A días del 17 de agosto, aniversario del paso a la inmortalidad del General San Martin, que inspira a pelear por la Soberanía y la unidad de la Patria Grande, sale una nueva edición de El Trabajador del Estado, el periódico sindical en vigencia más antiguo de la Argentina.
Este mes de agosto encuentro a las y los estatales materializando los objetivos planteados en la paritaria nacional del 26 de mayo, con importantes avances en sectoriales estratégicos. Y al mismo tiempo, como señaló Hugo «Cachorro» Godoy en su editorial «fortaleciendo el debate y la acción política para que se avance en la discusión de un Salario Universal que ponga un piso de dignidad para el conjunto de nuestro pueblo».
Porque era necesario seguir ampliando la difusión de los materiales y recursos de debate y formación que produce las distintas áreas de ATE, en esta edición vas a encontrar, junto al anuncio del lanzamiento de diferentes productos, un código QR para poder descargarlos en tu celular. En muchos dispositivos, la aplicación de cámara de foto te lo permite, o bien, se puede usar cualquier aplicación de escáner.
¿Qué vas a encontrar?
Además de las precisiones sobre la paritaria que se mantiene abierta, El Trabajador de este mes recupera acontecimientos clave de la vida sindical y repasa importantes acciones de debate y formación que siguen promoviendo a lo largo y ancho del país el CDN y las áreas de Formación, ISSTATE, el Centro Nacional de Jubiladxs y Pensionadxs, de Género y Diversidad, de Derechos de los Pueblos, entre otras.
También, continuamos profundizando sobre propuestas nodales de ATE para salir de la crisis con lxs trabajadores, con soberanía, trabajo y producción, siempre pensando esas alternativas a escala Latinoamericana.
Y como siempre, las novedades y principales discusiones que trae la CTA Autónoma y la Confederación Latinoamericana y Caribeña de Trabajadorxs del Estado (CLATE).
La Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) presenta su nueva ficha de afiliación con perspectiva de Género y Diversidad en la que se permite la opción de incluir el nombre y género autopercibido, sin ser obligatoria la especificación en este último caso.
Se trata de una iniciativa del Departamento de Género y Diversidad, en articulación con el Departamento de Finanzas, y con el asesoramiento de la Coordinación de Promoción del Empleo para las Personas Travestis, Transexuales y Transgéneros de la Subsecretaría de Políticas de Diversidad del Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad.
Se enmarca en un contexto de ampliación de derechos, con la Ley de Identidad de Género, la Ley de Cupo e Inclusión Laboral Travesti-Trans y el reciente Decreto presidencial N°476/21, que incorpora la nomenclatura “X” en el Documento Nacional de Identidad (DNI) y en el Pasaporte, como opción para todas las personas que no se sientan comprendidas en el binomio masculino/femenino.
La nueva ficha contiene un campo destinado al nombre autopercibido. Se enmarca en la responsabilidad que asume nuestra organización para garantizar el estricto cumplimiento del artículo 1 de la Ley 26.743 de Identidad de Género. Esto es: resguardar el derecho de toda persona al reconocimiento de su identidad de género, al libre desarrollo de su persona, a ser tratada de acuerdo con la identidad de género autopercibida y, en particular, a ser identificada de ese modo en los instrumentos que acreditan su identidad respecto del/ los nombre/s de pila, imagen y género con los que allí es registrada.
A su vez, de esta manera, ATE se ajusta a lo dispuesto en el artículo 12 de la misma norma, que establece el principio de trato digno, con el objeto de garantizar el respeto a la identidad de género adoptada por las personas que utilicen un nombre de pila distinto al consignado en su documento nacional de identidad.
Siguiendo esta norma, en todos los casos en que la persona deba ser nombrada en público deberá utilizarse únicamente el nombre de pila de elección, que respete la identidad de género adoptada.
Esto significa que tanto en la ficha como en la credencial de afiliación deberá figurar únicamente el nombre de pila adoptado por la persona.
Para ello, tanto delegadas/es/os como personas que asistan en el proceso de afiliación y sean quienes acerquen la ficha, deberán estar capacitadas en una perspectiva de Género y Diversidad, a fin de cumplir con el trato digno, explicando el sistema de registro y respetando tanto la identidad de género como la identidad sexual de la persona.
