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    25 de noviembre de 2016

    La corrupción en PAMI es estructural. Sólo se salva la primera gestión a cargo de jubilados y cuando la caja sólo contenía una tira de aspirinas

    Corría 2004. En las áreas de regulación y control de la atención de la salud de jubilados y pensionados había ingresado personal comprometido con la institución. Y algo importante: conocía la tarea

    Desconocían el plan para que todo siguiera igual, a pesar de que sería más sencillo que el Instituto de los Jubilados y Pensionados cambiara francamente para bien

    En el área de regulación, su Gerente y cinco Subgerentes fueron hostigados. Uno de ellos amenazado. Hasta que renunciaron a mediados de ese año (Carlos Niccolini, Francisco Leone, Inés Pertino, Gerardo Esbry, José Filet y Jorge Selser)

    En el área de control, los reclamos de los afiliados por la penosa calidad de atención no se habían seguido de la separación de ningún servicio en los últimos 20 años

    Hasta que en el primer año de la gestión de Graciela Ocaña (2004-2007), hubo un gran cambio para superar estas condiciones deficientes: 32 establecimientos con internación fueron excluidos y 30 centros de diálisis no pudieron ingresar a PAMI. Al mismo tiempo, las penalidades a efectores incumplidores aumentaron 5 mil veces, desde $400 a $2.000.000 mensuales.

    Pero el control era demasiado eficaz, contrariando el plan de Ocaña. Entonces desarrolló en 2005 un trabajo de hostigamiento permanente contra el personal de auditoría

    Once Diputados Nacionales de seis Partidos Políticos escribieron una Carta Institucional el 24-11-2005 a Graciela Ocaña “con el propósito de requerirle que ponga fin a la situación de acoso moral y persecución” contra dicho personal (Pinedo Federico, Roselli José Alberto, Polino Héctor, Walsh Patricia, Macaluse Eduardo, Maffei Marta, Pérez Adrián, Zamora Luis, Barbagelata María, Lozano Claudio, De Nunzio Fabián). Las Defensorías del Pueblo de la Nación y de la Ciudad se expidieron en la misma línea. En la Defensoría del Pueblo de la Ciudad para la Tercera Edad, a cargo de Eugenio Semino, consta una multitud de reclamos de los jubilados contra la atención que recibían del Instituto durante la gestión de Ocaña

    Fue inútil. En la primera mitad de 2005 la Unidad de Auditoría Prestacional, conductora del proceso que culminó con esas medidas correctivas, fue conmovida por hechos graves e insólitos: 12 de sus Auditores fueron hostigados con juicios penales y el Titular de la Unidad, Mario Borini, Premio de la Academia Nacional de Medicina en Auditoría,  fue cesanteado con falsa causa y acusado indebidamente en 3 causas penales (Exptes. Nº 15604/05 y Nº 15216/05). Ninguna causa pasó de la indagatoria, o sea, de gastos e intimidaciones para los acusados. En cambio, la Dirección Ejecutiva del Instituto y el Fiscal con asiento en PAMI, litigaban sin gastos. Una nueva estrategia del poder institucional para intimidar a los trabajadores

    La justicia demoró 9 años para emitir una sentencia favorable definitiva (Expediente B854-2011, Tomo: 47 Letra: B)

    Mientras tanto se construyó desde febrero de 2005 una zona franca: cesaron las exclusiones de efectores con atención deficiente y se derrumbaron las penalidades a los servicios y proveedores pese a sus incumplimientos con PAMI

    Adicionalmente, durante los 4 años de su gestión, la Directora Ejecutiva incumplió sus deberes de funcionario público al no aplicar la Ley 25649 de Medicamentos Genéricos sancionada en 2002. La prescripción por el nombre comercial trajo innumerables pérdidas al Instituto. El convenio de provisión de medicamentos, que venía de la época del condenado Víctor Alderete no fue siquiera revisado. El delito no ha prescripto porque hasta hoy una parte del personal que acompañó a Ocaña en el manejo de Medicamentos continúa en funciones (art. 67 del Código Penal)

    En Exptes. de Comodoro Py consta que, al decir de quienes saben de estas lides, las falsas causas inactivaron controles en PAMI hasta liberar una zona y consentir riesgos evitables en la atención de los afiliados

    Quienes conocen esta historia confirman, una vez más, que la corrupción del Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados es estructural. Que sin medidas integrales, probas y acordes, este tipo de hechos se repetirá si el control no es independiente, si el Directorio no se constituye, si los Síndicos no se nombran, si el personal es impunemente amedrentado, si los jubilados son convidados de piedra, si los servicios de calidad no son reconocidos, si las intermediaciones parásitas no cesan,… o sea, si la Ley no se cumple, tal como hasta 2015

    Graciela Ocaña supo ser funcionaria K y ahora su denunciante, recorrer con sus devaneos políticos el amplio arco desde el ARI de Carrió a su fachosa alianza con Francisco de Narváez, y crear su Fundación Confianza Pública donde incumple con su declamada transparencia al no publicar quiénes la financian. Pero sobre todo supo construir ese look que la ayuda a engañar como una persona sencillamente impoluta.

    Ahora el nuevo Director Ejecutivo, Carlos Regazzoni presenta muestras de la corrupción que encontró en PAMI  y extiende las irregularidades a 10 años, o sea, a las gestiones del último Director, Luciano di Césare, y de quien lo precedió, Graciela Ocaña. Además, ambos están dirimiendo acusaciones penales cruzadas entre ellos. Pero las cifras implicadas en desvíos que el nuevo Director denuncia, son en el peor caso de apenas más de $100 millones, o sea un 0,1% del presupuesto de PAMI que hoy es de $90 mil millones. Claro que, al menos, los fondos de PAMI han dejado de ser un misterio, al punto de que en 2012 se requirió nada menos que un Dictamen de la Corte Suprema de Justicia para conocerlo, exigiendo al PAMI  que lo hiciera público en orden a la Ley del derecho al acceso a la información pública.

    Algo alarmante es que en estos días, sin conocer con precisión estos hechos, el Presidente Mauricio Macri anunció que podría postular a la Lic. Graciela Ocaña en el trascendente cargo de Defensora del Pueblo de la Nación. Por cierto que hay demasiadas pruebas para impugnar su designación. Y seguramente no contará con los 2/3 de votos afirmativos que esa designación requiere de ambas Cámaras del Congreso Nacional.

    Médico - ATE Idep Salud


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