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Junio 2016
Día: 16 de junio de 2016
Otras notas:
Entrevista a
Ricardo Peidro, secretario general adjunto de la CTA Autónoma: “La unidad
contra el ajuste se construye luchando”
. ¡Vivas nos
queremos!: una columna de Silvia León, secretaria de Organización de ATE Nacional,
y la movilización en todo el país.
. ATE
presentó en audiencia pública su proyecto de ley de reforma integral del
sistema previsional con la participación de Cachorro Godoy y las autoridades
del Centro Nacional de Jubilados.
. Histórica
movilización de ATE Provincia de Buenos Aires en unidad gremial contra las
políticas de María Eugenia Vidal.
. Homenaje a
Carlos Xamena y Héctor “la perra” Castro, destacados dirigentes de ATE, y
lanzamiento de la colección “Historia recuperadas”.
. Entrevista a Pedro Brieguer, periodista
especializado en política internacional, sobre la política internacional del
gobierno nacional.
. Julio
Fuentes, secretario general adjunto de ATE Nacional, habló en la OIT
representando a la CLATE.
Tras meses de negociaciones, los estatales de Obras
Públicas de la provincia cerraron un importante acuerdo salarial en el marco de
su paritaria sectorial. Con retroactividad al primero de mayo, lograron un
histórico reconocimiento a la bonificación sectorial del 3%, mediante su
mensualización y blanqueo.
Tras
una multitudinaria asamblea de trabajadores, que colmaron el hall central del
ministerio, se votó por unanimidad la más reciente propuesta alcanzada entre
los representantes gremiales y las autoridades de Infraestructura y Economía
bonaerense.
Se
destacó que por su retroactividad, el acuerdo alcanzará al aguinaldo, a
trabajadores jubilados y a la próxima reapertura de la negociación paritaria
general.
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El desinfle
El
10 de junio se cumplieron seis meses de gobierno del presidente Mauricio Macri:
una luna de miel agria que será recordada como de las más breves en la historia
argentina. La primera de un dirigente proveniente del riñón de la burguesía
nacional que accede a Casa Rosada con legitimidad popular y la legalidad
emanada de las urnas.
“Su
modo de afrontar la herencia resultante de la experiencia kirchnerista responde
a reorganizar un conjunto de variables, sobre la base de una determinada
orientación en la transferencia de ingresos. Implica mega devaluación,
tarifazos y permisibilidad en materia de precios, agravada por un cuadro de
despidos en el Estado y en la obra pública con concesiones privadas, que
terminan generando un proceso recesivo que concentra excedentes en los sectores
de mayor capacidad económica, orientados principalmente al sector exportador y
a los sectores de altos ingresos de consumo interno”, define el economista
Claudio Lozano, ex diputado nacional y coordinador del Instituto de Pensamiento
y Políticas Públicas (IPyPP).
Una
de las primeras medidas adoptadas por Cambiemos en el gobierno fue liberar la
administración de la demanda de dólares (cepo cambiario). En cuestión de horas,
el ministerio de Hacienda oficializó el precio de la moneda norteamericana que
estaba en $9,82 por otro a $13,76 (devaluación superior al 40%, que rozó a
principio de marzo el 62%). Un acto de sinceramiento, sostienen los voceros
macristas.
“Un
acto de sinceramiento lógico para una estrategia que convalida la estructura de
poder vigente. El problema de divisas presente antes del 10 de diciembre fue
resuelto validando el precio del dólar necesario para maximizar los beneficios
de los sectores ligados a la industria, minería e hidrocarburos. No fue resuelto
disputando las divisas con sus dueños: las 30 empresas que concentran la oferta
en nuestro país y los millonarios que acumulan cerca de 400 mil millones de
dólares en el exterior”, analiza Lozano.
El
salto cambiario redundó en una ganancia de 4786 millones de dólares para las
firmas exportadoras, precisaron en un informe los economistas Hagman, Wharen y
Harracá. A ello habría que sumarle 704 millones de dólares producto de la
reducción en cinco puntos de los derechos de exportación sobre la soja y su
eliminación sobre el resto de los cereales y la producción minera.
“En
todas estas actividades, los costos de producción locales son más bajos que el
precio internacional. La Argentina es una plaza conveniente para las
inversiones, por lo que la eliminación o reducción de retenciones no tiene
justificación”, sentencia Lozano.