-Género
La incorporación de esta variable también responde a la ley de Identidad de Género.
Tomando como referencia la incorporación de la diversidad de género en los sistemas informáticos universitarios, incorporamos las variables de géneros y diversidad al formulario de afiliación, en una apuesta por la inclusión de todas las identidades, descartando la categoría “sexo”, de carácter biologicista y binario.
Incorporamos también las categorías de orientación sexual como identidades políticas porque consideramos que esa división entre la identidad de géneros y la orientación sexual fue pensada con fines pedagógicos, pero en la práctica, la identidad se construye siempre teniendo en cuenta una multiplicidad de factores: de territorialidad, étnicos, de género, clase, oficio, trabajo, entre otros.
Así, por ejemplo, se incluye el género «lesbiana», en tanto persona que constituye su identidad de género y modos de existencia desde su afectividad y deseo hacia otras lesbianas y/o mujeres, situando esta identidad por fuera de la heterosexualidad obligatoria. Estas dinámicas estructuran rasgos que involucran la identidad de género.
Por supuesto que al nombrar siempre se corre el riesgo de dejar afuera algunas personas, por eso incluimos la opción “Ninguna de las anteriores, especifique” con un campo de texto libre a completar.
Sabemos que lo ideal para algunas personas sería colocar una categoría abierta o incluso borrar la categoría género de los formularios. Pero mientras sigan existiendo la violencia y discriminación hacia mujeres y personas LGBTIQ+ estas categorías nos sirven para visibilizar no solo las identidades sino las desigulades estructurales que existen en nuestra sociedad.
Cabe destacar que este campo no es obligatorio, sino que se incluye a fines estadísticos, con el objeto de visibilizar la desigualdades estructurales que perduran en nuestra sociedad. Por ello, también está la opción prefiero no responder.
-Lenguaje Inclusivo
El modo en que hacemos uso del lenguaje nunca es neutral en relación a los géneros e identidades: todo aquello que no nombramos o nombramos de manera poco inclusiva, queda fuera de nuestras enunciaciones y se vuelve invisible.
En ese sentido, la ficha de afiliación está escrita en lenguaje inclusivo, como una apuesta a contribuir a la creación de una realidad más inclusiva. En un esfuerzo por cambiar el lugar hegemónico dado a los varones (androcentrismo), reconociendo diversidades y disidencias, utilizaremos la “a”, la ”e”y la “o” en las palabras que contengan una marca de género (por ejemplo: jubilada/e/o).
De las diversas formas que puede tomar el lenguaje inclusivo hemos optado por tomar a la “e”, ya que el uso de la “x” haría que el material en su versión digital no fuese posible de lectura para personas no videntes.
Hacia la igualdad de género en nuestro sindicato
Clarisa Gambera, directora del Deparamento de Género y Diversidad de ATE Nacional, explicó que esta propuesta “forma parte del conjunto de acciones que estamos llevando adelante desde el Departamento de Géneros y Diversidad Nacional para desarmar estereotipos y promover la igualdad de género en nuestro sindicato, reflejando los acuerdos normativos, conceptuales y políticos más avanzados en materia de derechos”. Asimismo, “para romper con el binarismo y visibilizar, asumiendo los debates que el movimiento LGBTTIQ+ abre, y como parte de un proceso que como ATE definimos transitar”.
La dirigente precisó que la iniciativa surge de un trabajo de articulación. “Hicimos una propuesta y fuimos recogiendo sugerencias y debates. También nos reunimos con el área de Diversidad del Ministerio de Mujeres, Géneros y Diversidad para articular criterios, y también avanzar en capacitaciones que puedan acompañar este proceso que involucra acciones al interior del sindicato, como esta modificación de la ficha y en los sectores de trabajo, organizando instancias que puedan acompañar la implementación de la Ley de Cupo Laboral Travesti-Trans”.
Mercedes Cabezas, Secretaria de Organización de ATE, también ponderó la medida que “parte de reconocer que la discriminación y violencia hacia las diversidades sexuales aún existe en los ámbitos laborales, obstaculizando el acceso al empleo y la permanencia en el mismo, especialmente para personas travestis y trans”. “Sabemos además que que esta problemática se complejiza hacia el interior del territorio nacional, existiendo una gran asimetría”, añadió.
