INTRODUCCIÓN 

Presentamos a continuación un documento elaborado por el
Observatorio del Derecho social de la CTA
Autónoma que analiza la evolución salarial en el sector
público. Para tal fin se toman como base de comparación la variación del
Salario Mínimo Docente (Paritaria Nacional Docente) y la evolución de la
negociación colectiva en la
Administración Pública Nacional. 

El trabajo analiza la variación de las bases de comparación elegidas
durante el período 2007-2015, tanto en lo que se refiere a su valor real
deflactado por un índice de precios alternativo al dibujo del INDEC para el
período, como frente a la variación del salario de convenio para metalúrgicos y
la industria de la alimentación en la actividad privada. Estos convenios se
toman como referencia ya marcan el piso y el techo, respectivamente, de la
evolución  de los convenios en la
actividad privada. 

Cabe destacar, que en ambas comparaciones los salarios en el
sector público resultan perdidosos durante el periodo lo que marca una clara
intención de situar al salario de los trabajadores del Estado como una variable
de ajuste a la baja en la negociación colectiva. 

Situación que se agrava, tal como destaca el trabajo, en todos
aquellos sectores del Estado en sus distintas dimensiones que no gozan del
derecho a la negociación colectiva, y mucho mas en aquellos que ni siquiera
están alcanzado por el Salario Mínimo Vital y Móvil. 

Creemos que este trabajo es de suma importancia como aporte para
la próxima negociación salarial y en tal sentido agradecemos a los compañeros y
compañeras del Observatorio la posibilidad de poder compartir este documento.

            Horacio
Fernández                                                               
Hugo Godoy

              Director
IDEP                                                                 Secretario
Gral. ATE

A continuación, el informe
completo del Equipo del Observatorio del Derecho Social de la CTA Autónoma
(compuesto por Silvina Benevento, Julia Campos, Luis Campos, Mariana Campos y
Jimena Frankel):

Los salarios en el sector público como variable de
ajuste

Durante los últimos meses
de 2015 diferentes factores confluyeron para reimpulsar un nuevo proceso
inflacionario. Una vez más los principales afectados por las medidas económicas
del gobierno han sido los trabajadores.

En el caso del sector
público, este nuevo ataque al bolsillo de los trabajadores constituye un
capítulo más de la degradación constante que ha tenido el poder adquisitivo del
salario a lo largo de los últimos años. En particular, de acuerdo a la
información disponible los trabajadores del sector público han sido los que a
lo largo de la última década han experimentado un mayor deterioro salarial(*).

(*)Una vez más es necesario mencionar que los
análisis sobre evolución salarial se encuentran en gran medida condicionados
por la intervención del INDEC. En tal sentido, las consideraciones que aquí se
efectúan son de mínima, como aproximación, en el marco de la denuncia sobre la
manipulación de las estadísticas públicas, la cual sigue en pie.

Numerosos factores han
contribuido para que los trabajadores estatales en los últimos años hayan sido
castigados por políticas de ajuste. Por un lado, las negociaciones salariales
nacionales correspondientes a la administración pública (a pesar de la
oposición de ATE) y a la paritaria nacional docente, que sistemáticamente
fueron inferiores a la inflación de cada año; por el otro, la persistencia de
numerosos trabajadores que todavía no cuentan con el derecho a la negociación
colectiva (por caso los trabajadores judiciales, muchos trabajadores
provinciales y municipales, y otros cuyo vínculo laboral se canaliza a través
de modalidades precarias de contratación como locaciones de servicio y
convenios de asistencia técnica); finalmente, la inexistencia de pisos
salariales mínimos en muchos casos de trabajadores del sector público
(principalmente municipales y provinciales, a quienes no se les aplica el
salario mínimo, vital y móvil).

La contrapartida de este
ajuste sobre los trabajadores del sector público ha sido un fuerte crecimiento
de la conflictividad laboral. En tal sentido, los informes trimestrales del
Observatorio del Derecho Social de la CTA muestran que desde fines de 2012 los
conflictos en el sector público vienen incrementándose significativamente,
principalmente a nivel provincial y municipal (ver gráfico nº 1).

