• ATE

    25 de octubre de 2016

    La Justicia Rionegrina ostenta la triste marca de contar con más de 100 crímenes impunes. Crímenes que, en gran medida, cuentan con responsabilidad judicial y policial, por su participación, complicidad o, como mínimo, impericia a la hora de realizar las investigaciones.

    Inicialmente, me gustaría detenerme en tres nombres que nos atraviesan, nos impactan, nos enfurecen a los trabajadores rionegrinos y que muestran cabalmente dónde estamos parados en esta provincia del norte de la Patagonia. Atahualpa Martínez Vinaya, Daniel Solano y Lucas Muñoz, casos que transitan el derrotero de la oscuridad, de la impunidad eterna.

    El primero de ellos, un joven viedmense, hijo de una Delegada Sindical de la Asociación Trabajadores del Estado (ATE), fue asesinado con un disparo por la espalda el 15 de junio de 2008. Un pibe de barrio, trabajador, soñador y solidario. Junto a un grupo de vecinos, había tomado un terreno para su hermana, soltera y con un chico. Los delegados de la toma habían denunciado amenazas de muerte.

    Daniel Solano, trabajador rural, desapareció en noviembre de 2011, fue ‘chupado’ por la policía rionegrina de un boliche de Choele Choel luego de que poco tiempo atrás comenzara a denunciar las irregularidades e injusticias que padecían los trabajadores de la Multinacional Expofrut.

    En tanto que el más reciente de estos casos tiene como protagonista a un joven policía de la ciudad de San Carlos de Bariloche, secuestrado el 14 de julio pasado y asesinado 25 días después. Donde todas las pistas apuntan a la misma policía provincial quien, a priori, obstaculizó la investigación, borró y plantó pruebas.

    Tres casos, tres vidas, tres ausencias que nos interpelan a todos los militantes sociales y populares.

    La misma Policía que no cuida a nuestros pibes ni a nuestros trabajadores, que los persigue y que ni siquiera tiene reparos en matar a uno de ‘los suyos’ es la que durante el último tiempo se enorgullece en ser el brazo ejecutor de una Justicia adicta al poder, una Justicia flexible para los corruptos, los narcotraficantes y los responsables de la trata y dura con los trabajadores.

    Los nombres siguen y las ausencias se multiplican. Un caso más, una mujer menos.

    En esta primavera se cumplen diez años de la desaparición, secuestro, violación y posterior muerte de Otoño Uriarte, una chica de 16 años de la localidad de General Fernández Oro, en el Alto Valle rionegrino. El caso también camina hacia la impunidad, porque los seis acusados fueron sobreseídos por la Jueza Sonia Martín del Juzgado de Instrucción Dos, atento a la supuesta falta de pruebas suficientes para procesarlos. La familia asegura que, como mínimo, los seis imputados tuvieron participación, al tiempo que se destacan los errores en la investigación. El sobreseimiento fue apelado al Superior Tribunal de Justicia de la provincia y el caso será también presentado ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en un clamor de Justicia de toda la comunidad.

    En este contexto general, no es de extrañar que los trabajadores y militantes de las causas sociales y sindicales seamos constantemente apuntados, cuestionados, perseguidos. La policía y la Justicia –salvo casos excepcionales- se muestran prestos a perseguir al que denuncia las injusticas y lentos y torpes para investigar esas mismas injusticias.

    Paralelamente, el poder de turno no sólo cuenta con ellos y sus servicios, también están quienes, detrás de un micrófono o una pantalla, se encargan de escribir la historia oficial, cuestionando las expresiones de bronca de los trabajadores empobrecidos sin tomar siquiera en cuenta qué produce tal bronca contenida.

    Es así como el encarcelamiento del Delegado Sindical de los Municipales de Allen, Ramón Cayuqueo -chupado de su domicilio, golpeado, secuestrado durante más de 10 horas, hostigado hasta el hartazgo y amenazado de muerte en varias oportunidades- es justificado y fundamentado en el hecho que -con poco más de un metro y medio de altura y un contextura corporal mediana- el sindicalista mordió en reiteradas oportunidades a mastodontes de casi dos metros, armados hasta los dientes y protegidos con botas, chalecos antibalas y cascos.

    En este reino del revés, la Justicia muestra su peor cara a los trabajadores, mientras sonríe a funcionarios y poderosos.

    Ejemplo de ello, días atrás, en una de las tantas causas armadas por el Gobierno Provincial, la Policía y la Justicia me declararon en rebeldía y pidieron mi captura junto a las compañeras dirigentes de nuestra entidad sindical Rosa Ñanco y Dora Fernández. Es muy llamativo que, habiéndonos presentado en el mismísimo Juzgado donde tramita la causa, para ajustarnos a derecho, la Jueza Sonia Martín en persona nos prometiera que nos iba a meter presos. Un accionar cuestionado, incluso por otros jueces penales de la provincia.

    Cabe hacer notar que la Jueza Sonia Martín, que demanda nuestra detención, es la misma que dejó libres a los seis acusados de arrebatarle la vida a Otoño Uriarte.

    Desde nuestro sindicato enfrentamos un proceso creciente de judicialización de la protesta social, no por violentos ni antidemocráticos, lo hacemos porque no puede ser de otra manera en una provincia donde reina la impunidad, donde desaparece y muere gente todo el tiempo por razones desconocidas, donde nuestras niñas y niños son masacrados y arrebatados de sus familias, donde los jueces son cómplices y la policía mata.

    El Código Penal no fue creado para resolver los conflictos sociales. A los conflictos sociales los debe resolver el poder político. En nuestra provincia estamos cansados de la intromisión de la Justicia en los reclamos sindicales. La intromisión de esta Justicia que ya nos encarceló una vez, nos dictó un pedido de captura hace 15 días y nos armó, hasta ahora, más de 18 causas en las que los únicos testigos son los propios agentes de la fuerza policial.

    Pretenden infundir miedo, temor y disciplinarnos. Pero no lo van a lograr. Mientras exista un solo derecho vulnerado, nos seguiremos subiendo a la ruta tantas veces como sean necesarias.

    Nunca es triste la verdad, lo que no tiene es remedio cantaba el catalán. Esta verdad es la que nos muestra que vamos por el camino correcto. Estamos donde tenemos que estar, del lado de los oprimidos.

    En estos tiempos difíciles para nosotros, tantas muestras de apoyo, solidaridad y acompañamiento le hace saber al poder político rionegrino que no estamos solos. Y es eso, en definitiva, lo que realmente importa.

    Nos tendríamos que preocupar si las cosas fueran distintas. Parafraseando a nuestro querido Germán Abdala, el día que la Justicia y la Policía nos comiencen a proteger, si algún día eso pasara, tendríamos que empezar a preguntarnos cuándo fue que abandonamos a nuestro pueblo.


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