Cabezas también destacó el trabajo articulado con el MMGYD e indicó que la iniciativa “se encuentra acompañada de una capacitación a las juntas internas del CDN en articulación con el Ministerio, para implementar la perspectiva de géneros y diversidad en nuestra ATE y fortalecer nuestro rol fundamental de acompañamiento a les compañeres que ingresan en el Estado”.
“Tenemos la ley, sólo debemos cumplir con ella”
Así lo señaló Estérea González, Secretaria de Finanzas del Consejo Directivo Nacional, una de las áreas implicadas en la confección de la nueva ficha. “Dentro de las funciones de la Secretaría de Finanzas, una de las funciones es llevar el control de altas y bajas de las, los y les afiliadas/os/es, además de la confección y entrega de los carnet de afiliación. Teniendo en cuenta la Ley de Identidad de Género 26.743 y a pedido del Departamento de Género se realiza un nuevo formato de planilla de afiliación para incluir a todos los géneros”, explicó.
González recordó un hecho que marcó un antes y después en cuanto a la perspectiva de género del sindicato: “El 4 de junio, desde la seccional Andina Sur en la provincia de Río Negro, se nos pidió por primera vez en el país un carnet de afiliación con cambio de identidad de género y rápidamente se trabajó y se cumplió con la ley a pedido de la afiliada”.
Con profundo dolor ATE Nacional comunica la noticia del fallecimiento de la querida compañera Silvana Campanini, Secretaria de Transferencia, Relaciones Inter-Institucionales e Internacionales de la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA. Desde las primeras reuniones en 2018 su presencia hizo posible la concreción del convenio que vincula a ATE con la Facultad de Filosofía y Letras.
Fue gracias a su perseverancia y al enorme trabajo que realizaba por consolidar los espacios de formación, que se logró en medio de la pandemia sostener y desplegar a todo el país el programa ATE Universidades.
Su defensa por la Universidad Pública le ganó el respeto y el afecto de quienes la conocieron y trabajaron con ella. Ante esta enorme pérdida, desde ATE Universidades y todo el Consejo Directivo Nacional del sindicato se acompaña a sus familiares y afectos, y a toda la comunidad educativa de la FFyL-UBA, y se agradece a quienes, siguiendo el ejemplo de la compañera Silvana, acercan la academia a lxs trabajadorxs con el firme empeño de transformar el mundo.
El debate, realizado en formato presencial-virtual, contó con la participación de Daniel Arroyo, flamante exministro de Desarrollo Social de la Nación y precandidato a diputado nacional, Alexandre Roig, titular del INAES e integrante del Movimiento Evita, Juan Grabois, referente del MTE UTEP y del Frente Patria Grande, Corina Rodríguez Enríquez, investigadora del CONICET, Claudio Lozano, director del Banco Nación y precandidato a diputado por Unidad Popular, Hugo “Cachorro” Godoy, titular de ATE Nacional y Adjunto de la CTA Autónoma, y Ricardo Peidro, secretario General de la CTAA y Adjunto de AAPM.
En tanto, la coordinadora del Instituto de Pensamiento y Políticas Públicas (IPPyP), Ana Rameri, ofició de moderadora y aportó algunos conceptos con relación al tema.
Bajo la consigna “Las políticas sobre el ingreso universal en debate”, se expusieron conceptos, visiones y referencias acerca de la propuesta impulsada por la CTA Autónoma y otras organizaciones, y que está siendo tratada como posibilidad por el propio Gobierno Nacional.
La presentación estuvo a cargo de Ana Rameri quien destacó el encuentro como “un espacio de diálogo entre las distintas visiones que circulan hoy en la agenda pública y en el campo popular por la falta de acceso a sus derechos en las mayorías populares”.
Ya en el debate, Ricardo Peidro hizo uso de la palabra en primer término: “Ya sea renta básica o salario universal, nuestro objetivo es el mismo. Ante el avance del neoliberalismo en los últimos años y la crisis derivada de la pandemia, y el aumento de la pobreza y de la indigencia, es necesario atender la situación de las mujeres, niños, adultos mayores. Por eso es importante debatir y ponernos de acuerdo para transitar un camino común para lograr una síntesis. Desde el campo popular las propuestas tienen como objetivo alcanzar una vida digna para todos y todas”.
