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    8 de noviembre de 2016

    Como fruto de la denominada ‘Mesa de Diálogo por la Producción y el Trabajo’, la unificada CGT acordó con los empresarios y el Gobierno nacional un bono de referencia de $ 2000, el cual pareciera conformar a un sector del sindicalismo, alejando la posibilidad de la primer huelga nacional contra el gobierno. Más allá de la no obligatoriedad del mismo y de lo exiguo de su monto, será cada sindicato el que deba acordarlo con su empleador, el acuerdo parte de un reconocimiento del gobierno, empresarios y sindicalistas: existe una importante caída del salario real producto del proceso inflacionario y de la firma de paritarias por debajo de la inflación. Rápidamente las patronales y el Gobierno pretenden instalar mediáticamente que el bono dará por superada la negociación salarial por el 2016, y explicitan cuál es la política salarial para el 2017: una pauta de aumento mirando la inflación futura -metas de inflación- de un 17%. Federico Sturzenegger en el Coloquio de IDEA lo explicó así: ¿Qué rol juegan las negociaciones salariales? Es posible que se precise una pauta salarial algo por encima de la meta de inflación pero claramente debe ser por debajo de la inflación pasada. Como señaló este diario, el gobierno apuntará a instalar en 2017 la discusión paritaria en base a la inflación futura, una idea que es resistida por la CGT.

    ¿Qué se negocia en paritarias? Como mínimo la inflación pasada, recuperar lo que el salario real perdió desde la firma del anterior acuerdo. Si en esta ronda se fijaron subas salariales de un 33% en su mayor parte, y la inflación de 2016 se proyecta como mínimo en un 38% (lo reconoció el gobierno en la mesa de diálogo), dirán que lo perdido es sólo un 5%. Si se estima que la inflación de 2017 será de un 17%, el ‘techo’ que intentarán poner en la próxima paritaria será de un 20 o 25%.

    Así planteado, el debate se agota en la discusión entre inflación pasada o futura, dejando fuera de la disputa entre capital y trabajo la cuestión acerca del valor de la fuerza de trabajo. Con un tercio de los trabajadores no registrados, tercerizaciones, aumento del desempleo y salarios que no alcanzan para cubrir las necesidades; sea por inflación pasada o futura, una ronda paritaria que no contemple el derecho constitucional al salario mínimo vital y móvil que asegure alimentación adecuada, vivienda digna, educación, vestuario, asistencia sanitaria, transporte y esparcimientos, vacaciones y previsión (Art. 116 LCT) condena a la gran mayoría de la clase trabajadora a continuar en la crítica situación en que se encuentra, o empeorarla. La otra cara del salario, la tasa de ganancia empresaria, aún con la enorme recomposición a costa del ajuste salarial, sigue ausente del debate. La clase trabajadora y sus sindicatos tienen la responsabilidad de enfrentar este nuevo ajuste, para lo que cuentan con los tradicionales métodos de confrontación, mientras vuelven a oírse voces que llaman al diálogo o pacto social, como forma de asociar ‘patrióticamente‘ a los trabajadores a una crisis que no afecta a todos por igual.


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