Desde
2007, el poder económico encaminó una remarcación sobre los precios de consumo
y un retaceo en la inversión para evitar la recomposición, en parte, del poder
adquisitivo de los trabajadores. Ese piso inflacionario, calculado por encima
del 600%, se vio incrementado durante el actual gobierno.
Por
un lado, con incrementos en las tarifas metropolitanas de electricidad que alcanzaron
el 700%. De gas, en todo el territorio nacional, que aumentaron hasta en un
400% y de agua en un 375%. De nafta, en un 28%. El transporte público de la
ciudad de Buenos Aires y el conurbano bonaerense, donde se concentra el 40% de
la población argentina, se duplicó. Los precios al consumo ascenderían al 19,4%,
informó el IPC establecido por legisladores del Congreso de la Nación.
Estas
medidas, sostiene Claudio Lozano, “pusieron a la economía en recesión desde
principio de año. Estuvieron acompañadas de un cuadro de conflictividad social
creciente, que tuvo como jalones principales la marcha de estatales el 24 de
febrero y la de las centrales sindicales el 29 de abril”.
Para
compensar el impacto recesivo, el Ejecutivo echó mano a otros instrumentos.
Entre los más importantes, la devolución hasta $300 del IVA sobre la canasta
básica de alimentos para jubilados con haber mínimo y beneficiarios de la
Asignación Universal por Hijo (que alcanzaría a 10 millones de personas, según
el gobierno). La extensión de la AUH a 540 mil monotributistas. Y la
incorporación de 2 millones de niños a las asignaciones familiares.
No
es menor la perforación del techo que intentó fijar el gobierno en las
negociaciones salariales. Aunque por debajo de la pérdida de su poder
adquisitivo, los sindicatos han logrado, mayormente, aumentos por arriba del
25%.
Si
bien no hay señal alguna de recomposición en la actividad económica, la
desaceleración de la inflación durante los próximos meses -resultado del
impacto recesivo- traería aparejada una morigeración de la situación.
“Es
posible que en 2017 el gobierno diga que mejoramos a partir de la caída de 2016.
Será muy leve, posiblemente. Si este año caímos un 2%, quizás el próximo
crezcamos otro 2%. En la práctica estaremos en una situación similar a la de
2015, con un cuadro de endeudamiento mayor, con empresarios que reclamen quizás
devaluar porque el dólar subió a $16, pero después bajó a $14. Es decir, los
mismos problemas que a principio de la etapa, pero con más deuda y pobres”, advierte
Lozano.
La
estrategia de ajuste del gobierno nacional parecería excluir un ajuste fiscal
brutal inmediato. A excepción del aumento tarifario, no hubo grandes
reducciones en el gasto público. Incluso, los 10 mil despidos en el Estado
nacional fueron compensados por la creación de al menos 4 ministerios, 17
secretarías y 40 subsecretarías de Estado. Las cuentas más conservadoras
señalan un crecimiento del 23% en designaciones políticas que proyectan,
mínimamente, 80 nuevas direcciones nacionales y 240 nuevos cargos de directores
simples y coordinadores (análisis de la consultora Prospectiva sobre el Boletín
Oficial).
El
despido de trabajadores en el Estado nacional podría entenderse, entonces, como
una señal orientada al electorado de Mauricio Macri, so pretexto de limpiar de “ñoquis”
la administración pública. “Pero también -explica el Secretario General de ATE,
Hugo Godoy- instaló condiciones complejas para los trabajadores en su
negociación salarial”. Procuró delimitar la paritaria a un callejón sin salida:
aumento de salario o estabilidad laboral. La figura retórica a la que apeló el
dirigente en varios oportunidades fue la de “negociar salarios con un revolver
en la cabeza”.
¿Cómo
se financiaría, entonces, el gobierno? “Su clave es sostener crecimiento con
deuda”, dice Claudio Lozano. Ni bien asumió, el ministerio de Hacienda se
endeudó en 5 mil millones de dólares para sostener la nueva paridad cambiaria.
Luego, para acceder al sistema financiero internacional rápido, acordó con los
fondos buitres: tomó deuda por 16.500 millones de dólares, de los cuales 9.300
millones fueron a manos de los holdouts.