Gráfico nº 1: Evolución trimestral de los
conflictos laborales en el sector público 2011 – 2015

Fuente: elaboración propia sobre la base de los
informes trimestrales del Observatorio del Derecho Social de la CTA,
disponibles en www.obderechosocial.org.ar

En el caso de los
trabajadores municipales la negación del derecho a la negociación colectiva y a
contar con un salario mínimo, vital y móvil, es de tal magnitud que
recientemente el Gobierno de la Provincia de Buenos Aires suspendió, a través
de un decreto de necesidad y urgencia, la vigencia de la ley 14.656 que les
reconocía estos derechos en el ámbito provincial(*).

(*)La reacción de los trabajadores y las
organizaciones sindicales ha puesto esta medida en cuestión, y al momento de
elaboración de este documento el Gobierno de la Provincia de Buenos Aires anunció
que estaba reviendo los alcances de dicha suspensión.

Por otra parte, cabe
destacar que esta avanzada contra el salario de los trabajadores del sector
público se realiza en un contexto marcado por una decisión de impulsar un
profundo ajuste en los distintos niveles (nacional, provincial y municipal),
que en las primeras semanas del año incluyó miles de despidos y
desvinculaciones en distintas dependencias del Estado(*).

(*)Para un análisis de este proceso ver “Salarios
vs. Puestos de Trabajo: el chantaje de siempre”, Observatorio del Derecho
Social de la CTA, disponible en www.obderechosocial.org.ar, enero de 2016.

En cuanto a la evolución
salarial la intervención del INDEC ha provocado que, en la actualidad, resulte
extremadamente difícil contar con información oficial que permita analizar la
situación del conjunto de los trabajadores del sector público. En este marco, a
los fines de realizar una aproximación a su evolución en los últimos años
recurriremos al resultado de dos negociaciones salariales cuyos resultados, si
bien no son automáticamente trasladables al conjunto de los trabajadores del
sector, nos permitirán aproximarnos con cierta precisión al estado actual del
salario en el sector público. En particular, basaremos nuestro análisis en los
resultados de la paritaria nacional docente y de la negociación colectiva
correspondiente a los trabajadores de la Administración Pública Nacional(*). En
otras palabras, analizaremos el “salario de convenio”, tomándolo como indicador
de la evolución efectiva del “salario efectivo”.

(*)Esta aproximación no es aplicable a todas las
situaciones que pueden darse en el sector público. En efecto, pueden
encontrarse casos de negociaciones que hayan superado los niveles allí
establecidos (por ejemplo algunos casos de trabajadores de la educación a nivel
provincial, algunas dependencias estatales que han obtenido adicionales, etc),
y otros que hayan estado por debajo (algunos trabajadores provinciales y
municipales, algunos trabajadores contratados, etc). Para un análisis
exhaustivo de la situación salarial en el sector público ver “Informe de
Política Salarial 2007 – 2014”, Centro de Estudios Políticos, Sociales y
Sindicales, ATE – Capital, mayo de 2014; y “Apuntes sobre la precarización
laboral en el sector público nacional”, Instituto de Estudios y Participación,
ATE – Nacional, septiembre de 2015.

Tomando en consideración
el período 2007 – 2015 tanto el salario mínimo docente como los salarios de
convenio correspondientes a la Administración Pública Nacional se encuentran en
los mínimos de toda la serie. En el caso del Salario Mínimo Docente, el valor
actual es un 11% inferior al de enero de 2007, y en el caso de la
Administración Pública el retroceso es de casi el 15%. En otras palabras, para
recuperar el valor real del salario vigente nueve años atrás los salarios
nominales de los docentes deberían incrementarse en un 13% y los de los
trabajadores de la Administración Pública en un 18%, y ello con carácter previo
a la nueva discusión salarial prevista para el año 2016 y sin haber considerado
la inflación que tendrá lugar en los primeros meses del año.

En efecto, las medidas
económicas implementadas por el gobierno nacional, en particular la devaluación
del peso, la eliminación de las retenciones a las exportaciones agropecuarias y
la anunciada quita de los subsidios a los servicios públicos, hacen prever un
fuerte crecimiento de los precios en el primer trimestre del año, situación que
afectará notablemente el salario real de los trabajadores.

Si entre los meses de enero y marzo de 2016 la
inflación asciende a un 10%(*), el incremento nominal extraordinario requerido
para que el salario real de convenio vuelva a los niveles previos a la
negociación paritaria del año 2007 sería de un 24% en el caso del SMD y de un 29%
en el caso de la Administración Pública. Ello como paso previo a la negociación
salarial correspondiente al año 2016.

