario mínimo docente del 40% a julio (28,7% en febrero
y 11,5% en julio), al que debe agregarse un adelanto paritario del 8% que había
sido otorgado en el mes de enero (totalizando un incremento en el salario
mínimo del 51,8% en comparación con la paritaria nacional del año 2015). A
nivel provincial el porcentaje de incremento fue sustancialmente inferior, e
incluso en muchas jurisdicciones todavía no se encuentran en conflicto, pero
ello no impidió que en casi la totalidad de los casos los aumentos otorgados
fueran superiores al techo salarial que intentó imponer el Gobierno Nacional
(5).

La estrategia de
disciplinamiento del Gobierno Nacional no solo incluyó despidos, suspensiones y
represión de la protesta social, sino también modificaciones en el impuesto a
las ganancias y en el sistema de asignaciones familiares que intentaron operar
como incentivo para limitar los reclamos salariales. Sin embargo, una vez
conocida la letra chica de estas modificaciones puede afirmarse que el impacto
de dichas reformas no solo fue mucho más modesto que el anunciado por las
autoridades gubernamentales, sino que miles de trabajadores de ingresos medios
que hasta entonces no estaban comprendidos en el impuesto a las ganancias,
pasaron a sufrir descuentos en sus haberes mensuales.

La importancia de los
cambios en el impuesto a las ganancias, sumado a la falta de actualización de
las escalas que se utilizan para el cálculo del pago del impuesto, provoca que
de cara a las nuevas negociaciones salariales pueda afirmarse que una porción
importante de los aumentos (entre un cuarto y un tercio del total) será
absorbida por el impuesto a las ganancias.

Las líneas que anteceden
permiten empezar a visualizar los principales rasgos del sistema de relaciones
laborales tal como se ha venido configurando en los tres primeros meses de gestión
del nuevo gobierno. Por un lado, el shock de despidos y suspensiones, tanto en
el sector público como en el sector privado, constituye un elemento central del
plan económico – social en curso, en tanto es utilizado como herramienta para
debilitar la reacción colectiva del conjunto de los trabajadores. Por el otro,
esta situación es complementada con un avance de la utilización de la fuerza
pública contra los trabajadores que se manifiestan activamente en defensa de
sus derechos. Difícilmente pueda hablarse de casos aislados cuando los casos de
represión y criminalización de la protesta se han extendido por provincias como
Buenos Aires, Jujuy, Mendoza, Río Negro, Santa Cruz y Santiago del Estero. En
este marco, el “Protocolo de Actuación de las Fuerzas de Seguridad en
Manifestaciones Públicas” implica un salto cualitativo y una búsqueda de mayor
centralidad y uniformidad en el accionar de las fuerzas de seguridad.

A pesar de estos intentos
de contener los reclamos de los trabajadores, e incluso de los fallidos
anuncios en materia de impuesto a las ganancias y asignaciones familiares, las
primeras negociaciones salariales no se han ajustado a las intenciones del
Gobierno Nacional, y la conflictividad laboral está lejos de haberse aplacado.
Las movilizaciones del pasado 24 de febrero, en el marco del paro nacional de
ATE, implicaron un salto en la centralización de la resistencia y en la
solidaridad de los trabajadores que no debe ser soslayado. En efecto, en tanto
y en cuanto el avance sobre los salarios y los puestos de trabajo se ha
develado como un componente central del Plan de Gobierno, para ser exitosa la
respuesta de los trabajadores deberá contener un alto nivel de centralización y
coordinación entre distintas organizaciones pertenecientes a diversas
actividades, tanto a nivel local como provincial y nacional.

Anexo

Los casos aquí relevados
no constituyen una sistematización exhaustiva por lo que no incluyen todas las
pérdidas de fuentes de trabajo que tuvieron lugar en las últimas semanas. Por
el contrario, se trata apenas de una muestra basada en la información
periodística y de fuentes directas de despidos colectivos o amenazas colectivas
que fueron denunciados entre los meses de diciembre de 2015 y febrero de 2016
(6), algunos de los cuales fueron revertidos como consecuencia de la acción
colectiva de los trabajadores. En este relevamiento no se han incluido los
casos de deudas salariales, que desde hace muchos meses constituyen el
principal motivo de conflictividad laboral en el sector privado, y también
poseen efectos de disciplinamiento sobre el conjunto de los trabajadores (7).
Aun así, en todos los casos el patrón común es el intento de generar temor
entre los trabajadores, a fin de debilitar cualquier tipo de acción
reivindicativa.

Cuadro nº 1: Despidos y falta de renovación de
contratos en el sector público (8)

Cuadro nº 2: Despidos y falta de renovación de
contratos en el sector privado (12)

(1) Ver “Salarios vs.
Puestos de Trabajo: el chantaje de siempre” y “Se profundizan los despidos y
las acciones de amedrentamiento contra los trabajadores”, disponibles en
www.obderechosocial.org.ar.

