• Entre Ríos

    30 de junio de 2020

    Gremios estatales rechazaron la Ley de Emergencia del gobierno provincial

    ATE cuestionó la medida: “es muy injusto esto de dividir a trabajadores contra trabajadores”.

    Frente al Proyecto de ley de emergencia que el ejecutivo enviará a la legislatura para abordar la grave situación económica de la provincia, los gremios estatales provinciales señalaron que “es un error volver a poner la lupa de la recaudación sobre los y las trabajadores/as”. “El modelo político de seguir descargando las crisis sobre el pueblo no puede ser el plan que oriente las medidas económicas”.

    El escrito conjunto firmado por ATE Entre Ríos y otras organizaciones provinciales, sostiene que “ante el proyecto de ley que declara la `emergencia  pública en materia económica, financiera, fiscal, sanitaria, administrativa, y previsional en el ámbito de la Provincia de Entre Ríos´, con el propósito de garantizar las funciones inherentes al Estado provincial, entendemos la situación de emergencia que atraviesan los países del mundo producto de la pandemia, a la que no es ajena  nuestro país ni nuestra provincia. Pero rechazamos de plano que parte de la crisis se descargue sobre los y las trabajadores/as. La función del Estado debe ser la de protegerlos y protegerlas con acciones positivas, más aún cuando son quienes están poniendo todo su esfuerzo en atender los efectos de la pandemia. Esfuerzo que se evidencia en el sostenimiento de los servicios básicos y esenciales de la comunidad (salud, comedores, y educación, entre otros) muchas veces costeado con recursos propios”. 

    En este sentido, agregan, “creemos que los Artículos 4, 5 y 6 donde se propone la reforma provisoria de los aportes personales  y previsionales, persiguen un objetivo recaudatorio cuyo acento recae sobre los y las trabajadores/as en actividad y pasivos/as, so pretexto de salvaguardar la Caja de Jubilaciones y Pensiones mediante la solidaridad y la equidad. Lo hemos dicho a principios de años y lo sostenemos; el déficit de la caja no es responsabilidad de los y las trabajadores/as, sino de las diferentes gestiones de gobierno. Las consecuencias de políticas neoliberales que puso como horizonte achicar el Estado no debe ser costeado por los y las trabajadores/as que se opusieron. Una vez más, el pueblo no debe ni puede ser la variable de ajuste”.

    Ahora bien, el Proyecto de Ley también busca recaudar entre algunos de los sectores de la economía concentrada. Esto lo manifiesta en los Artículos 7, 8 y 9 donde incrementa los gravámenes de las Entidades Financieras, el  Comercio mayorista de medicamentos para uso humano, y el impuesto inmobiliario anual, a las superficies iguales o superiores a un mil (1.000) hectáreas. Sobre ese punto consideraron que “estos son los sectores, entre otros,  que hoy deben ser solidarios frente a la crisis provocada por la pandemia”.

    Pero, al mismo tiempo, sostienen que “lo que hemos venido diciendo en anteriores documentos públicos; el modelo productivo y recaudatorio no puede seguir siendo el que surgiera con la dictadura. En un documento anterior, publicado el 8 de junio decíamos que frente a la disminución de la capacidad fiscal y sus consecuencias sobre las finanzas públicas provinciales, proponíamos la aprobación del proyecto de impuesto a los bienes personales (conocido como impuesto a la Fortunas) para los grandes patrimonios. También sugeríamos  redefinir  el rol del agente financiero de la Provincia, en función de asistir y promover las actividades económicas de interés para el desarrollo productivo regional” y agregan: “decíamos además que era necesario un incremento en las alícuotas del impuesto a los ingresos brutos a las entidades financieras impidiendo el encarecimiento del crédito, y que era urgente rever el esquema tributario  en cuanto al Impuesto Inmobiliario Rural, desalentando la especulación y la existencia de latifundios. Señalábamos que otro de los sectores económicos a revisar con acuerdo de los intereses provinciales son las actividades de la minería, cuyos mecanismos de asignación de concesiones, permisos de extracción, control de la actividad y su tributación, debe ser observada teniendo en cuenta  la irreversibilidad del proceso extractivo y sus consecuencias. Y por último, decíamos en el documento del 8 de junio que el Estado Provincial debía reclamar la reparación histórica por la Represa Salto Grande que  implique mejores costos energéticos para la provincia, y fomentar una discusión estratégica del uso de tierras de la provincia, centrada en la producción de alimentos para los y las argentinos y argentinas”.

    En este marco fundamental en el párrafo final que “seguimos sosteniendo todas estas reivindicaciones porque estamos convencidos y convencidas que alguien deberá pagar la crisis mundial producida por la pandemia. Estamos dispuestos y dispuestas a poner todos nuestros esfuerzos para que sean los sectores que históricamente se enriquecieron quienes deban pagarla. Pero nos declaramos en contra de cualquier medida que pretenda descargar la crisis sobre los y las trabajadores/as y el pueblo. La solidaridad con las mayorías es incompatible con los intereses de los sectores de la economía concentrada”.

    Crítica de ATE

    El secretario General de la ATE- Entre Ríos criticó la ley de emergencia que envió el gobernador Bordet  a la Legislatura.

    En tal sentido, aseguró que “lo que más sorprendió es que nos equiparan a todos por igual, en cuanto al déficit del sistema previsional nos iguala a los trabajadores y trabajadoras con los sectores más concentrados, con los que más ganan, con los que han tenido muchos más dividendos y no han tenido problemas económicos”.

    Muntes afirmó que “es muy injusto esto de dividir a trabajadores contra trabajadores. Quien recibe 20.000 pesos quiere ganar 75.000 y el que gana 75.000 no quiere perder, como si fuera un salario exuberante”.

    En tal sentido, reiteró que “está muy difícil la situación en Argentina, y esto más allá de la sorpresa lo que más nos dolió es que nos iguala a todos, cuando hay muchas diferencias” y explicitó que el planteo gremial “es que la realidad de la Caja tiene que ser con las jubilaciones de privilegio, los que ganas sueldos exorbitantes, los que no han cumplido, y hay que modificarla por ahí”.

    ATE Entre Ríos


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