En
vísperas del 40º aniversario del último golpe cívico militar, el presidente
Macri recibió la visita de su par Barack Obama. La lluvia de dólares en
inversión anunciada entonces por los voceros de Cambiemos, apenas humedecería estas
latitudes. Para los próximos 18 meses, las empresas estadounidenses confirmaron
tibias inversiones por 300 millones de dólares.
“Sucede
que la inversión extranjera ya existe y maneja los núcleos principales de la
actividad económica argentina ¿A dónde van a ir las inversiones extranjeras? ¿A
los mismos sectores donde ya están? ¿Qué efecto producirá como novedad?”, se
pregunta Lozano.
“Lo
que uno ve es que las inversiones extranjeras residen en la apropiación,
explotación y exportación de recursos naturales en el complejo minero, sojero e
hidrocarburífero, con bajo impacto en términos de actividad interna. Y en una
armaduría industrial, básicamente automotriz y electrónica, con alta demanda de
divisas para poder funcionar y una alta remisión de utilidades al exterior”,
agrega el economista.
Los
dueños de los 400 mil millones de dólares a los que hacíamos referencia a
principio de la nota, la cúpula empresarial argentina, son los mismos que desde
mediados de la década del ’70 se endeudaron en el exterior a altas tasas de
interés. Fugaron luego parte de esos dólares con mecanismos como el de las
cuentas off shore en paraísos fiscales. Estatizaron por último esa deuda, a
través de su representación política.
Entre
2003 y 2015, estas empresas migraron al exterior el 62% del saldo comercial
acumulado por la Argentina (ahorro entre exportaciones e importaciones). Es
decir, 102.500 millones de dólares de los 165.000 de saldo.
“El
reciente blanqueo de capitales aprobado por el Congreso de la Nación es un
premio fiscal y financiero. Los dueños de los 400 mil millones de dólares
tendrán ahora ventajas impositivas para transformase en acreedores del Estado
argentino a tasas del 5% ó 5,5%, descomunales frente a la tasa mucho menor que
se ofrece en el exterior”, denuncia Lozano.
La
recomposición de la gobernabilidad conservadora en la Argentina se encuentra
con los límites que le imponen las organizaciones populares y de trabajadores
que, durante la última década, crecieron en su potencialidad de confrontación. Dependerá
de su capacidad, dotar al conflicto de un horizonte político de justicia
social.
RECUADRO
16,7%
aumentó la transferencia de ingresos del trabajo al capital
127.000
empleos privados y públicos se perdieron
14,1%
cayó el poder adquisitivo de los trabajadores
920.000
personas cayeron en la pobreza
290.000
personas pasaron a ser indigentes
Mediante
una presentación formal, ATE Mendoza solicitó a la Fiscalía de Estado que
investigue la contratación de una empresa a cargo de la remodelación del
zoológico de la provincia. Según el sindicato, no está claro bajo qué controles
o direcciones técnicas lo hace.
La
posible malversación de fondos tiene un segundo componente. De acuerdo a Raquel
Blas, Secretaria de Acción Política de ATE, “se trata del memorándum emitido por
el administrador de Parques y Zoológicos, Ricardo Mariotti, a través del que se
les prohíbe a los trabajadores hablar sobre la situación del sector. Incluso
también en las redes sociales, para lo cual han avanzado pidiéndoles las
cuentas y claves de las mismas”.
El
texto en cuestión habla de “centralizar y ordenar la comunicación y la
información", como así también de prohibirle al personal "cualquier
publicación, difusión o comunicado alguno por cualquier medio", incluidas
las cuentas en redes sociales. El memorándum aclara que la información en
cuestión es la "que refiera al ámbito de la gestión institucional
ejecutiva" de la Secretaría de Ambiente "y todas sus áreas", sin
"previa autorización del directorio y/o jefe de prensa" del área.
Según
publicó la agencia de noticias Télam, la oficina de prensa de la Secretaría de
Ambiente le pidió al director de Parques y Zoológicos que informe sobre datos
de usuario y contraseña de dos cuentas en redes sociales, desde las cuales se
"agrede a los funcionarios y se divulga información que no es
correcta", conforme fuentes de la Secretaría.