(2) Ver la lista de los
despidos y amenazas de despidos relevados en el anexo.

(3) En contextos de crisis
económica los despidos se registran en pequeños, medianos y grandes
establecimientos. Sin embargo, en este relevamiento predominan los datos de los
establecimientos de mayor tamaño, existiendo un claro subregistro vinculado a
la situación de los pequeños establecimientos. De ello no debe concluirse que
estos últimos no haya despidos, sino que se trata de situaciones que están
lejos de visibilizarse públicamente.

(4) Entre diciembre y
noviembre de 2014 la caída fue de 10.963 puestos de trabajo, en 2013 de 16.582,
en 2012 de 16.077, en 2011 de 19.804, en 2010 de 6.831, en 2009 de 12.369, en
2008 de 19.859 y en 2007 de 17.366.

(5) Más recientemente
comenzó a insinuarse un posible patrón de negociación salarial a partir de
acuerdos semestrales. Se trata de casos que todavía no son generalizables, pero
podrían estar marcando una tendencia. Entre ellos se destacan los acuerdos de
UTEDyC (15% en dos cuotas), Comercio (20% más sumas no remunerativas), SMATA
(19% en dos acuerdos trimestrales) y Mineros (22%).

(6) La fecha de corte de
este relevamiento fue el viernes 4 de marzo de 2016.

(7) El caso de mayor
impacto es el de los trabajadores del Grupo de Medios 23, que incluye entre
otros al Diario Tiempo Argentino y a Radio América, que desde hace varias
semanas llevan adelante medidas de fuerza en reclamo del cobro de los haberes
adeudados.

(8) No se incluyen en este
relevamiento las amenazas de despidos producidos en organismos como el PAMI, la
ANSES y el Ministerio de Economía. Tampoco consideramos aquí las situaciones de
trabajadores cuyo vínculo contractual se encuentra en proceso de revisión. En
el ámbito nacional el Gobierno dictó un decreto específico (254/15) que
virtualmente pone en comisión a todos los trabajadores de planta transitoria o
que prestan tareas bajo locaciones de servicios. Normas con efectos similares,
aunque distinto alcance, fueron dictadas a nivel provincial por los gobiernos
de Chaco y Santa Cruz.

(9) La resistencia a estos
despidos incluyó una movilización a la Municipalidad de La Plata que fue
reprimida por la policía bonaerense con gases y balas de goma. Como resultado
de esta represión 12 trabajadores presentaron heridas de diversa consideración.

(10) Despidos denunciados
por la Asociación de trabajadores del Estado, entre estos se incluyen 140
despidos en la Municipalidad de Monterrico, 400 en la Municipalidad de San
Pedro y 23 en la Secretaría de Agricultura Familiar.

(11) Se incluyen aquí los
despidos en dependencias tales como el Centro de Asistencia a Víctimas de
Violaciones de Derechos Humanos "Dr. Fernando Ulloa"; Infojus – Sistema
Argentino de Información Jurídica (SAIJ); Secretaría de Derechos Humanos;
Inspección General de Justicia; Espacios de memoria, entre otros.

(12) No se incluyen en
este relevamiento las amenazas de pérdida de puestos de trabajo o suspensiones
que se han producido en actividades como, por ejemplo, la industria petrolera.
En este caso debe destacarse la presentación de un procedimiento preventivo de
crisis por parte de las principales empresas prestadoras de servicios del
sector, que apunta a suspender a alrededor de 5.000 trabajadores, y que podría
afectar indirectamente a otros 5.000 trabajadores de la industria.

(13) La resistencia al
cierre de la planta de Cresta Roja en el partido de Ezeiza incluyó numerosas
movilizaciones. Entre ellas puede citarse la concentración en la Autopista
Ricchieri que fue reprimida por la Gendarmería Nacional con gases y balas de
goma. Como resultado de esta represión decenas de trabajadores presentaron
heridas de diversa consideración.

(14) A nivel nacional la
Unión Obrera de la Construcción (UOCRA) denunció la pérdida de 30.000 puestos
de trabajo. En este relevamiento hemos incorporado las situaciones denunciadas
a nivel local por las seccionales de dicha organización y las cámaras
patronales, contando con información de las provincias de Chaco, Tucumán y
Santa Cruz. Desde ya que se trata de una estimación de mínima y que debe
vincularse con la denuncia más general presentada por el sindicato a nivel
nacional.

(15) En el marco de la
lucha por revertir los despidos de la empresa Litoral Cleanning, que brinda
servicios de limpieza para la Universidad Nacional del Comahue, fue detenido el
Secretario General de ATE Río Negro y de la CTA provincial, Rodolfo Aguiar.