Día: 15 de octubre de 2016

La
Asociación Trabajadores del Estado (ATE) logró el pase a planta permanente de
los precarizados de la Subsecretaría de Comunicación y Medios de gobierno
provincial. “Esto es producto de la lucha de los trabajadores del sector y del
compañerismo y la solidaridad de sus compañeros de planta que defendieron los
derechos laborales de sus colegas para combatir las injusticias en el sector”,
expresó el secretario General de ATE, Mario Bustamante.

Se trata
de  periodistas, diseñadores gráficos,
camarógrafos, reporteros y operadores radiales que se desempeñaban desde hace
más de seis años con las mismas obligaciones y responsabilidades del personal
de planta, pero sin los mismos derechos, con contratos precarios, a través de
pautas publicitarias.

Luego de dos
años de lucha, que incluyó el despido y reincorporación de una delegada
sindical, a partir de septiembre pasaron a pertenecer a la planta permanente
del Estado y este mes recibieron su primer recibo de sueldo formal. “Uno de los
principales ejes de lucha de ATE es contra el trabajo en negro, porque es
cuando se vulneran todos los derechos laborales, como si para esas personas no
existiesen todas las conquistas obtenidas a fuerza de organización y lucha a lo
largo de los años”, manifestó.

La
precarización laboral le niega al trabajador el acceso a una estabilidad,
seguridad social y jubilación, subordinando sus derechos a la voluntad del
funcionario o gobierno de turno, pero también daña al sistema público y atenta
contra la regularización de los diferentes organismos y áreas estatales.

“La
precarización atenta contra la carrera del trabajador del Estado, porque muchas
veces los funcionarios otorgan funciones de cargos a personal contratado, que
al estar vulnerable es más fácil de explotar, quitándole ese derecho a los de
planta y dándole responsabilidades y carga horaria por las cuales no cobran a
los precarizados”, advirtió.

Además, a
pesar de que sus sueldos salgan de la caja provincial, sus aportes (si en el
mejor de los casos, son monotributistas) no van a la caja del Insssep sino a la
Anses, por lo tanto es fondo que se pierde el sistema provincial. “La
precarización significa una evasión del sistema previsional, por lo que
perjudica también a la caja provincial, porque son sueldos que salen del Estado
provincial pero los aportes de los trabajadores no vuelven a la caja provincial
sino, en el mejor de los casos, a la nacional”, concluyó.

Avanzar en
la regularidad laboral

Este pase a
planta significa el fin de la irregularidad contractual en la Subsecretaría de
Comunicación y Medios pero no el fin de la irregularidad laboral, ya que no
cuentan con organigrama, escalafón u estatuto propio, que regule y se adapte a
las particularidades de la función que realizan, que no tienen nada que ver con
el resto de la administración pública provincial.

“Los
trabajadores de ésta área trabajan con guardias permanentes de fines de semana
y feriados, pero no perciben ninguna remuneración por ello como lo estipula el
Estatuto del Trabajador del Estado y como si lo perciben otros sectores como
los médicos en Salud Pública”, señaló Bustamante.

Esta
Subsecretaría depende de la Secretaría General de la Gobernación, por lo que
sus trabajadores perciben salarios básicos y bonificaciones similares al resto
de las áreas de Gobernación. No obstante, es el único sector con horarios
laborales que van desde las 8 de la mañana hasta las 23 (en dos turnos) con
agenda permanente de fines de semana y feriados (todo el día).

“Por lo
tanto la lucha continúa hasta lograr la regularización del área para que se le
reconozca y se le pague el trabajo de fines de semana y feriados, que se les
garantice la carrera y no suceda como siempre que cada gobierno llega con un
grupo de contratados que desplazan a los anteriores y ocupan funciones
jerárquicas que deberían ocupar el personal de planta, con experiencia y antigüedad”,
expresó.

Para ello se
avanza en una herramienta legal que determine las particularidades de la
función del área que es fundamental para garantizar un Estado democrático que
brinde acceso a la información pública, a través de la difusión periódica de
los actos y acciones de gobierno para que la ciudadanía pueda ejercer su
derecho y responsabilidad al control de gobierno.