(*) Este supuesto es similar al que tuvo lugar en
los primeros meses del año 2014, cuando el Gobierno Nacional dispuso una fuerte
devaluación de la moneda. Más aún, se trata de un supuesto conservador, por
cuando por entonces la devaluación fue superior a la actual y no se incluyó
ninguna quita a los subsidios de los servicios públicos.

Esta pérdida del poder
adquisitivo del salario convencional ha sido producto de una negociación
salarial que en casi todos los años del período relevado ha estado por debajo
de la evolución de la inflación. Este comportamiento puede ser observado en la
siguiente tabla:

Paritaria Nacional Docente y Administración Pública
Nacional: porcentaje de incremento salarial nominal 2007 – 2015

Fuente: elaboración propia con datos del Boletín
Oficial, las escalas salariales respectivas y el “Informe de Política Salarial
2007 – 2014” elaborado por el Centro de Estudios Políticos, Sociales y
Sindicales, ATE – Capital. El dato sobre inflación corresponde al IPC nueve
provincias hasta el año 2012 y luego al IPC – CABA

La evolución de los
salarios de convenio en ambos casos no solo fue inferior a la inflación del
período, sino que también estuvo por debajo de los porcentajes de actualización
del salario mínimo, vital y móvil, y muy lejos de los incrementos porcentuales
pactados por los trabajadores de otras actividades.

Algunas comparaciones
pueden resultar muy ilustrativas al respecto. Como hemos señalado, el SMD y el
salario de convenio de los trabajadores de la Administración Pública Nacional
se encuentran en la actualidad, en términos reales, entre un 15% y un 18% por
debajo de los niveles de enero de 2007. Por el contrario, el Salario Mínimo,
Vital y Móvil ha caído apenas un 3%.

La situación es más
llamativa aún si la comparación se efectúa con los trabajadores de la actividad
privada. Para ello consideraremos la evolución de los salarios de convenio en
la industria metalúrgica y en la industria de la alimentación, en tanto
constituyen ejemplos de los menores y mayores incrementos salariales de la
actividad privada en los últimos años respectivamente.

En el caso de la industria
metalúrgica, en la actualidad el salario de convenio de la categoría inicial en
términos reales se encuentra un 3% por debajo de los niveles de enero de 2007,
mientras que en el caso de la industria de la alimentación se ha experimentado
un crecimiento del 25%.

En otras palabras, la
negociación colectiva en el sector público a nivel nacional ha operado como
piso salarial, y no solo tuvo resultados inferiores a los niveles de inflación,
sino que experimentó un fuerte retroceso si se compara con los salarios de
convenio de otras actividades.

En el siguiente cuadro se
puede apreciar dicha evolución en términos absolutos.

Salario bruto 2007 – 2016: valores absolutos y
variación en términos reales(*)

Fuente: elaboración propia con datos del Boletín
Oficial, las escalas salariales respectivas y el “Informe de Política Salarial
2007 – 2014” elaborado por el Centro de Estudios Políticos, Sociales y
Sindicales, ATE – Capital

(*) A los fines de la realización de este cuadro se
consideró el valor del salario mínimo docente, determinado en la paritaria
nacional docente, el salario mínimo, vital y móvil, el valor del salario de
convenio correspondiente a un trabajador de la categoría D-0 del SINEP (sin
adicionales), el valor del salario de convenio correspondiente a un trabajador
con la categoría operario de la industria de la alimentación (sin adicionales)
y el correspondiente a la categoría inicial de la industria metalúrgica
(operario en el año 2007 y operario calificado en el año 2016). La inflación
considerada para calcular el salario real es la correspondiente al IPC – 9
provincias hasta el año 2012 y desde entonces la del IPC – CABA. Para el mes de
enero de 2016 se proyectó una inflación mensual del 4%, similar a la de
diciembre de 2015.

Esta evolución diferencial
a lo largo de los últimos años ha provocado que en la actualidad el SMD sea un
7,5% inferior al SMVM, cuando nueve años atrás era un 5% superior. En el caso
de la categoría seleccionada para la Administración Pública Nacional (D – 0),
la brecha con el SMVM se achicó del 85% en 2007 a 56% en la actualidad.