Raquel
Blas denunció que el espíritu del memorándum viola la Constitución Nacional y
Provincial y la ley del empleado público. “Nosotros como trabajadores del
Estado tenemos la obligación de denunciar aquellas situaciones que puedan estar
significando un deterioro de los recursos del Estado. Por lo tanto, también le
estamos pidiendo al fiscal que tome intervención para anular esta resolución y
para dar vista a la justicia penal, como corresponde, porque hay un grave
incumpliendo de los deberes de funcionario público”, precisó la dirigente.
A
la posible comisión de delitos en la remodelación de infraestructura y el memorándum,
los estatales mendocinos declararon en la Fiscalía de Estado que la Secretaría
de Ambiente y Ordenamiento Territorial informó que el zoológico se mantendría
cerrado por tiempo indefinido hasta asegurar el bienestar de los animales y rematar
y enviar a otros sitios habilitados a 1500 ejemplares para controlar la
sobrepoblación del paseo.
“La
verdad es que en el plan de contingencia y en el anuncio que ha hecho el
ministro Mingorance no está especificado si se van a respetar o no las
normas de procedimiento que rigen para evitar que los animales caigan en manos
de coto de caza, negociados de granjas privadas, reservas o santuarios
privados, que muchas veces son utilizados como centros de investigación de
laboratorios biomédicos”, señaló Raquel Blas.
Otro
elemento que pone en tela de juicio la administración del zoológico es el
traslado compulsivo de dos veterinarios con más de 20 años de antigüedad al
Ministerio de Seguridad. Para ATE, no había ninguna razón para hacerlo ni
sumario que lo justificase.
Organizadas en la ATE- Misiones, las
promotoras montaron una carpa informativa donde hasta el día de la fecha y pese
a la lluvia que asoló en la segunda jornada, se acercaron cientos de personas a
interiorizarse de la situación y sumar su adhesión a una lucha que recién
comienza y que deja tras de sí, doce años de silencio, dolor y humillación.
“Estamos agradecidas tanto a ATE como a la
comunidad y los medios de comunicación, porque miles de personas se acercaron
en esta jornada a darnos su apoyo. Muchos no podían creer que cobramos 2.400
pesos y que trabajamos bajo un régimen de explotación. Este es el inicio de una
lucha por nuestra dignidad, porque perdimos el miedo y cientos de promotoras de
toda la provincia lo están perdiendo” indicó una de las delegadas del sector,
Victoria Ruizdíaz.
Una de las promotoras que llegó desde el
norte provincial para sumarse a la protesta, expresó que “hasta nos llegaron a
encerrar a doblar votos durante campañas políticas, a hacer de mozas, de
limpieza, de tareas totalmente impropias, este gobierno usó a los promotores de
salud como sus esclavos y por una miseria con la excusa de que nos estaba
becando, esa mentira se está terminando y desde ATE exigimos salarios dignos y
pase a planta permanente”.
“No van a conseguir nada, no hay plata
para nada” les dijo a las promotoras de salud el ministro de Salud Pública de
la Provincia de Misiones, Walter Villalba, relataron trabajadores presentes en
una reunión de Salud concertada en la noche del miércoles en la ciudad de
Eldorado.
“Comenzaron los aprietes y amenazas del
ministro, quien además nos dijo que ni siquiera tenemos derecho a organizarnos,
no nos consideran trabajadores, y nos niegan todo derecho. Pero nada va a
detener la lucha porque lo que reclamamos es justo y ya fueron doce años de
manoseo y explotación” indicó Angy Vera, otra de las delegadas.
Desde el CDP señalaron que tras este
acampe (que tuvo fuerte impacto provincial y nacional) si el gobierno
provincial no ofrece soluciones en lo inmediato, se redoblarán las acciones en
el marco de un plan de lucha sostenido en el tiempo y con acciones directas en
los ámbitos públicos y jurídicos correspondientes. “Este es un sector laboral
que no puede esperar más. La violencia que se viene ejerciendo contras
las promotoras de Salud lleva doce años y hoy estamos luchando por revertir la
historia. El Estado no puede tener esclavos en pleno siglo XXI” indicaron desde
el gremio.