Y agregó: “Las patronales quieren que sean los Estados o los propios trabajadores quienes paguen esta ayuda. Entre nosotros y nosotras no tenemos contradicciones, queremos un Salario Universal, formación, trabajo garantizado y más salario para los compañeros y compañeras con trabajo, y así avanzar hacia una sociedad con justicia”.
Corina Rodríguez Enríquez, investigadora del CONICET, utilizó su intervención para aportar algunas propuestas y así profundizar el debate: “Es importante que esto se perciba como un debate fundamental que busca transformar elementos estructurales de la coherencia social y que no solo sea visto como una forma de atender el momento de crisis. Este es un debate plural, con presencia de todas las voces”.
“La pandemia visibilizó la esencialidad de los trabajos de cuidado que mayormente las mujeres sostenemos para garantizar la vida, y el trabajo que hacemos en los territorios para sostener la vida, sobre todo en este contexto. También quedó evidenciado la cantidad de trabajo informal, ejemplo de esto es el Ingreso Familiar de Emergencia (IFE) que estaba pensado para 4 millones de personas y llegó a 11 millones. La pandemia expuso las condiciones de vulnerabilidad en la que viven millones de personas y también la necesidad de construir una red de seguridad en los ingresos monetarios”, evaluó la investigadora.
“Renta universal, créditos no bancarios y organización para favorecer los procesos distributivos”, pidió Rodríguez Enríquez a modo de cierre.
A su turno, Claudio Lozano expuso sin preámbulos la propuesta que desarrolló junto al Instituto de Pensamiento y Políticas Públicas (IPPyP) y la CTA Autónoma: «Una Asignación Universal por Hijo (AUH), con un ingreso universal sobre la población en situación de vulnerabilidad, y una red de trabajo garantizado que debe complementarse al ingreso universal con las Pymes y el Estado».
En ese sentido, expresó: “En 2019, el 53,2% de la población estaba dividida entre desocupación, cuentapropismo sin cobertura y trabajo informal. Esto supone la existencia de un mercado laboral que no tiene un piso que de capacidad de negociación al conjunto de la clase trabajadora. Los convenios y las paritarias perdieron capacidad de negociación porque hay una población que no tiene piso. En las negociaciones paritarias se discute un incremento de dinero a cambio de derechos y la falta de piso para negociar es un problema para el conjunto de la clase que es necesario resolver”.
Retomando su propuesta, Lozano reiteró: “Renta básica universal, salario social de empleo y formación, o abrir y universalizar los (programas) Progresar y Potenciar Trabajo”.
Juan Grabois señaló la necesidad de “un proceso de transición para construir una patria libre y soberana, llamada Plan de Desarrollo Integral, que implica planificar retomando los planes quinquenales”.
“En mi experiencia, la economía popular existente se compone de un sector disperso mayoritario que no está organizado y que se las rebusca, y un sector organizado por los movimientos sociales que no supera el millón de trabajadores, y de ellos, un 90 % no está organizado como cooperativa en la realidad. El trabajo se organiza como unidades de gestión, que son grupos de trabajo”, señaló el referente de UTEP.
Y agregó en el mismo sentido: “El factor fundamental de organización es el salario social complementario, que financia además a través del plan Potenciar, algunas herramientas. Sin embargo, el gran problema de la catástrofe social y del aumento de la indigencia, y de una pobreza más pobre, es que hay 9 millones de compañeros y compañeras que no tienen nada. La economía popular organizada hoy está bajo ataque, pero mientras se abre una ventana de oportunidad para mejorarle la vida a millones de personas con la creación de salario básico universal”.
Luego fue el turno de el exministro de Desarrollo Social y ahora precandidato a Diputado Nacional, Daniel Arroyo, quien afirmó que el problema de la Argentina no se va a resolver si se desarrolla una política seria que tenga que ver con el ingreso: “Hay un problema serio en relación a los ingresos y no hay solución estructural que no tenga que ir por ese lado, y que tiene que ser rápido”, dijo a la vez que remarcó la propuesta explicada por Claudio Lozano.