La situación es más
llamativa aún si dicha comparación se realiza con la evolución del salario de
convenio de la categoría inicial (operario) en la industria de la alimentación.
En efecto, dicho operario percibía, en enero de 2007 un salario que era un 36%
superior al SMD y un 23% inferior al de un empleado de categoría D-0 de la
Administración Pública Nacional. Nueve años más tarde el salario de dicho
operario casi duplica al SMD (es un 99% superior) y supera por un 17% al
correspondiente de la Administración Pública Nacional(*).

(*) La comparación con la evolución de los salarios
de convenio en las industrias metalúrgica y de la alimentación es tan solo un
ejemplo que podría ser replicado con otras actividades cuyos salarios de
convenio tuvieron incrementos muy superiores a los otorgados en el sector
público, incluyendo otras industrias (aceitera, azucarera, química, etc), el
tra nsporte (tanto de carga como también de pasajeros) y los restantes
servicios (comercio, telecomunicaciones, etc). En tal sentido, el salario de
convenio de la industria metalúrgica constituye un ejemplo representativo de
las escalas que tuvieron el menor incremento salarial durante este período,
mientras que el correspondiente a la industria de la alimentación constituye el
caso opuesto.

En el caso de la industria
metalúrgica, cuya evolución salarial fue una de las más limitadas en los
últimos años, dichas brechas presentan un comportamiento similar, aunque de una
magnitud mucho menor que la que presenta la industria de la alimentación.

Cabe destacar que esta
brecha salarial se generó a partir del año 2010, ya que para entonces el
salario real de todas las categorías citadas se encontraba, en términos
generales, en los mismos niveles que a comienzo de 2007. En otras palabras, en
los últimos seis años el salario mínimo docente y el salario de convenio de los
trabajadores de la Administración Pública Nacional experimentaron un fuerte
retroceso, mientras que el SMVM y el de la industria metalúrgica se mantuvieron
relativamente estables, y el salario de los trabajadores de la industria de la
alimentación tuvo un fuerte incremento. Este comportamiento puede observarse en
el siguiente gráfico.

Gráfico nº 2: Evolución del salario real
correspondiente a la Paritaria Nacional Docente, la Administración Pública
Nacional, la Industria de la Alimentación, la Industria Metalúrgica y el SMVM
(enero 2007 = 100)

Fuente: elaboración propia con datos del Boletín
Oficial, las escalas salariales respectivas y el “Informe de Política Salarial
2007 – 2014” elaborado por el Centro de Estudios Políticos, Sociales y
Sindicales, ATE – Capital

En otras palabras, de cara
a la discusión paritaria que se desarrollará en los próximos meses es posible
afirmar que cualquier reclamo deberá considerar, como punto de partida, la
necesaria recomposición en términos reales del deterioro experimentado en los
últimos años (agravado en los últimos meses). Es decir, si se desea recomponer
el poder adquisitivo existente nueve años atrás, y asumiendo una inflación del
10% para el primer trimestre del año, sería necesario reclamar inmediatamente
un aumento extraordinario de casi el 30%, y luego negociar un porcentual
salarial que se determine como consecuencia de la inflación que pueda preverse
para el período de vigencia de próximo acuerdo salarial, y la necesaria
recomposición salarial en términos reales. Para traducirlo en cifras, si el
porcentaje salarial previsto para las negociaciones en curso es del 30%, al
solo efecto de recuperar el valor del salario real a enero de 2007 debería
solicitarse, como mínimo, un 60%. Todo ello sin dejar de considerar que el
salario de los trabajadores debe ser suficiente para garantizar los consumos
mínimos de una canasta básica. En tal sentido, el valor de dicha canasta hace
un año era de $ 12.229 mensuales para una familia de cuatro personas (Junta
Interna ATE – INDEC), valor que deberá actualizarse y ser considerado por
cuanto muchos trabajadores requerirán un porcentaje aun mayor para poder hacer
frente al costo de dicha canasta.

Finalmente, debe agregarse
que dicho reclamo debería ir acompañado necesariamente de un programa tendiente
a garantizar la efectiva vigencia para el conjunto de los trabajadores del
sector público de derechos fundamentales como la negociación colectiva y el
salario mínimo, vital y móvil, y a eliminar la precarización laboral (en
particular en cuanto a las formas de contratación) existente en los distintos
niveles del Estado, y que dicho programa requerirá desarrollar acciones
centralizadas que combinen el desarrollo de una conflictividad a nivel local
con la unificación de los reclamos en el ámbito nacional.