La Escuela de Formación Política de ATE hizo
pie en la zona norte
Con el objetivo de seguir expandiendo
instancias de capacitación en temáticas fundamentales para los trabajadores, la
Escuela de Formación Política "Germán Abdala", herramienta de la ATE
Misiones, hizo pie en la ciudad de Andresito donde se llevó a cabo un taller en
el cual se abordó el tópico "los componentes del salario" y "la
soberanía". De esta instancia participaron delegados y militantes de ATE
de toda la zona norte: Puerto Libertad, Iguazú, Wanda, Puerto Esperanza, Puerto
Piray, San Pedroy San Vicente.
"Fue una jornada sumamente
enriquecedora, donde además pudimos compartir con compañerismo y debatir
cuestiones de importancia para nuestra organización" comentó el secretario
general de ATE Iguazú, Lucas Loza.
"Es de vital importancia para
nosotros como organización poder llevar las actividades de nuestra Escuela de
Formación a todos los rincones de la provincia donde tenemos militantes que día
a día luchan por mejorar las condiciones laborales de los distintos sectores.
Este tipod e capacitaciones aportan herramientas para que ese desempeño se
fortalezca" indicó César Fariña, secretario general del CDP.
La
presentación fue realizada por un grupo de compañeros de ATE, entre ellos el
Secretario General Adjunto del CDP Entre Ríos, Francisco Garcilazo. Además de
la copia entregada a Rogelio Frigerio, los trabajadores acercaron el informe al
Senador provincial, Alfredo De Angelis.
El informe refleja
la crisis en la que se encuentra el sistema sanitario entrerriano,
particularmente en el Hospital Felipe Heras, con la intención de que los
funcionarios conozcan y tomen cartas en el asunto.
El CDP advirtió que al rechazar al sindicato, el
gobierno provincial les está dando la espalda a todos los trabajadores del
ámbito municipal, provincial y nacional que representa. “Se presentaron unos
ocho pedidos formales de audiencia durante el primer semestre de su gestión y
aún no hemos tenido respuesta alguna, representamos a trabajadores de los
diversos sectores del Estado que tienen muchos reclamos, demandas e inquietudes
que el gobierno se está negando a escuchar”, expresó el secretario general de
la ATE- Chaco, Mario Bustamante.
El sindicato recuerda al mandatario que estos
trabajadores, a los que les da la espalda, son justamente quienes día a día
garantizan desde el Estado los derechos fundamentales a todos los chaqueños: a
la salud, a la educación, al trabajo digno, a las prestaciones sociales y a
todos los servicios estatales.
“Por eso le aclaramos que ni el sindicato ni los
trabajadores somos enemigos del Estado para el cual trabajamos; al contrario,
buscamos lo que se supone debería ser un objetivo de todo gobierno elegido por
la mayoría: un mejor Estado, que brinde mejores condiciones de vida a la
ciudadanía a través de mejores condiciones laborales de sus trabajadores”,
explicó.
En la misma sintonía de práctica desleal, falta de
audiencias y respuestas estuvieron en estos primeros seis meses de gestión, la
mayoría de los titulares de los ministerios, organismos provinciales y entes
autárquicos. “En muy pocos sectores hemos sido recibidos y estamos avanzando,
pero en la mayoría no sólo no nos han recibido, sino que nuestros delegados
están sufriendo persecución y violencia laboral por parte de los funcionarios,
como el caso de Secheep, donde se suspendió a dos delegados gremiales por
adherirse al paro, negando su derecho a huelga”, recordó.
Precarización y privatización
La precarización laboral, que niega derechos a cientos
de trabajadores del Estado, y el avance de la tercerización y privatización de
algunos servicios estatales son las principales preocupaciones del sindicato.
El sistema sanitario provincial es el más afectado por estas políticas de
achique y negación de derechos, con una plataforma de más del 50 por ciento del
total de sus trabajadores precarizados, a través de distintas formas de
contratación precaria.
“El sistema sanitario no puede subsistir ni un día sin
la enorme cantidad de trabajadores precarizados que cumplen funciones a la par
de los de planta, pero sin los mismos derechos laborales, poniendo en riesgo su
vida por sueldos de miseria para proteger la salud pública de los chaqueños”,
remarcó Bustamante.