Hoy una familia necesita 66 mil pesos para no ser pobre: “la brecha no solamente se va ampliando, sino que hay familias a las que no les alcanza aún con trabajo formal, entonces hay un problema de ingresos y también hay un serio problema de precios de los alimentos, con muchas personas con dificultades para acceder a la canasta básica y a los alimentos de calidad, que requiere un debate particular”.
El último orador del debate fue Hugo “Cachorro” Godoy, Secretario Adjunto de la CTA Autónoma y titular de ATE, quien reclamó políticas integrales desde el conjunto de la sociedad, cuando el 50% de la población está bajo la línea de pobreza: “los cambios estructurales tienen que ver con reestructurar las líneas de intervención de las organizaciones populares y reestructurar el Estado”.
“Estos cambios requieren mayor nivel de unidad de los sectores populares que nos planteamos un cambio de sistema. Hacer un esfuerzo para que cada uno de nosotros y nosotras seamos capaces pensemos estrategias unilaterales, sino hacer un esfuerzo de construcción de confluencia”, afirmó al tiempo que agradeció las intervenciones y propuestas que aparecieron durante el debate, que incluyeron diagnósticos, pero también propuesta de ideas.
“No podemos unirnos únicamente en la defensiva, necesitamos unirnos en un ideario y capacidad de transformación, que requiere la búsqueda de ideas y de establecimiento de prioridades”, propuso Godoy, convocando a un debate que va a continuar.
“No se puede exigir la presencialidad para quienes están a cargo de personas con discapacidad, poniendo en riesgo la salud. Hasta tanto la situación sanitaria no se aclare, exigimos que se priorice el trabajo virtual o remoto” expresó Carlos Ferreres, Secretario de Discapacidad de CTA-A y ATE, exhortando al cumplimento de las condiciones de seguridad necesarias para evitar los contagios como el que puede producirse en la exposición al transporte público.
En el marco de flexibilidad de las restricciones y la convocatoria masiva al regreso presencial al empleo, las provincias dispusieron diferentes medidas. En San Luis, la Secretaría de Discapacidad de CTA-A obtuvo un logro que sienta precedente sobre la toma de conciencia sobre de los familiares trabajadores y trabajadoras a cargo de hijos con discapacidad. Su referente, Natalia Torre, enfermera, mamá de una niña electrodependiente, de quién es su único contacto, le fue reasignada su tarea para que no quedara expuesta a los contagios dentro del hospital donde se desempeñaba. “Los padres y madres de niños con discapacidad tienen que tener recibir una reasignación de tareas en la cual se puedan desempeñar con los cuidados sanitarios que corresponden, considerando tanto el lugar como el traslado del trabajador” afirmó. La medida fue resuelta mediante una resolución ministerial, y fue producto de la participación y la lucha del sindicato.
Torre, quien también es delegada de la Asociación Argentina de Electrodependientes, precisó que “son situaciones nuevas que estamos viviendo porque antes no nos pasaba de tener que cuidarnos tanto. Nos ha costado que nos escuchen y nos estamos acomodando a esta nueva forma de volver a trabajar, comprendiendo nuestras necesidades y adaptándonos al sistema que cambió desde la pandemia”.
En otras provincias las medidas difieren y hasta se oponen. En provincia de Buenos Aires, se sostienen las medidas de excepción para los padres con hijos con discapacidad, mientas que en Santa Fe sólo se restringe a los pacientes oncológicos y renales.
Foto: Reunión por zoom de los referentes del equipo federal de discapacidad.
Entre hoy, jueves 12 y hasta el 20 de agosto próximo estará abierta la inscripción de los nuevos cursos para delegadxs que lanza la Escuela Libertario Ferrari, de la Secretaría de Formación del CDN.
Las actividades previstas por la Secretaría de Formación son: Curso de Formación para Delegadxs de ATE- Módulos 2 y 3; Curso de Introducción a los Convenios Colectivos de Trabajo; y Seminario de Derecho Laboral, una mirada desde Ixs trabajadores, con perspectiva de género.
Lxs interesadxs podrán inscribirse a través del canal: registro.escuelasindicalate.org consultas a escuelasindicalateilgmail.com.
El inicio de la actividad está previsto para el próximo lunes 23 de agosto.
Todas las actividades son abiertas, gratuitas, autoevaluables y en entorno virtual.
