• DERECHOS HUMANOS

    22 de agosto de 2016

    Ni olvido ni perdón: ATE repudia la prisión domiciliaria para genocidas

    El beneficio otorgado al represor Miguel Etchecolatz no es un caso aislado: sólo en 2016 se contabilizan 50 jerarcas de la última dictadura cívico-militar que gozan de la prisión domiciliaria. El repudio de ATE y un reclamo vigente por Memoria, Verdad y Justicia.

    A menos de un mes de que se cumplan diez años de la segunda desaparición forzada de Jorge Julio López, el pasado 19 de agosto los jueces Germán Castelli y Daniel Alejandro Esmoris del Tribunal Oral Federal Nº 1 de La Plata concedieron la prisión domiciliaria ex Jefe de Investigaciones de la Policía Bonaerense, Miguel Etchecolatz.

    La medida no sólo originó el mas amplio rechazo de buena parte del campo popular y organismos de Derechos Humanos, sino también una fuerte repercusión en los medios de comunicación y la sociedad. Es que el juicio por el que se condenó a Etchecolatz en 2006, y cuya sentencia incluyó por primera vez la figura de "genocidio", fue uno de los mas resonantes tras la anulación en 2003 de las aberrantes leyes de Punto Final y Obediencia Debida.

    Sin embargo, esta resolución judicial no es un hecho aislado. Desde principios de 2016, distintos juzgados federales de todo el país concedieron el beneficio a militares y policías enjuiciados y encarcelados por delitos de lesa humanidad. Y si bien no hay datos oficiales, distintos organismos calculan en 50 el número de represores que este año abandonaron la cárcel. Un número significativo en una población de unos mil condenados y procesados alojados en cárceles comunes en alrededor de 30 establecimientos penitenciarios de todo el país.

    En este sentido, y aun considerando la independencia de poderes que debiera regir el sistema republicano en Argentina, los guiños del Ejecutivo a la Justicia son mas que claros. El Gobierno de Mauricio Macri no sólo descartó apelar estas medidas, sino que el propio jefe de Gabinete, Marcos Peña justificó: "A priori entendemos que tiene criterio que una persona mayor esté detenida en su casa”. Es más, ningún referente del partido gobernante salió a cruzar a los jueces que indicaron que Etchecolatz vuelva a su casa.

    A su vez, desde la secretaría de Derechos Humanos que dirige Claudio Avruj salieron a negar que se trate de una liberación masiva de genocidas. Al respecto, y en un intento de compartir la culpa con el Gobierno kirchnerista, desde la Secretaría indicaron que hasta septiembre de 2015 ya se contaban 441 represores con prisión domiciliaria.

    Por su parte, la abogada de la familia de Julio López, Guadalupe Godoy, repudió la decisión judicial que otorgó el beneficio de la prisión domiciliaria al represor Miguel Etchecolatz, al afirmar que "abre la puerta" para que la mayoría de los imputados por los juicios de delitos de lesa humanidad de la jurisdicción de La Plata "tenga el mismo destino".

     

    El repudio de ATE

    Conocida la resolución judicial y fiel a su historia de defensa de los Derechos Humanos, la Asociación Trabajadores del Estado salió inmediatamente a repudiar el beneficio otorgado a Miguel Etchecolatz.

    En el mismo tono del Consejo Directivo Nacional de ATE, desde IDEPSALUD expresaron a través de un comunicado: “rechazamos toda medida política, social, o judicial que vaya en contra del esclarecimiento de las causas de lesa humanidad en nuestro país, alentando a que los procesos judiciales, hoy frenados, retomen su curso real, y consecuentemente; que todos los militares y civiles, actores y soportes de la dictadura asesina, paguen hasta el último de sus días por los delitos cometidos con la pena de prisión común y cárcel efectiva”. 

    PRENSA ATE


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