Además, advirtió que se comenzaron a realizar
gestiones que conducen a la tercerización y privatización de algunos sectores
como Reconocimientos médicos, Diagnóstico por imágenes y Limpieza. “El camino
de la privatización conduce al achicamiento del Estado no sólo en cantidad de
trabajadores sino principalmente en responsabilidad y deberes, reduciendo así
los derechos de toda la ciudadanía, y cuando de salud se trata lo que se pone
en juego es la vida de las personas”, subrayó Bustamante.
Por denunciar esta situación, delegados y trabajadores
de ATE no son recibidos por la ministra de Salud Mariel Crespo, a pesar de los
sucesivos pedidos formales de audiencia, soportando también persecución laboral
por parte de los superiores. Por ello, este martes, aprovechando la visita de
la funcionaria en el hospital Pediátrico, los trabajadores se acercaron para
exigirle una audiencia urgente.
Para la
Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) esta medida viene a completar un “combo”
de leyes y decretos que apuntan al achicamiento y desguace del Estado provincial,
así como a profundizar la precarización laboral de sus trabajadores.
El
secretario general de ATE y la CTA Autónoma de la provincia de Buenos Aires,
Oscar de Isasi,
señaló al respecto que: “están queriendo realizar una reforma estructural en
el Estado que apunta a moldearlo aún más al servicio de los sectores más
concentrados, precarizando las relaciones laborales. Como ya lo dijimos con la
Ley de Emergencia Administrativa y Tecnológica, el gobierno provincial avanza
en dos sentidos. El primero, el de habilitar a los grupos del sector privado a
hacer todos los negocios sin ningún control del Estado. Y, el otro, el de
precarizar las relaciones laborales de manera extrema con la creación del
contrato autónomo, que avanzan sobre los derechos laborales”.
Con la firma
del decreto, la Provincia acudió, según puede leerse en el texto, “al
congelamiento de las vacantes que se van produciendo en las distintas
jurisdicciones y a la suspensión de transitorias designaciones, así
como también suspendió el proceso de pase a planta permanente de miles de
trabajadores por un año con la posibilidad de que la presente disposición sea
prorrogada por un periodo similar”.
Desde ATE se
plantea que, las leyes de Emergencia Administrativa y Tecnológica, sumadas a la
Ley de Modernización del Estado, que tiene media sanción en el senado, juntas
al decreto N°230, “que da facultades feudales a los ministros para nombrar
personal y avanzar sobre cuestiones paritarias”, según de Isasi y al
reciente decreto N°618, muestran que “la gobernadora Vidal intenta
descargar la crisis sobre los trabajadores”, señaló de Isasi.
Asimismo,
agregó que además de repudiar estas medidas y exigir su derogación,
también: “estamos reclamando se reabra la discusión salarial, dado que el
25% de inflación anual que nos intentó vender a principio de año en paritarias
quedó muy por debajo de la realidad: a mayo tenemos un 23% de inflación, y las
encuestadoras hablan de una proyección de entre el 37 y el 40% anual”,
finalizó diciendo de Isasi.
La ATE- Salta, a través de sus delegados llevó a cabo una movilización para
denunciar las carencias que tiene el organismo. En las puertas del Ministerio
de la Primera Infancia, al que pertenece, la ATE realizó una panfleteada y
expuso las necesidades: que se sumen recursos humanos, mayor presupuesto y que
se hagan mejoras en la infraestructura.
Según la delegada gremial de la ATE, Nelly Sánchez, “el área está
colapsada” y señala que “con el personal
que tenemos hoy se nos hace imposible dar inmediatas respuestas a los envíos
que hace el Poder Judicial”, dijo.
Cinco son los programas con los que trabaja este organismo que recibe de la
Justicia unos 800 oficios mensuales. Muchas veces los trabajadores deben viajar
a atender casos del interior provincial y los viáticos se cobran a cuenta
gotas.
“Así se hace difícil atender así a
los chicos y sus familias”, enfatizó la delegada, quién además de
contextualizar todas estas problemáticas también subrayó que las otras
dificultades son la falta de un protocolo de intervención y que la provincia de Salta tampoco adhirió a
la Ley Nacional de protección integral de los Derechos de las Niñas, Niños y
Adolescentes.
Después de una entrevista consiguieron que los funcionarios de la
Secretaría se comprometan a buscar soluciones que permitan agilizar el trabajo
del área.