La Legislatura de Río Negro votó por amplia mayoría y en única vuelta el proyecto 724/21 de pase a planta permanente a 1969 estatales que iniciaron sus tareas entre el 1° de marzo del 2019 y el 31 de diciembre del 2020, y que integran distintos organismos. El 63% es personal de salud, mayormente ingresado al Estado durante la pandemia.
Entre ellos hay 445 trabajadores pertenecientes a la ley 1844 y 793 a la ley 1904 (Salud), 183 a SENAF, 130 a Educación, 65 a Ministerio de Desarrollo Humano, 56 a Secretaría de Seguridad y Justicia, 55 a IPROSS, 40 al Ministerio de Producción y Agroindustria, 35 a la Agencia de Recaudación, 21 al Ministerio de Gobierno, 20 a Ministerio de Economía, 20 a Secretaría General de la Gobernación y 15 Secretaría de Ambiente, entre otros.
“Estamos muy satisfechos de haber honrado nuestra palabra de alcanzar la precarización cero por segunda vez en el Estado de Río Negro en dos años”, dijo Rodrigo Vicente, Secretario General de ATE Río Negro, antes de agregar que “en un momento de crisis mundial y económica profunda de la Argentina, donde la informalidad laboral crece con la concentración del capital, que en el Estado de Río Negro hayamos logrado este objetivo es revolucionario”.
“La estabilidad laboral es un mandato de las buenas prácticas que establece la Organización Internacional del Trabajo. Debemos dar esta pelea en todo momento y en todo lugar, porque no sólo beneficia a los trabajadores en lo económico, sino que emite un mensaje simbólico muy fuerte”, completó Vicente.
De esta manera, ATE logra precarización cero en el Estado por segunda vez en dos años. Ya en marzo de 2019, se sancionó por unanimidad la Ley 5354, que permitió la regularización contractual del personal ingresado al 28 de febrero del año anterior. En ese momento concursaron 2928 agentes, de los cuales cerca de 590 realizaban tareas permanentes como becarios.
La dirigencia de la Seccional ATE Escobar mantuvo un encuentro paritario con la intendencia local y la representación de otros sindicatos con el objetivo de mejorar el compromiso salarial que se había asumido para este año.
En ese marco la secretaria general de ATE local, Iavana Lucero, se reunió con el jefe comunal Ariel Sujarchuk y coincidieron en ampliar la pauta suscripta en abril adelantando el aumento acordado para el mes de septiembre del 15% al mes de agosto, otorgar un incremento no remunerativo del 10% a partir de octubre, y agregar un bono extra de 20.000 pesos, a pagarse en dos cuotas de 10.000 pesos, una en septiembre y la otra en noviembre.
Respecto al bono, el acta firmada por los gremios y el ejecutivo local estipula que el beneficio será para el personal de planta permanente, temporarios mensualizados y destajistas, quedando exceptuados los secretarios, subsecretarios y categorías de igual escalafón.
Este miércoles, en oficinas del Tribunal de Disciplina, la Secretaria Administrativa del Consejo Directivo Provincial de ATE Santa Cruz, Sandra Sutherland, juró como Vocal por los Trabajadorxs, en representación de ATE, sindicato mayoritario en el organismo.
“Esto por primera vez nos permite participar en los procesos administrativos, de los que antes solo podíamos participar haciendo marchas y reclamos públicos. Y nuestra mirada aportará la particularidad por la que esté atravesando cada trabajador y trabajadora a la hora de tomar decisiones sobre los procesos administrativos que los refieran”, afirmó Sutherland, luego de jurar y tomar formalmente la vocalía.
Sutherland, ostenta un vasto conocimiento en materia de legislaciones y convenios colectivos de trabajo. En esa línea de trabajo comentó en su asunción que “es un orgullo que nuestra ATE tenga una vocalía en este tribunal, tenemos capacidad de reclamar pero también de legislar y proponer. Esto nos da un espacio muy importante en la toma de decisiones sobre los sumarios o procesos administrativos, de todos y todas las trabajadoras de la Administración Pública Provincial”.
Para la dirigente del CDP “es muy importante que los y las compañeras utilicen esto, aportándonos como herramienta, la información sobre lo que sucede en cada lugar y nos den así argumentos y fortaleza en su defensa en el marco de la legalidad y de la realidad”.
